Ingrid Mireya Contreras Osorio

Expediente 1487/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1487/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Ingrid Mireya Contreras Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, con el que informa las gestiones que se encuentra llevando a cabo con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el oficio de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas, que, de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA TERCERA INTERESADA.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, con el que informa las gestiones que se encuentra realizando con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia de amparo. Al respecto, la responsable informa que el once de octubre de este año, emitió un auto en el que dejó sin efectos la diversa determinación de treinta de enero de este año, en la que no accedió a decretar el no ejercicio de la acción penal y ordene que dentro del plazo de un mes, esto es, hasta el diez de noviembre de la anualidad, sean subsanadas las deficiencias y omisiones que impidieron el análisis de fondo en las ordenes de aprehensión solicitadas en la carpeta de investigación ******** y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo correspondiente. En ese sentido, a efecto de observar el mandato constitucional de completitud de justicia y de privilegiar el derecho de ejecución de las sentencias, establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, posteriores al diez de noviembre de la anualidad, remita copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento del acto reclamado. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado el dieciséis de octubre pasado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, para los efectos legales conducentes. EFECTOS DEL FALLO. (...) REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Se les apercibe que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado, se les impondrá multa por (...), con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se les hace saber que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión.(...) DEVOLUCIÓN DE LEGAJOS. (...) NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con quince minutos del dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Ulises Flores Luna, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia que en derecho corresponda; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, su admisión, así como los informes justificados. Asimismo, cabe destacar que en acuerdo de treinta de julio de dos mil veintitrés, se tuvo como tercera interesada a la Comisión Federal de Electricidad, quien fue debidamente emplazada a juicio. (.) V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1487/2023-II, promovido por *********, por conducto de su defensor particular **********, contra actos atribuidos al Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa I Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la Republica, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, se depositó demanda de amparo presentada por **********, por conducto de su defensor particular *********, sucesivamente parte quejosa, contra actos atribuidos al atribuidos al Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa I Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la Republica, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Impedimento. (.). TECERO. Trámite. (.)Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Competencia. (.) SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. (...) TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables ya precisadas aceptaron la existencia de los actos que se le reclamaron. (.) CUARTO. Oportunidad. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal. Ello, pues se hizo dentro del plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa señaló que los actos reclamados se le notificaron el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, sin que exista prueba en contrario. En ese contexto, si los actos se notificaron el treinta y uno de enero y en esa misma fecha presentó la demanda de amparo, debe concluirse que se presentó oportunamente. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. (.) SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, resulta procedente el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Falta de interés jurídico para impugnar el dictamen que no autoriza la consulta de no ejercicio . En ese orden de ideas, la aquí quejosa impugna un acuerdo ministerial emitido el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, en el que el Agente del Ministerio Púbico de la Federación, Auxiliar del Fiscal General, determinó que no procedió la consulta de no ejercicio de la acción penal y devolvió la averiguación previa para los efectos siguientes: Por lo que, para la debida integración de la indagatoria, deberá de practicarse las siguientes diligencias: 1.- Por lo anteriormente razonado en los considerando de este dictamen, y de conformidad con las negativa de orden emitida por la jueza Tercero de Distrito del conocimiento, deberá analizarse la posibilidad de ejercer nuevamente la acción penal, realizando un razonamiento, lógico y jurídico de los medios de prueba existentes, que en el caso acrediten los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictuoso, así como los normativos, que el caso requiera; debiendo analizar tanto su forma de participación en el delito, la comisión en el caso dolosa del mismo, así como la antijuridicidad y la culpabilidad y en su caso debiendo elaborar un pliego de consignación de forma clara y precisa, y realizar de una manera adecuada la exposición y análisis de las constancias que integran la averiguación previa, precisando con que constancias considera se acreditaba la probable responsabilidad de la acusada, el valor probatorio que otorgaba a estas, y qué datos indiciarios derivaban de cada una de dichas pruebas, llevan a concluir que efectivamente, la ahora indiciada participó en la realización del delito que se le atribuye, determinando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito en las modalidades atribuidas. Las demás diligencias que sean necesarias y/o que se desprendan de las anteriores, para la debida atención de la indagatoria," procediendo conforme a sus atribuciones. En ese contexto -tal como lo hace valer la autoridad responsable-, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico. De acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I, constitucional, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio de instancia de parte agraviada, requiere que el acto reclamado, para que la instancia resulte procedente, provoque un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional. De lo expuesto, se desprenden dos supuestos que generan el interés jurídico: (.) Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de amparo: (.) Por tanto, existe interés jurídico cuando la parte quejosa tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Lo anterior, por no oponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, con base en la jurisprudencia 170500, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. (.) En cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Ello, con base en la jurisprudencia con registro 206338 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. (.). En ese sentido, el suscrito considera que si bien la parte quejosa instó el juicio de amparo porque se emitió un dictamen en el que se determinó no aprobar un auto de no ejercicio de la acción penal decretado en su favor, lo cierto es que ello no le genera una afectación a su interés jurídico porque sólo implica que la representación social continuará con una investigación. Ello, ya que los efectos de que se continúe investigando, pueden ser desvirtuados o contrarrestados dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Es exactamente aplicable al caso, por no oponerse al texto vigente de la Ley de Amparo, la jurisprudencia con registro 168201, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. (.) Se considera que es exactamente aplicable en virtud que tal como ahí se determinó el dictamen emitido por el Procurador para que se continúe con una investigación sólo implica el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21 constitucional, sin que ello por sí mismo genere una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Es así, porque para acreditar que se le afectó su esfera jurídica no basta afirmar que así es, sino que se debe acreditar fehacientemente en qué medida se le afecta, dado que es carga de la prueba de la parte quejosa. Esto último, por no oponerse al texto vigente la Ley de Amparo, con base en la jurisprudencia con registro 187777, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. (.) Por tanto, ello es suficiente para considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo 63, fracción V, de la propia ley, se impone sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto ya precisado. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a la ejecución reclamada al Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa I Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la Republica, por no reclamarse por vicios propios. En consecuencia, atento al sentido del presente fallo, resulta innecesario estudiar los conceptos de violación formulados, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. SÉPTIMO. Procedencia del juicio de amparo. (.)En ese contexto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que contra ese acto en concreto las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni opera alguna que deba estudiarse de oficio. Luego, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de improcedencia del juicio de derechos fundamentales. (.) OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado consistente en el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente de la demanda, sin que sea necesario transcribirlos, ya que no hay precepto alguno que establezca la obligación de hacerlo, lo cual no trastoca los principios de congruencia y exhaustividad, dado que se procederá al análisis de los planteamientos de legalidad y constitucionalidad que se hayan expresado, como se expone en la jurisprudencia 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. En ese sentido, los conceptos de violación se consideran esencialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa tiene la calidad de indiciada en la averiguación previa de la que derivan los actos y omisiones reclamadas. Así es, la parte quejosa esencialmente refiere que el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el cual la autoridad responsable no accedió a decretar el no ejercicio de la acción penal, considerando que se encuentran pendientes por desahogar diversas diligencias ordenadas en el oficio ******* de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, es ilegal porque es inconstitucional prolongar de manera indefinida la investigación que inició desde dos mil catorce. Dicho concepto de violación es fundado, aunque suplido en su deficiencia. En principio, cabe destacar que, sobre la falta de determinación de la investigación, al rendir sus informes con justificación, la autoridad responsable informó que se instruye una investigación bajo el número de averiguación previa ********, y aportó el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés reclamado. Ahora, del citado acuerdo, se advierte que se determinó que no era posible decretar el no ejercicio porque existían diligencias pendientes. (.) En ese orden de ideas, en lo que interesa, se puede extraer que el Juez de Amparo sí está facultado para apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte su resolución, todo lo anterior con base en las manifestaciones de la parte quejosa y de la propia autoridad responsable en su informe con justificación; sin que ello implique, por supuesto, otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino simplemente la de imponer en su caso a la representación social un plazo para que dicte su resolución. En ese sentido, este juzgador concuerda con la parte quejosa respecto a que se ha incurrido en una dilación injustificada en la investigación, pues si tal como consta en la averiguación previa, la investigación inició el dos de julio de dos mil catorce, a la fecha, han transcurrido más de nueve años, sin que se hubiere determinado la situación jurídica de la aquí quejosa. Al respecto, la parte quejosa señala que inclusive se ha tratado de solicitar dos órdenes de aprehensión las cuales se han negado, lo que la autoridad responsable no controvirtió, pues al rendir su informe aceptó expresamente que sí se han negado y aportó las constancias en las que se revela que así es -como se desprende de antecedentes. En suma, se ha negado dos veces la orden de aprehensión, sin haberse entrado al fondo del asunto, es decir, no se ha analizado si existe un delito y si está acreditada la probable responsabilidad de la aquí quejosa. Por lo anterior, si la autoridad responsable ya ha solicitado órdenes de aprehensión y a la fecha no se ha emitido algún pronunciamiento de fondo, eso sólo implica que, por vicios de forma o por la forma en que se hicieron las peticiones de órdenes de aprehensión, no se ha podido entrar al fondo del asunto, por tanto, corresponde a la autoridad responsable subsanar tales cuestiones para estar en aptitud de presentar de nueva cuenta su solicitud. De ahí que, si a la fecha la autoridad responsable no tiene un tiempo aproximado para resolver la situación jurídica de la parte quejosa ni para determinar la investigación que instruye, es necesario, como lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijar un plazo razonable para que se concluya con la investigación. Esto es así, pues se debe partir de la premisa de que la autoridad ya ha intentado obtener órdenes de aprehensión, de lo que se puede inferir que considera que cuenta con un caso, esto es, con una investigación suficiente y si no ha logrado el análisis de fondo que aduce en su informe con justificación, no es porque considere que le falte agotar la investigación, sino por la propia forma en la que se ha hecho las solicitudes de órdenes de aprehensión, pues debido a ello, la autoridad judicial no se ha pronunciado en cuanto al fondo del asunto. Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones que hace valer la autoridad responsable, a pesar de que se trate de una investigación de al menos dos tomos (con más de dos mil fojas) y con múltiples investigados, lo cierto es que según la averiguación previa, sólo se instruye una investigación por el delito de robo, que, a criterio del suscrito, no es un delito de naturaleza compleja; por tanto, no es razonable que después de casi nueve años de investigación se alegue que aún no se está en condiciones de concluir la investigación, cuando ya se ha intentado obtener órdenes de aprehensión en al menos dos ocasiones. (.) De lo anterior, se tiene que para poder establecer un plazo razonable se debe estar a: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. En cuanto a la complejidad del asunto, como se anticipó, no se considera que sea un tema que pueda influir para establecer un plazo razonable, porque la autoridad responsable aceptó que ya ha solicitado en dos ocasiones órdenes de aprehensión contra la aquí quejosa, lo que de suyo implica que ya tiene una investigación que considera suficiente para ejercer la acción penal. Respecto de la actividad procesal del interesado, tampoco se considera que sea un aspecto que pueda incidir para establecer un plazo para concluir la investigación, debido a que es la propia parte quejosa que tiene la calidad de investigada quien está solicitando que se finalice con su investigación; es decir, no se advierte que se esté generando actos tendentes a dilatar la resolución de su situación jurídica, sino por el contrario es quien ha estado instando con diversos escritos para que se pueda concluir la investigación. Ahora, en cuanto a la conducta de las autoridades, en el caso, se advierte que el Ministerio Público ha venido investigando desde dos mil catorce, sin que a la fecha haya podido concluir su investigación, pues a pesar de que ha tratado de obtener en dos ocasiones dos órdenes de aprehensión, no ha logrado que se analice el fondo del asunto, por tanto, se debe considerar que si no ha logrado su interés, es por la forma en la que solicitó las órdenes de aprehensión; de ahí que su conducta sí influya para considerar que basta con que se le dé un breve tiempo para que pueda subsanar lar omisiones que impidieron que se analizara el fondo del asunto, para que pueda solicitar las órdenes de aprehensión, en su caso. Finalmente, en cuanto al grado de afectación que ha resentido la parte quejosa, basta con acudir a los antecedentes de los actos reclamado, para advertir que la afectación a la esfera jurídica de la investigada, comenzó desde el inicio de la investigación, pues a la par de ello, se destituyó a la aquí quejosa de su cargo en el que laboraba y mientras la investigación no se concluya, los efectos de la mera investigación prevalecerán al impedirle obtener certeza sobre los hechos que se le atribuyen. Por todo lo anterior, este juzgador considera que un plazo razonable para determinar la investigación es un mes contado a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia. Ello, pues como ya se explicó lo único que tendrá que hacer la autoridad responsable es subsanar deficiencias de forma que han impedido que se analice el fondo del asunto y determinar en la averiguación previa lo conducente o ejercitar la acción penal, con libertad de jurisdicción. Sin que obste que el acto reclamado hubiere precisado que tenía diligencias pendientes, en principio porque no indicó cuáles eran y, además, porque el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en atención a escrito de la parte quejosa en el que solicitó que se decretara no ejercicio, se determinó que dichas consideraciones se tomarían en cuenta al resolver en definitiva y ya no se hizo manifestación alguna en torno a diligencias pendientes. Por todo lo anterior, ante lo fundado de los conceptos de violación, aunque suplidos en su deficiencia, en términos de lo ya argumentado, lo que procede es conceder el amparo. NOVENO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que el Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa I Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la Republica, realice lo siguiente: Dentro del término de un mes computado a partir de que se declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, determine su investigación que instruye bajo la averiguación previa **********, con libertad de jurisdicción. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por **********, contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador, ahora Fiscal General de la República consistente en el oficio *********** de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, emitido en la averiguación previa **********, en el que se determinó que no procedió la consulta de no ejercicio de la acción penal y devolvió la averiguación previa para los efectos que ahí precisó, y la ejecución atribuida al Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa I Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la Republica, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ************, contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa I Investigadora de la Unidad del Sistema Tradicional de la Fiscalía General de la Republica, consistente en el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el cual la autoridad responsable no accedió a decretar el no ejercicio de la acción penal, emitido en la averiguación previa *********, de su índice, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el noveno considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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