Ingrid Lucero Ramírez Burgos

Expediente 2441/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2441/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
04/04/2022

Partes del expediente

  • Ingrid Lucero Ramírez Burgos
  • Titular de la Secretaría de Bienestar, con sede en la Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en auto de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AVISO-TERCERO INTERESADO ROBIN HUMBERTO MILLAN HEITZ. Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto lo informado en la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio de resolución dictada en el toca 291/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa Claudia Teresa Díaz Gutiérrez y Édgar Salomón Díaz Gutiérrez, en contra del auto de treinta de abril de dos mil veintiuno. Acúsese recibo. Del testimonio de cuenta se advierte que el Tribunal Colegiado en cita, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la citada parte quejosa y confirmó el auto recurrido de treinta de abril de dos mil veintiuno; por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para todos los efectos legales pertinentes. Por tanto, se levanta la suspensión del procedimiento decretada en autos y se ordena la reanudación del mismo, fijándose como nueva hora y fecha para la audiencia constitucional las doce horas con cincuenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintidós. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que no han sido emplazados al presente juicio los terceros interesados Sistemas Integrales de Construcción del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable por conducto de quien la represente, Robín Humberto Millán Heitz y Lina María Solís Rivero, siendo que de las constancias que la autoridad remitió adjuntó a su informe justificado, se aprecia un domicilio donde pueden ser emplazados a este Juicio de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), en relación con los artículos 5, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, constitúyase cualquiera de los fedatarios judiciales adscritos a este Juzgado, en el predio número doscientos noventa y uno de la calle veinticinco del fraccionamiento Montebello de esta Ciudad de Mérida, Yucatán; y previo cercioramiento de que dicho domicilio corresponde al domicilio de dicha parte tercera interesada, proceda a su emplazamiento, haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente juicio en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente, entregándole copia autorizada del presente acuerdo, de la demanda de amparo y del auto admisorio, previniéndolo para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro del término que para tal efecto se le señala, todas las demás notificaciones incluso las de carácter personal, se le harán por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo a los artículos 26, fracción III y 29 del invocado ordenamiento legal; sin necesidad de que medie posterior acuerdo, hasta en tanto subsane su omisión. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe. Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por José Domingo Palomo Collí, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de amparo, mediante el cual cumple la prevención que le hizo este juzgado en proveído de cinco del actual y exhibe nueve copias del escrito de demanda. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, destacándose que el presente juicio de amparo conocerá de los actos reclamados derivados del juicio 1052/2018, del registro del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión solicitado. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda, pídase el informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; asimismo, en el término señalado, deberán acompañar la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirán cierto los actos reclamados y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas la pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano que la parte quejosa refirió en su demanda de amparo, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que informen a este Juzgado si tienen conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra los actos que reclama en este juicio. Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a las partes de este juicio de amparo, a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se reserva acordar lo conducente respecto del señalado como tercero interesado, hasta en tanto se reciban los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones. Por otra parte, respecto de la solicitud de la parte quejosa, en el sentido que se ordene la anotación preventiva sobre la tramitación del presente juicio de amparo, al folio electrónico 649729 del índice del Registro Público de la Propiedad del Estado, correspondiente al predio ubicado en el tablaje catastral número 25483 de la localidad de Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, de la parte quejosa, a fin de que no se sigan inscribiendo gravámenes sobre dicho predio; hágase del conocimiento de la parte quejosa que ha lugar a lo solicitado, previa garantía que deberá exhibir ante este juzgado por la cantidad de $156,000.00 (ciento cincuenta y seis mil pesos, sin centavos, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., (BANSEFI), o en cualquier otra forma prevista por la ley; la cual corresponde al veinte por ciento del valor del bien inmueble al que se refiere el acto reclamado en este juicio, que en términos de la copia certificada del testimonio de la escritura pública de compraventa número trescientos cuarenta y ocho, de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del notario público ochenta y nueve del Estado, que exhibió con su demanda de amparo, tiene un valor de $780,000.00 (setecientos ochenta mil pesos, sin centavos, moneda nacional); la que se fija de manera discrecional, al no tener mayores datos para su cuantificación y para resarcir de los posibles daños o perjuicios que se ocasionaren a la parte tercero interesada con motivo de la anotación solicitada, ya que si bien ésta no limita la potestad del o los propietarios para enajenar o disponer del inmueble de mérito, lo cierto es que sí coloca al inmueble de referencia en una posición de desventaja en el mercado inmobiliario, al quedar sometida la eficacia y el alcance de los derechos que se adquieran sobre el mismo, al resultado de un juicio que está en trámite, por lo que tal medida es susceptible de ocasionar daños y perjuicios al propietario registral. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia número 2ª./J.88/2015 (10ª), consultable en la página 730, del Tomo I, de julio de 2015, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS. De acuerdo con la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 53/2006-SS (*), que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 (**), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley de Amparo, así como 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, previo a la anotación registral preventiva de la demanda de amparo indirecto y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en el que se encuentre el inmueble materia de la controversia, ya que tal medida, además de sus efectos publicitarios, en atención a los fines de la propia anotación preventiva, esto es, que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto tal conocimiento podría inhibir a los interesados de realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trata." También sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.67/2006, consultable en la página 278, del Tomo XXIII, de mayo de 2006, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo." En términos de lo dispuesto en el artículo 873 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, dígase a la parte quejosa que en caso de que decida exhibir la garantía fijada a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que haga constar que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. Asimismo, como lo establece el numeral 883 del Acuerdo General del Pleno antes invocado, la parte quejosa deberá indicar a la institución crediticia, que incluya en el referido instrumento de depósito, la leyenda en el sentido de que el depositante otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria, la información que le permita el control de dicho depósito. Lo anterior, en el entendido de que además la parte quejosa deberá pagar ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, los derechos correspondientes para la realización de la referida anotación. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se tiene por recibido el oficio del Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que informa que da entrada al recurso de queja interpuesto por Manuel Abán Can, José Teodoro Tut Chalé y María Nilda Lucely Euan Chale, por su propio y personal derecho y en calidad de Presidente, Secretario y Tesorera del núcleo de población ejidal Chablekal, municipio de Mérida, Yucatán, en contra del acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente asunto, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Sin que pase inadvertido para este Juzgado que por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se suspendió el procedimiento en estos autos, dado que con lo acordado en este proveído no se está impulsando el procedimiento. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    MESA I. Mérida, Yucatán, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por presentado el escrito presentado por el quejoso ****************, con el que pretende ampliar la demanda, respecto del acto reclamado que consiste en la prevención dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, por la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, relacionada con la solicitud presentada por el aquí quejoso. Ahora bien, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de la propia ley, lo procedente es desechar de plano la ampliación de demanda, por extemporánea, atento a las siguientes consideraciones. En efecto los artículos 111, 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: No haya transcurrido los plazos para su presentación; Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueve demanda." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del contenido de las disposiciones legales transcritas, se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos que señala el artículo 17 del cuerpo de leyes en cita; por su parte, el numeral 18 de la Ley de Amparo en vigor, precisa que el plazo para la presentación de la demanda se contará, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso, el plazo para la presentación del ocurso inicial debe computarse conforme al primer supuesto, pues de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de la prevención dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, el cual le fue notificada el veinte de agosto de ese propio año, día en el que le fue notificado el acto reclamado personalmente. En efecto, la parte quejosa señala como acto reclamado la prevención dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, relacionada con la solicitud presentada por el aquí quejoso. En ese orden, es incuestionable que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo ha transcurrido con exceso. Se asevera lo anterior, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veinte de agosto de dos mil veintiuno, y si la ampliación de demanda de amparo fue presentada hasta el nueve de febrero de dos mil veintidós, resulta evidente que el acto reclamado no fue combatido dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, resultando su presentación extemporánea, pues el plazo inició el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno y feneció el diez de septiembre de ese mismo año, excluyéndose los días veintiocho, veintinueve de agosto, cuatro y cinco de septiembre de dos mil veintiuno, por ser inhábiles por ley; por tanto, si la presentación de la ampliación de amparo, fue el nueve de febrero de dos mil veintiuno, como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común, luego, es incuestionable el consentimiento tácito para la presentación del ocurso inicial. Bajo esa óptica, debe señalarse que el plazo de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, transcurrió en exceso a la fecha de la presentación de la ampliación de la demanda de amparo.

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