Ingrid Lourdes Marrufo Maldonado

Expediente 1366/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1366/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Ingrid Lourdes Marrufo Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA V. Mérida, Yucatán;diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución, que en su único punto resolutivo AMPARÓ a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad de Mérida, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien días de unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 734/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin hacer pronunciamiento acerca de él, toda vez que de autos se advierte que en fecha veintiocho de noviembre del año en curso, se resolvió el presente juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguesele previa certificación que se deje en autos, copia simple de la sentencia que se dictó en este juicio cuando las labores del Juzgado lo permitan. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y un minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública, Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario de Juzgado con quien actúa, Pablo Pérez Pacheco, procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio V-1366/2019, promovido por Ingrid Lourdes Marrufo Maldonado, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida. El Secretario hace constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. A continuación, el Secretario en funciones de Juez ordena al Secretario de Juzgado hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se da cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la autoridad responsable; d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera, y e) Constancias de notificación a los terceros interesados, mismos que obran agregados en autos. Acto seguido, el ciudadano Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario de Juzgado procede a dar cuenta con las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable a su informe de Ley, mismos que obran agregados en autos. En ese orden de ideas, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten tales probanzas, las que se desahogan sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza. Enseguida se abre el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la Agente de la Federación adscrita, se procede a dictar la resolución siguiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1366/2019; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, remitido al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer, Ingrid Lourdes Marrufo Maldonado, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: La Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con domicilio en el predio 559 de la calle 73 entre 72 y 74 de la colonia (sic), en esta ciudad de Mérida". "ACTO RECLAMADO: Reclamo la injusta e infundada denegación de justicia que estoy siendo objeto por parte de la autoridad responsable, al no querer dictar el laudo que ponga fin al juicio reclamatorio laboral número 961/2016, promovido por la suscrita quejosa, incumpliendo lo establecido en los artículos 685 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, y como consecuencia de ello, la falta de impartición de justicia". La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de cuatro de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados lo cual se realizó en término de ley; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se verificó en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el 53/2013 y reformado y adicionado por el Acuerdo General 28/2016 del propio Pleno del Consejo citado, por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario precisar claramente los actos reclamados, con base en el estudio integral de la demanda de amparo, para establecer lo que el quejoso quiso decir y no únicamente los que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: - La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 961/2016, atribuida a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, porque al rendir su informe justificado, manifestó que era cierto el acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias que en copia certificada anexó a su informe, a las cuales, este juzgador les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo; por tanto, se evidencia la existencia de los actos que se le atribuyen. CUARTO. Estudio de fondo. En sus conceptos de violación, la parte quejosa sostiene esencialmente que ha transcurrido en exceso el término para que la autoridad responsable dicte el laudo correspondiente al juicio laboral de origen. Omisión que resulta violatoria del derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en el sentido de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta y expedita. Entonces, para resolver el resumido argumento, se toma en cuenta el contenido de los dos primeros párrafos del artículo 17 de la Constitución, que dicen: "Artículo 17. Ninguna podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial (...)". De la interpretación literal del párrafo segundo del precepto transcrito, se arriba a las siguientes conclusiones: a) Garantiza a los gobernados derechos relacionados con la administración de justicia, entre otros, el relativo a tener un acceso efectivo a la actividad de los tribunales; y, b) Prevé que la impartición de justicia se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Ahora, el referido precepto constitucional no establece un plazo determinado para que las autoridades emitan sus respectivas resoluciones o realicen sus actuaciones; sin embargo, sí refiere que éstas se deben sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. Por tal motivo, en el caso examinado, el ordenamiento jurídico a aplicar en este asunto es La Ley Federal del Trabajo en vigor, a partir del uno de diciembre de dos mil doce, y la autoridad responsable debe sujetarse a lo dispuesto en dicha ley secundaria que rige su actuar, artículos 885, 886, 887, 888 y 889, principalmente al contenido del ordinal 885 de la citada ley obrera, que establece: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formuladas por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". En lo que interesa, y en virtud del acto que se reclama, el numeral 885 transcrito prevé que el proyecto de resolución en forma de laudo deberá emitirse por escrito dentro de los diez días siguientes de declararse cerrada la instrucción. En el caso, consta que ante la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, se tramita la controversia laboral número 961/2016, promovida por la aquí quejosa, Ingrid Lourdes Marrufo Maldonado, en contra de la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, y otra persona moral. El siete de junio de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción y se ordenaron turnar los autos a la auxiliar de la Junta para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha en que este juicio de amparo se resuelve no existe constancia de que se haya emitido el laudo correspondiente, transcurriendo en demasía el tiempo establecido por el numeral 885 de la Ley de la materia, así como por los diversos 886, 887, 888 y 889 del mismo cuerpo normativo. Así las cosas, si en el expediente laboral que se analiza no se ha dictado laudo, habiendo trascurrido más de los diez días que para tal efecto establece el multicitado ordinal 885 de la Ley Federal del Trabajo, es obvio que existe una afectación al derecho del quejoso a que se le administre justicia pronta, previsto en el artículo 17 Constitucional. Es exactamente aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Por consiguiente, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder la protección de la Justicia Federal contra el acto que se reclama de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 961/2016. Ahora bien, al arribar a tal conclusión, este resolutor no soslaya el argumento de la autoridad responsable sobre la excesiva carga de trabajo que impera en ese órgano jurisdiccional, ya que no hay duda ni discusión respecto a que dichos órganos jurisdicciones enfrentan cargas de trabajo muy altas y que no cuentan con recursos materiales, económicos y humanos suficientes o adecuados para solventarlas, máxime cuando las características que constituyen los principios rectores del procedimiento laboral, como la oralidad, generan la obligación de que funcionarios de las juntas estén presentes durante el desarrollo de las audiencias y que un auxiliar pueda desahogar, como máximo, dos audiencias en un día. Sin embargo, aun cuando es verdad, que tal circunstancia es entendible, pues las excesivos cargas de trabajo constituyen una nota distintiva que permea en todos los órganos que formal o materialmente llevan a cabo funciones jurisdiccionales, ello no puede justificar la dilación en la impartición de justicia en que ha incurrido, por la básica razón de que el gobernado no puede ver afectados sus derechos fundamentales como consecuencia de que el Estado, como garante de tales derechos, no haya proveído lo necesario para atender, con celeridad, las necesidades de quienes acuden a él. No puede olvidarse que la prontitud en la impartición de justicia, como se explicó al principio de este considerando, es un derecho fundamental de los gobernados a que se les administre justicia dentro de los plazos y términos legales, por lo que el Estado debe proveer lo necesario a fin de que se cumpla con dicha prerrogativa, dotando de suficientes recursos humanos y económicos a los órganos jurisdiccionales, con tal de que puedan resolver con celeridad los conflictos que se les plantean. Si la falta de recursos humanos y económicos de la autoridad responsable, ha influido en el retraso en la impartición de justicia, debe hacerlo saber al organismo público del que depende, a fin de que tome en cuenta esa circunstancia y le provea con lo necesario, pero como se dijo con antelación, esa falta de recursos no puede ser excusatoria del retardo en la resolución del conflicto laboral de que se trata. Finalmente, con relación a la jurisprudencia que invoca de la Segunda Sala, y solicita se sobresea en el juicio de amparo en virtud de que el acto reclamado únicamente es una violación procesal; contrariamente a lo expuesto, al no acatar los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, viola el derecho humano de la parte quejosa consagrado en el artículo 17 constitucional, al no emitirse el proyecto de resolución que en su momento se eleve a la categoría de laudo, poniendo fin a la controversia laboral de origen, convirtiendo esa dilación procesal en una vulneración a los derechos sustantivos de la parte agraviada. De ahí que los argumentos expuestos por la autoridad responsable no son idóneos ni jurídicos para justificar sus actos ni la eximen, como se ha dicho, de impartir justicia dentro en los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo; de ahí que deba estimarse inconstitucional el acto que se reclama. Efectos de la concesión de forma lisa y llana: Dicha concesión se otorga para el efecto de que, de manera inmediata, pero respetando estrictamente los tiempos que establecen los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad responsable proceda al dictado del laudo correspondiente, cuenta habida de que ha transcurrido en exceso el plazo que tenía para ello y no existen pruebas pendientes por desahogar acorde con lo proveído en el expediente de origen. Por lo expuesto y fundado, este Juzgador Federal: RESUELVE ÚNICO. Ampara. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a INGRID LOURDES MARRUFO MALDONADO, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 961/2016. Amparo que se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. ...

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