Ingrid Joselyn Solis Mex
Expediente 2120/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2120/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- FATIMA GUADALUPE PAREDES PUCH y Otros.
- Ingrid Joselyn Solis Mex
- Fatima Guadalupe Paredes Puch
- Candelaria L. S.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido, por lo que no existe motivo legal alguno para que continúe al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo I formado con las constancias remitidas por la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al requerimiento que se le efectuó en proveído de dieciséis de noviembre del año pasado, consistente en copias certificadas del proceso legislativo de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; por tanto, devuélvansele a su remitente, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que, mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso (fecha de vista), se dio vista a la parte quejosa con lo informado por el Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en el citado acuerdo, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que, en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. En tal virtud, advirtiéndose que el acuerdo de mérito se notificó a la parte quejosa el seis de septiembre del presente año (última notificación), sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital: 192174, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en su primer resolutivo, se sobreseyó en el presente asunto. Inconforme con la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta ciudad, el que, mediante ejecutoria de diez de agosto de dos mil veintitrés, en su punto resolutivo cuarto, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos Fátima Guadalupe Paredes Puch, Ingrid Jocelyn Solís Mex, Candelaria Lara Silvano, Leticia María Casanova Tun, Jack Alexander Sabido Rojas, Rocío Carrillo Aguilar, Marigen Guadalupe Suárez Valencia, Martha lcela Campos Sosa, Nayby Nan-yilú Segovia Martín, Teodoro Alejandro Ávila Rivero, Mará Paula Hernández Sánchez y Diosely Guadalupe Chan Euán, para el efecto siguiente: ".En atención a las consideraciones expuestas, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, relacionada con el numeral séptimo transitorio de la propia legislación, así como el numeral 116 del mismo ordenamiento en la porción normativa que precisa "Salario regulador: equivale al 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio ponderado de los salarios de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional. Por lo que las responsables se abstendrán de aplicar a los quejosos Fátima Guadalupe Paredes Puch, Ingrid Jocelyn Solís Mex, Candelaria Lara Silvano, Leticia María Casanova Tun, Jack Alexander Sabido Rojas, Rocío Carrillo Aguilar, Marigen Guadalupe Suárez Valencia, Martha Icela Campos Sosa, Nayby Nan-yilú Segovia Martín, Teodoro Alejandro Ávila Rivero, Mará Paula Hernández Sánchez y Doisely Guadalupe Chan Euán las disposiciones declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; esto es, el otorgamiento de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, de cesantía en edad avanzada, de invalidez por incapacidad total permanente derivada de un riesgo de trabajo o de muerte cuando se coloquen en el supuesto respectivo y satisfagan los requisitos necesarios, se calculará en los términos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal". Por auto de once de agosto del año en curso, se recibió la ejecutoria de mérito y se requirió su cumplimiento al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria). Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, por acuerdo de treinta y uno de agosto de este año se tuvo por recibido el oficio ISS/SJ/DAC/0000/2023, signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, presentado en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de agosto de los corrientes (fecha de recepción). Oficio con el que comunicó el contenido de la diversa misiva ISS/SPGF/JP/1177/2023, de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés (fecha de cumplimiento), en la que transcribió los efectos de la ejecutoria citados con anterioridad, y manifiesta lo siguiente: "Queda claro entonces que los quejosos antes mencionados quedan desvinculados a la aplicación de la disposición declarada inconstitucional." Así, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad vinculada al cumplimiento se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos al efecto amparador que le fueron señalados como directriz bajo la que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, fracción I, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es conservable. Lo anterior, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a), del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha de vista: treinta y uno de agosto de este año. Fecha de última notificación: seis de septiembre de esta anualidad. Fecha en que la autoridad responsable cumplió la ejecutoria: veintinueve de agosto del presente año. Fecha de recepción en este juzgado del oficio de cumplimiento: treinta de agosto de la anualidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio ISS/SJ/DAC/0000/2023, signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, acompañado de un anexo, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio y anexo de mérito, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto dentro del plazo otorgado para tal efecto, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 556/2023-P.3, con el que devuelve estos autos, así como un anexo, y remite copia con evidencia criptográfica de la resolución de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictado en autos del amparo en revisión 95/2023 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por los quejosos, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Al respecto, se desprende que la Superioridad resolvió: "PRIMERO. SE MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO respecto a los quejosos Omar Santiago González Torres, Jesús David Dzib Coho, Wilberth Gabriel Chablé Chacón, Carlos Eduardo Méndez Hu, Rubí Marisol Sosa Palomo, Gisel Concepción Laviada Castillo, Wendy Noemí Cohuo Góngora, Ligia Ruby Rodríguez Baquedano, Elmy del Rocío Pech Balam, Isabel Cristina Escamilla Ku, Elsy Paola Tun Ricalde, María Kristel Euán Dzul y Mildred Antonieta de Lourdes Sánchez Solís, en términos de los considerandos sexto y séptimo de la presente ejecutoria. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A Fátima Guadalupe Paredes Puch, Ingrid Jocelyn Solís Mex, Candelaria Lara Silvano, Leticia María Casanova Tun, Jack Alexander Sabido Rojas, Rocío Carrillo Aguilar, Marigen Guadalupe Suárez Valencia, Martha lcela Campos Sosa, Nayby Nan-yilú Segovia Martín, Teodoro Alejandro Ávila Rivero, Mará Paula Hernández Sánchez y Diosely Guadalupe Chan Euán, en contra de los artículos precisados en el considerando octavo de la presente ejecutoria. CUARTO. Para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente ejecutoria la JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A Fátima Guadalupe Paredes Puch, Ingrid Jocelyn Solís Mex, Candelaria Lara Silvano, Leticia María Casanova Tun, Jack Alexander Sabido Rojas, Rocío Carrillo Aguilar, Marigen Guadalupe Suárez Valencia, Martha lcela Campos Sosa, Nayby Nan-yilú Segovia Martín, Teodoro Alejandro Ávila Rivero, Mará Paula Hernández Sánchez y Diosely Guadalupe Chan Euán en contra de los artículos y por las razones expuestas en el noveno considerando de la presente ejecutoria. QUINTO. ES INFUNDADA la revisión adhesiva interpuesta por el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán." Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo; asimismo, se ordena glosar a estos autos las constancias conducentes que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. En ese sentido, de la ejecutoria de merito se advierte que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por lo que se encuentra constreñida a realizar dentro de los límites de su competencia, los actos necesarios para lograr el cabal cumplimiento de la misma. Por tanto, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, prevéngase al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria), para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a los nombrados quejosos en el goce de los derechos fundamentales que se estimaron violados, como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal; para ello, remítasele copia certificada de la citada ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que esté en aptitud de dar cumplimiento a dicha resolución. Lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el citado numeral 258 de la Ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y la consignación de su Titular. Lo anterior, no obstante que la autoridad citada en el párrafo que antecede no fue señalada como responsable en el presente asunto. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917712, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Por otra parte, se está en el entendido que las diversas autoridades responsables Gobernador Constitucional y Congreso del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la expedición, aprobación y promulgación del decreto reclamado, el cual no puede quedar insubsistente por tratarse de una disposición de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Por tanto, resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente en cuanto a los actos que constituyen el proceso legislativo del decreto reclamado, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efecto sus actos. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en atención al criterio de estadística de las sentencias de amparo indirecto recurridas en revisión, de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, hágase del conocimiento de la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), únicamente para efectos de estadística, que la sentencia emitida en este asunto, fue modificada. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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