Ingrid Guadalupe Curioca Vega
Expediente 532/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ingrid Guadalupe Curioca Vega
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, respecto a la documental que obra a foja 18, se pone a disposición de la parte quejosa por el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal a recoger dicho documento, apercibida que de no hacerlo, transcurrido dicho plazo, y sin ulterior acuerdo, podrá ser destruida junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Ingrid Guadalupe Curioca Vega contra actos del Director de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 532/2017. Examinada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de garantías, la parte quejosa debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, siendo muy clara la disposición legal transcrita en el sentido de declarar improcedente el juicio constitucional si no se ha cumplido con ello. Precisado lo anterior, al analizar en su integridad el libelo constitucional, se colige que la impetrante reclama la inconstitucionalidad de los artículos 4, 14 y 63 , de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce, con motivo de lo que aduce es el primer acto de aplicación, contenido en el oficio OP/DG/DPE/1024/2017, signado por el Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado, a través de la cual informó a la quejosa que no era procedente devolverle su fondo de pensiones, por haber prescrito. La imagen del oficio de referencia es la siguiente: En ese contexto, contra el mencionado acto procede el juicio contencioso administrativo en términos de los artículos 1, primer párrafo, 66, 70, 185 y 186 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mismo que no requiere mayores requisitos para la obtención de la suspensión de los actos impugnados que los que exige la Ley de Amparo para la suspensión definitiva , los que para mayor claridad se transcriben enseguida: "Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca". "Artículo 66.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes, ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta Ley". "Artículo 70.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable, y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal del Estado o Municipal. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión". "Artículo 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado". "Artículo 186.- El Tribunal podrá modificar o revocar en cualquier momento el acuerdo en que haya concedido la suspensión si varían las circunstancias bajo las cuales se otorgó". Por lo tanto, al no agotar la quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 del mismo ordenamiento legal. Apoya lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 55/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 62/2009, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito (amparos directos 835/2008, 321/2005, 142/2007, 795/2001 y15/1996), localizable en la página 241, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia(s): Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES CAÍDAS, INDEMNIZACIONES GLOBALES Y CUALQUIER PRESTACIÓN EN DINERO A CARGO DEL ISSSTE. LA FALTA DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE AQUÉLLAS. El precepto referido establece que las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, entre las cuales se encuentran las aportaciones que no se reclamen dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles prescribirán a favor del Instituto y prevé la obligación a su cargo de apercibir a los trabajadores, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con 6 meses de anticipación. Ahora bien, la interpretación gramatical de dicho precepto revela que la obligación impuesta al Instituto consiste en realizar un apercibimiento que debe entenderse como una advertencia a determinada persona, de las consecuencias desfavorables que podrá acarrearle la realización de ciertos actos u omisiones, en el caso concreto, de que está por actualizarse un supuesto legal específico como lo es la prescripción del derecho a cobrar las prestaciones económicas a su favor. En ese sentido, al no tratarse aquella obligación de un presupuesto para que se actualice dicha figura jurídica, sino de un acto concomitante e independiente, no puede tener el alcance de impedir la actualización de la figura jurídica mencionada y, por ende, tampoco puede interrumpir el plazo prescriptivo de referencia". De la misma forma, por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable la tesis I.5o.A.52 A, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página: 2288, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "PENSIÓN JUBILATORIA. LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA INTEGRACIÓN DE LA. SON IMPRESCRIPTIBLES POR LO QUE EL JUICIO DE NULIDAD PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dispone: "Artículo 186. El derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible. Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquiera prestación en dinero a cargo del instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del instituto, el que apercibirá a los acreedores de referencia, mediante notificación personal, sobre la fecha de la prescripción, cuando menos con seis meses de anticipación.". De tal texto, se advierte, que el derecho a la jubilación y a la pensión, son imprescriptibles, es decir, que no pueden extinguirse bajo ninguna condición legal. Por ello, no prescribe el derecho para obtener la fijación correcta de la pensión, en tanto que la acción para combatir su incorrecta cuantificación puede y debe intentarse en el momento en que el pensionado advierta que no fue cuantificada legalmente. Entonces, se debe considerar que el artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, permite al pensionado, en cualquier tiempo, la promoción del juicio de nulidad en contra de la indebida integración del monto de la pensión". En consecuencia, al haberse desechado la demanda, dada su improcedencia, respecto del acto de aplicación, también debe declararse lo propio respecto a los artículos de la norma impugnada (4, 14 y 63, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el veintiocho de enero de dos mil doce). Robustece lo precedente la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, localizable en la página: 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En otro aspecto, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Finalmente, toda vez que el promovente del amparo solicita que se omita publicar sus datos personales, en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; por tanto, hágase esta circunstancia del conocimiento del Administrador Regional en el Estado de Oaxaca, Encargado del Módulo de Acceso a la Información en esta ciudad, Órgano Administrativo adscrito a la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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