Ingrid Fabiola Espíndola Hernández
Expediente 605/2023 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 1 actuación registrada, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 605/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- Ingrid Fabiola Espíndola Hernández
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistas la certificación y cuenta que anteceden, se acuerda: Registro, trámite e integración del expediente electrónico. Se tiene por recibido el oficio TJA/9SEMRA/2096/2023, suscrito por el actuario de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el cual remite el diverso oficio TJA/9SEMRA/2097/2023, suscrito por la magistrada presidenta de la referida Sala, así como la demanda de amparo suscrita por Ingrid Fabiola Espindola Hernández y Noé Huerta Padrón, y los autos originales del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 71/2022; con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno como amparo directo 605/2023. Acúsese recibo. Asimismo, de conformidad con el artículo 22 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario de acuerdos formar el cuaderno auxiliar del presente asunto, vigilar que las constancias recibidas físicamente se digitalicen y se integren al expediente electrónico y sean agregadas al cuaderno referido. Cuestión previa. De una revisión a la demanda de amparo promovida en el presente asunto, se advierte que los quejosos pretenden combatir tanto la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el juicio administrativo 71/2022, así como la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 71/2022, del índice de la mencionada Sala Especializada. Por lo que esta presidencia se pronunciara por separado respecto a dichas sentencias, de conformidad con lo siguiente: Desechamiento (falta de interés jurídico) por cuanto hace a la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés dictada en el juicio administrativo 71/2022. La Presidencia de este tribunal colegiado considera que la presente demanda de amparo debe desecharse por cuanto hace a la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del juicio administrativo 71/2022, toda vez que carecen de interés jurídico los quejosos para ello, al no ser parte en dicho juicio, en atención a los razonamientos siguientes. Ausencia de interés jurídico. Debe tenerse en consideración que para acudir al juicio de amparo directo, es indispensable que se cuente con interés jurídico pues no puede aducirse interés legítimo en esa vía, en términos del penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 5, en relación con el 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquel que resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado; de donde resulta que el quejoso debe ser parte del juicio de origen para poder acudir a la instancia constitucional en la vía directa. Incluso, existen casos en los que, no porque el quejoso haya sido formalmente parte en el juicio en que se dictó la sentencia reclamada y haya obtenido un fallo desfavorable, ha de considerarse procedente el amparo promovido contra tal resolución, si de los antecedentes del caso se obtiene que su derecho, puesto a discusión en el citado controvertido, resultó ileso. Lo anterior, en virtud de que la materialización de un agravio de carácter meramente adjetivo o procedimental como lo es el que el pago que deba realizarse al actor en la instancia de origen deba salir de las arcas del Ayuntamiento, es insuficiente para considerar actualizado el perjuicio sustantivo que hace procedente el amparo. En el caso concreto, se obtiene que los quejosos no fueron parte en el juicio administrativo en cuestión, pues del informe justificado la autoridad responsable refirió que esa magistratura no dicto dos sentencias en el procedimiento de responsabilidad administrativa 71/2022, ya que ésta solamente dictó una sentencia en la que determinó imponer sanciones por la comisión de una falta grave, contrario a lo que aducen los quejosos respecto de la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés la cual fue dictada en el juicio administrativo 71/2022, del cual se desprende que es un asunto diverso al que los ahora quejosos pretenden combatir, en el que no fueron parte. Entonces se aprecia que la relación jurídico-procesal en dicho juicio administrativo 71/2022, se entabló de la siguiente forma: Actores: Rosalba Pineda Ramírez, Raquel Robledo Ramírez y Sergio Díaz Espinoza. Autoridad demandada: Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM). De lo anterior, se observa que, los aquí quejosos no fueron parte en el juicio administrativo de origen, sino únicamente fueron parte en el procedimiento de responsabilidad administrativa 71/2022, tal y como se corrobora con la siguiente imagen: Igualmente, se tiene que en la demanda de amparo promovida por los quejosos en sus puntos II, III y IV señalaron lo siguiente: "II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO: La Titular de la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Lo es la Magistrada Reyna Adela González Avilés, Titular de la Novena Sala Regional Especializada en Materia de responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. IV.- ACTO RECLAMADO: Consistente en las dos sentencias dictadas por la Magistrada Reyna Adela González Avilés, Titular de la Novena Sala Regional Especializada en Materia de responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, la primera el día diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la segunda dictada el día nueve de junio de dos mil veintitrés, en el Expediente 71/2022, derivada del Oficio Número 400L02000/DUB/591/2022." Como puede advertirse de la transcripción anterior, los quejosos no distinguen el expediente dentro del cual pretenden combatir cada sentencia, además de señalar como autoridad tercero interesada a una diversa a la que fue autoridad demanda en el juicio administrativo 71/2022. Y es que debe tenerse en cuenta que uno de los requisitos para la procedencia del juicio de amparo que se afecten los intereses jurídicos del quejoso con el acto reclamado, sólo el que resulte afectado de esa manera podrá acudir a él. Así, si los quejosos en esta instancia son Ingrid Fabiola Espindola Hernández y Noé Huerta Padrón, y ninguno de ellos fueron parte en el juicio administrativo 71/2022; resulta claro que carecen de interés jurídico para acudir al juicio de amparo. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el 5, y 179 de la Ley de Amparo, al carecer de interés jurídico, se desecha por improcedente la demanda de amparo que promueven Ingrid Fabiola Espindola Hernández y Noé Huerta Padrón, en contra de la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la magistrada de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro de los autos del juicio administrativo 71/2022. Desechamiento por no acudir al medio ordinario de defensa (definitividad) por cuanto hace a la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés. Conforme a los criterios jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presupuesto procesales que deben verificarse al recibir la demanda de amparo directo son los siguientes: a) Procedencia de la vía, b) Competencia, en cuanto que son competentes para conocer los tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia, en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben hacerse valer los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 6/2015 (10ª), cuyo rubro y texto son: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En ese sentido, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. En el caso, se estiman satisfechos los presupuestos procesales relativos a la procedencia de la vía y la competencia del órgano, pues se trata de una resolución que puso fin a juicio, dictada por una Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; sin embargo, como se demostrará a continuación, no se cumple con lo referente a la procedencia en cuanto al juicio. En efecto, en la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, que determinó imponer sanciones por la comisión de una falta administrativa grave a los aquí quejosos. Luego, se considera que en términos de lo dispuesto por el artículo 62 y 64 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda por no agotar el principio de definitividad -recurso de apelación-. En la especie, se obtiene que los quejosos Ingrid Fabiola Espindola Hernández y Noé Huerta Padrón, promueven juicio de amparo contra la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitida en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 71/2022, por la magistrada titular de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante la cual se impuso una sanción por la comisión de una falta administrativa grave a los quejosos. Sin embargo, la parte quejosa no cumplió con la carga procesal de agotar el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo directo. Esto es así, dado que los artículos 61, fracción XXIII, y 170, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Como se ve, el numeral transcrito en su hipótesis normativa establece que el juicio de amparo directo, procede en contra de las sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que hayan sido dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiendo como sentencias definitivas o laudos, las que decidan al juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, aquellas que sin entrar al fondo del asunto, lo den por concluido. Empero, debe acudirse previamente al medio ordinario que establezca la norma que rige el acto reclamado y, salvo que la referida legislación prevea como excepción la opcionalidad de acudir al recurso, el mismo deberá agotarse. Por tanto, en el caso se advierte que se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que la ley que lo rige es la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, cuyo artículo 202, establece lo siguiente: "Artículo 202. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: I. La que determine imponer sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de particulares. II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean servidores públicos o particulares." Como se ve, el numeral transcrito refiere que procede el recurso de apelación, entre otras hipótesis, en contra de las determinaciones que impongan sanciones por la comisión de faltas administrativas graves o faltas de los particulares, con lo que se llega al convencimiento de que, como la resolución reclamada consiste en una sentencia en la que se impuso a los actores en el procedimiento de responsabilidad administrativa, la sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, al haberse probado que son administrativamente responsables de la falta administrativa grave de abuso de funciones, no se trata de un acto definitivo susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo directo, ya que puede ser modificado o revocado a través del medio ordinario de defensa, esto es, el recurso de apelación conforme al numeral 202 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Entonces, si del expediente se advierte que el quejoso no acudió a ese medio ordinario de defensa, el presente juicio deviene improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el tercer párrafo del diverso 170, todos de la Ley de Amparo. Así, al ser improcedente el juicio de amparo directo, esta presidencia debe desechar la demanda de amparo presentada por Ingrid Fabiola Espindola Hernández y Noé Huerta Padrón, en contra de la sentencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, emitido por la magistrada titular de la Novena Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas Valle de México del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en el procedimiento de responsabilidad administrativa 71/2022, que impuso una sanción por la comisión de una falta administrativa grave a los quejosos. Asimismo, no pasa inadvertido para la presidencia de este tribunal colegiado que en el presente asunto también se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida por los artículos 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, contra actos consentidos expresamente, no obstante ello, se estima innecesario realiza el pronunciamiento respectivo en cuanto al desechamiento por extemporaneidad de la demanda, ya que no cambiaría el sentido de la presente resolución. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Sin que sea necesario dar la vista a que refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues esta se prevé para el segundo párrafo de ese precepto y no para el primero, tal como lo precisó el Pleno del Máximo Tribunal en la tesis P. I/2017 (10a.), de rubro: "VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO QUE LA OTORGUE EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL PROVEER SOBRE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO". Una vez que transcurra el plazo a que refiere el artículo 104 de la Ley de Amparo, dese nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda. Domicilio. Tomando en consideración que los quejosos señalan como domicilio a efecto de oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Oriente 25 Número, 274, Colonia Reforma, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 31, fracción II, de la Ley de Amparo, la presente notificación, así como las subsecuentes que se le practiquen, aún las de carácter personal, deberán realizarse por medio de lista que se fije en lugar visible de este Tribunal, hasta en tanto señale domicilio dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, a efecto de no dejar en estado de indefensión los quejosos, por única ocasión y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 298, 299, 300, 301, 305 y 306, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2, 27, fracción II, de la ley en comento y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto, al Tribunal Colegiado en del Segundo Circuito, en turno, con residencia en Nezahualcóyotl, para se lleve a cabo la notificación del presente auto, con forme a lo siguiente: Parte a Notificar Quejosos Nombre de la persona a notificar: *** Autorizados: *** Domicilio donde se llevará al cabo la notificación: *** Auto a notificar: El presente auto -desechamiento-. Forma de notificación: Personal. Requerimiento: Señale domicilio procesal, dentro de la jurisdicción de este órgano colegiado. Autorizados. Se tienen como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en el entendido de que si tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; se les tendrá como autorizados en términos amplios del precepto legal antes mencionado. Exhorto a las partes. Atento a lo dispuesto por el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Medios de contacto con este tribunal. Se hace de conocimiento a las partes que pueden establecer contacto con este órgano de control de constitucionalidad, para cuestiones no procesales, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, seleccionando el apartado de "Servicios Jurisdiccionales"; en términos de lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. Notificación al Fiscal Federal. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, dese la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación.
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