Ingrid Cecilia Hernandez Martinez
Expediente 981/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ingrid Cecilia Hernandez Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, quien autoriza y da fe.CHANT* CHANT*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos del juicio de amparo 981/2019-II, se advierte que las autoridades responsables no han dado cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de octubre del presente año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere de nueva cuenta al Presidente Municipal de Ayala, Morelos, Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de cinco días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, y remitan copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. Cabe precisar que los efectos de la sentencia de amparo son los siguientes: a) No se le aplique en el caso concreto ni en el futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se devuelva a la parte quejosa la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que asciende a la cantidad de $6,110.00 (SEIS MIL CIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). [.] En el entendido que la cantidad a devolver deberá actualizarse de conformidad con la jurisprudencia 2ª/J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 592 de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." En consecuencia, tomando en consideración la actualización hecha por auto de treinta y uno de octubre del año en curso, las autoridades responsables deberán devolver a la parte quejosa, la cantidad de $6,151.96 (seis mil ciento cincuenta y un pesos 96/100 moneda nacional). De lo anterior, es necesario que acrediten con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, la referida autoridad está obligada a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de cinco días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Cabildo del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a las autoridades responsables, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de las cien a las mil Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el primer punto resolutivo sobreseer en el presente juicio de amparo, en el segundo negar el amparo y en el tercero conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Presidente Municipal de Ayala, Morelos, Ayuntamiento Constitucional de Ayala, Morelos y Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de diez días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, y remita copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. Cabe precisar que los efectos de la sentencia de amparo son los siguientes: a) No se le aplique en el caso concreto ni en el futuro, los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. b) Se devuelva a la parte quejosa la cantidad que pagó por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que asciende a la cantidad de $6,110.00 (SEIS MIL CIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). [.] En el entendido que la cantidad a devolver deberá actualizarse de conformidad con la jurisprudencia 2ª/J. 13/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 592 de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)." En consecuencia, se procede a realizar la actualización de la cantidad pagada por la parte quejosa por concepto de cobro del impuesto adicional al de adquisición de bienes inmuebles, dicha actualización se realizará de acuerdo a la fecha del pago (veintiocho de junio de dos mil diecinueve) y a la fecha del presente requerimiento, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada. ACTUALIZACIÓN MES MAS RECIENTE (SEPTIEMBRE) ENTRE MES ANTERIOR (DE ACUERDO A LA FECHA DE PAGO) MAYO 2019 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 103.942 / ? 103.233 1.00686796 El factor de ajuste se obtiene dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo, esto es, septiembre de dos mil diecinueve (103.942) entre el mes anterior de acuerdo a la fecha del pago (103.233), que da como resultado (1.00686796). CANTIDAD POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN CANTIDAD TOTAL A PAGAR $6,110.00 * 1.00686796 $6,151.96 Por lo tanto, las autoridades responsables deberán devolver a la parte quejosa, la cantidad de $6,151.96 (seis mil ciento cincuenta y un pesos 96/100 moneda nacional). De lo anterior, es necesario que acrediten con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, la referida autoridad está obligada a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Cabe precisar que el término de diez días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Cabildo del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, para que dentro del término de diez días, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a las autoridades responsables, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de las cien a las mil Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 981/2019-II, promovido por INGRID CECILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinue******CONSIDERANDO: PRIMERO. C******* Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR INGRID CECILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, respecto al cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, que reclamó al Secretario de Hacienda y Director General del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, ambos del Estado de Morelos, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A INGRID CECILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, respecto de los actos reclamados que hizo consistir en la aprobación, expedición y promulgación, de los artículos 94 Ter, al 94 Ter-11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, así como su acto de aplicación; actos que reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, así como al Ayuntamiento Presidente, Tesorero y Secretario del Municipio de Ciudad Ayala, Morelos, por los motivos expuestos en el considerando sexto. TERCERO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A INGRID CECILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, respecto del proceso legislativo y contenido de los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad, todos del Estado de Morelos, así como respecto al cobro de la cantidad de $6,110.00 (SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Ayuntamiento, Presidente, Tesorero y Secretario del Municipio de Ciudad Ayala, Morelos, atento a lo expuesto en el considerando último. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diez de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que da fe.
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