Inés Verónica Martell Balseca
Expediente 384/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Inés Verónica Martell Balseca
- Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de dieciocho de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato del artículo 2 de ésta, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se practique el cómputo respecto a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al accionante de garantías, no así a las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, tomo VII, junio de 1998, novena época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículo 21, inciso c), del citado acuerdo general, el incidente de suspensión es destruible, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y el incidente de suspensión, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Agréguese copia autorizada de la presente determinación en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo para que obre como corresponda. Ahora, tomando en consideración que la autoridad responsable Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió copia certificada del expediente 565/2018 de su índice; devuélvase el mismo a la responsable de mérito, ya que carece de objeto su permanencia en este juzgado. Finalmente, se autoriza al secretario a que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remite el escrito suscrito por Carlos López Espinoza, apoderado legal de la parte tercera interesada, Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; y, en atención a su contenido al efecto se provee: 1. Con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente asunto con el carácter de tercera interesada. Dese vista con las constancias que integran el presente asunto. 2. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 27 de la ley en cita, se tiene como domicilio, para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se provee. 3. Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************; así como en términos del artículo 24 de la referida ley, a las demás personas que menciona por así haberlo solicitado expresamente. 4. Ahora, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales que deriven de este asunto se realicen por vía electrónica, y para tal efecto de se autoriza el usuario "CARLOSLOPEZESPINOZA", en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Por otra parte, con la finalidad de privilegiar la tramitación del presente juicio de amparo mediante el esquema del juicio en línea, se autoriza al referido usuario la consulta en línea del presente expediente; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para lo cual, se instruye para ese efecto, al Oficial judicial A, adscrito a este Juzgado de Distrito. 5. Ahora bien, en relación con el correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de este para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso y de ser necesario, previa certificación, se incorporará al expediente. Notifíquese vía electrónica, y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Recepción. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se tiene por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que anexa el juicio de amparo 256/2023, de su índice, incidente de suspensión y un tomo de pruebas. En tales condiciones, una vez analizadas las constancias que integran el aludido sumario constitucional, se comparte el criterio sustentado por el órgano declinante; por tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo. Fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise), bajo el número 384/2023. Incidente de suspensión. Identifíquese el cuaderno incidental remitido por la autoridad oficiante, con la carátula correspondiente al presente sumario. Insértese copia certificada de este proveído para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del mismo, toda vez que de sus actuaciones se advierte que mediante resolución de tres de abril de dos mil veintitrés, la autoridad declinante resolvió en definitiva respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa. Compensación. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, para su registro y compensación correspondiente. Se convalidan actuaciones. Comuníquese personalmente esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan las actuaciones practicadas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta localidad, de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2° y continúese con el trámite legal del juicio. Vinculación de expediente electrónico. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita atentamente al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación permanente del expediente 256/2023 de su índice, al diverso 384/2023 de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; asimismo, comunique a este juzgado dicha autorización. Causa de Improcedencia. Al respecto, conviene señalar que en esta instancia constitucional la quejosa reclama la resolución del incidente de nulidad de notificaciones datada el catorce de febrero del año en curso, dictado en el juicio especial sumario hipotecario número 565/2018, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se actualiza, POR NO HABER AGOTADO LA QUEJOSA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia del juicio biinstancial prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) La ley aplicable conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, de la lectura íntegral de la demanda, en especial de los antecedentes del acto reclamado, los cuales bajo protesta de decir verdad narra el promovente del amparo, se advierte lo siguiente: La impetrante es parte demandada dentro del juicio sumario hipotecario, en el expediente 565/2018, de donde derivan los actos reclamados, promovido en su contra por Carlos López Espinoza, apoderado legal de la Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima de institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por lo que no es tercera extraña a juicio. Que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la ahora quejosa, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, respecto al acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, realizadas el tres de mayo y veintitrés de agosto, ambos de dos mil veintidós, incidente que se mandó tramitar sin suspensión del principal, ordenándose correr traslado a los demandados incidentistas por el término de ley. Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos dentro de dicha incidencia, sin la asistencia de las partes. El catorce de febrero de dos mil veintitrés, se dictó la interlocutoria correspondiente, en la que se declaró parcialmente procedente dicho incidente de nulidad. Actuación anterior, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Sin embargo, en la especie surge a la vida jurídica la causa de improcedencia señalada, porque en contra de resolución interlocutoria mencionada, procede el recurso de apelación contemplado en el artículo 405, en relación a los numerales 405 y 513 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, que es de naturaleza civil en materia local; además, porque la aquí quejosa es parte demandada dentro del juicio sumario hipotecario, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él. Los numerales citados mencionan lo siguiente: "Artículo 405. Los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo. "Artículo 513. Las resoluciones que tiendan directamente a ejecutar las sentencias, serán irrecurribles. Las demás resoluciones que se dicten en esta etapa serán impugnables mediante el recurso de apelación, el cual se admitirá en efecto devolutivo." De lo anterior, resulta inconcuso que, a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, la aquí quejosa debe impugnar la resolución que considera le causa perjuicio, a través del recurso de apelación, establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado los actos de que se duele, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial. En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar la resolución de que se duele -interlocutoria-, pues ésta debió ser previamente impugnada a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos. De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que los actos de molestia impugnados carecen de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, la impetrante del amparo, es parte dentro del juicio hipotecario de origen, al ser parte demandada en el mismo, por tanto no le asiste el carácter de tercera extraña a juicio o tercera extraña por equiparación, lo cual la obliga a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado. Sin que obste a lo anterior, que si bien en el primer párrafo del numeral 513 del Código de Enjuiciamiento civil de esta Entidad Federativa, se establezca que las resoluciones tendentes directamente a ejecutar las sentencias, serán irrecurribles; sin embargo, también se precisa en dicho precepto legal, que las demás resoluciones que se dicten en esta etapa -interlocutoria reclamada-, serán impugnables mediante el recurso de apelación, el cual se admitirá en efecto devolutivo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175974, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." De igual forma, resulta aplicable, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, se debe destacar que en la especie no se está ante alguna excepción al aludido principio de definitividad, puesto que de autos se desprende, que la parte quejosa es parte en el juicio de origen, además de que las actuaciones reclamadas, no importan peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por lo que la disconforme, a todas luces estaba obligada a agotar el principio de definitividad. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Y la jurisprudencia novecientos ochenta y seis del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página seiscientos setenta y ocho del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En tal virtud, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI. 2o. J/52, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 401 del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, de título y contenido siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". Por lo tanto, al no haber sido agotado el medio ordinario de defensa en mención, en cumplimiento del principio de definitividad, ello actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento fuera de audiencia el juicio de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo. Además cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se autoriza al Secretario judicial de la adscripción, a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA/ TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Recepción. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se tiene por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que anexa el juicio de amparo 256/2023, de su índice, incidente de suspensión y un tomo de pruebas. En tales condiciones, una vez analizadas las constancias que integran el aludido sumario constitucional, se comparte el criterio sustentado por el órgano declinante; por tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo, 51, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo. Fórmese expediente electrónico e impreso, y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise), bajo el número 384/2023. Incidente de suspensión. Identifíquese el cuaderno incidental remitido por la autoridad oficiante, con la carátula correspondiente al presente sumario. Insértese copia certificada de este proveído para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento respecto del mismo, toda vez que de sus actuaciones se advierte que mediante resolución de tres de abril de dos mil veintitrés, la autoridad declinante resolvió en definitiva respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa. Compensación. Hágase lo anterior del conocimiento de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta localidad, para su registro y compensación correspondiente. Se convalidan actuaciones. Comuníquese personalmente esta determinación a las partes, informándoles que se convalidan las actuaciones practicadas por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta localidad, de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2° y continúese con el trámite legal del juicio. Vinculación de expediente electrónico. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, se solicita atentamente al titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, de no tener inconveniente alguno, autorice la vinculación permanente del expediente 256/2023 de su índice, al diverso 384/2023 de este juzgado, a fin de integrar el expediente electrónico respectivo; asimismo, comunique a este juzgado dicha autorización. Causa de Improcedencia. Al respecto, conviene señalar que en esta instancia constitucional la quejosa reclama la resolución del incidente de nulidad de notificaciones datada el catorce de febrero del año en curso, dictado en el juicio especial sumario hipotecario número 565/2018, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se actualiza, POR NO HABER AGOTADO LA QUEJOSA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia del juicio biinstancial prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) La ley aplicable conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, de la lectura íntegral de la demanda, en especial de los antecedentes del acto reclamado, los cuales bajo protesta de decir verdad narra el promovente del amparo, se advierte lo siguiente: La impetrante es parte demandada dentro del juicio sumario hipotecario, en el expediente 565/2018, de donde derivan los actos reclamados, promovido en su contra por Carlos López Espinoza, apoderado legal de la Institución Financiera Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima de institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por lo que no es tercera extraña a juicio. Que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la ahora quejosa, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones, respecto al acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, realizadas el tres de mayo y veintitrés de agosto, ambos de dos mil veintidós, incidente que se mandó tramitar sin suspensión del principal, ordenándose correr traslado a los demandados incidentistas por el término de ley. Por auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos dentro de dicha incidencia, sin la asistencia de las partes. El catorce de febrero de dos mil veintitrés, se dictó la interlocutoria correspondiente, en la que se declaró parcialmente procedente dicho incidente de nulidad. Actuación anterior, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Sin embargo, en la especie surge a la vida jurídica la causa de improcedencia señalada, porque en contra de resolución interlocutoria mencionada, procede el recurso de apelación contemplado en el artículo 405, en relación a los numerales 405 y 513 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, el cual es válidamente aplicable por ser el ordenamiento legal que rige el procedimiento del juicio de donde emana el acto reclamado, que es de naturaleza civil en materia local; además, porque la aquí quejosa es parte demandada dentro del juicio sumario hipotecario, al ser parte en ese procedimiento está en aptitud de deducir sus derechos dentro de él. Los numerales citados mencionan lo siguiente: "Artículo 405. Los autos que resuelvan incidentes serán apelables en el efecto devolutivo. "Artículo 513. Las resoluciones que tiendan directamente a ejecutar las sentencias, serán irrecurribles. Las demás resoluciones que se dicten en esta etapa serán impugnables mediante el recurso de apelación, el cual se admitirá en efecto devolutivo." De lo anterior, resulta inconcuso que, a fin de agotar el principio de definitividad rector del juicio de amparo, la aquí quejosa debe impugnar la resolución que considera le causa perjuicio, a través del recurso de apelación, establecido en los numerales antes transcritos, medio de defensa legal a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado los actos de que se duele, y, de no resultarle favorable tal resolución, será hasta entonces que esté en aptitud de accionar el juicio de amparo biinstancial. En efecto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente para impugnar la resolución de que se duele -interlocutoria-, pues ésta debió ser previamente impugnada a través del medio de defensa legal apuntado, el cual resulta obligatorio agotar antes de acudir a esta instancia constitucional, pues la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, siendo suficiente que la ley que rige el acto los contenga para estar a disposición del interesado y éste pueda ejercerlos. De manera que no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo y al no haberlo hecho así, es evidente que los actos de molestia impugnados carecen de dicho principio que rige el juicio de amparo, de donde deviene la causal de improcedencia señalada, pues como se dijo, la impetrante del amparo, es parte dentro del juicio hipotecario de origen, al ser parte demandada en el mismo, por tanto no le asiste el carácter de tercera extraña a juicio o tercera extraña por equiparación, lo cual la obliga a agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley que rige el acto reclamado. Sin que obste a lo anterior, que si bien en el primer párrafo del numeral 513 del Código de Enjuiciamiento civil de esta Entidad Federativa, se establezca que las resoluciones tendentes directamente a ejecutar las sentencias, serán irrecurribles; sin embargo, también se precisa en dicho precepto legal, que las demás resoluciones que se dicten en esta etapa -interlocutoria reclamada-, serán impugnables mediante el recurso de apelación, el cual se admitirá en efecto devolutivo. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia J/259, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 175974, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." De igual forma, resulta aplicable, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, se debe destacar que en la especie no se está ante alguna excepción al aludido principio de definitividad, puesto que de autos se desprende, que la parte quejosa es parte en el juicio de origen, además de que las actuaciones reclamadas, no importan peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por lo que la disconforme, a todas luces estaba obligada a agotar el principio de definitividad. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Y la jurisprudencia novecientos ochenta y seis del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página seiscientos setenta y ocho del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En tal virtud, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia VI. 2o. J/52, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 401 del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, de título y contenido siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". Por lo tanto, al no haber sido agotado el medio ordinario de defensa en mención, en cumplimiento del principio de definitividad, ello actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo que motiva el sobreseimiento fuera de audiencia el juicio de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo. Además cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se autoriza al Secretario judicial de la adscripción, a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades; publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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