Ines Severiana Paz Paz
Expediente 928/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ines Severiana Paz Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 928/2023 ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza administrativa, con residencia, la autoridad responsable, dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca: La omisión de responder su escrito de petición presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el que solicita se le tenga señalando nuevo domicilio y autorizados para recibir notificaciones, relacionado al juicio de nulidad ... de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; asimismo, para que se proceda a cumplir con el fallo dictado en dicho juicio. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, fue OMISA en rendir su informe justificado, a pesar de que fue legalmente notificada de la petición del mismo el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, razón por la cual se presume cierto el acto atribuido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, con apoyo de la constancia aportada por la quejosa, en las que se puede evidenciar que el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, y recibido el mismo día en dicha dependencia, la aquí quejosa presento escrito de petición dirigido a la responsable, a efecto de que le tenga señalando nuevo domicilio y autorizados para recibir notificaciones, relacionado al juicio de nulidad... de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; asimismo, para que se proceda a cumplir con el fallo dictado en dicho juicio Sin embargo, la autoridad responsable, hasta esta fecha en que se resuelve, inclusive, no ha dado contestación a lo solicitado, menos aún, por razones obvias, ha notificado la respuesta; lo anterior, es la materia del acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No se observa causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, motivo por el cual se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción. Es aplicable la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 164618, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, el quejoso, en resumen, señala que: 1.- Se vulnera en su perjuicio su derecho humano a la respuesta pronta, completa, coherente, fundada y motivada, contenida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por que debido a que conforme a dicho precepto constitucional toda autoridad deberá respetar el derecho de petición de los gobernados, siempre y cuando se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, debiendo recaer a toda petición una contestación de la autoridad que deberá hacerlo saber al interesado en breve termino Esta vulneración aducida, señala el quejoso, es un derecho conocido ya que el respeto al derecho de petición o derecho a una respuesta, para que sea cumplida no basta con que la autoridad cumpla con la formalidad de dar contestación a una petición y notificarlo al interesado, ya que para que la garantía mencionada se vea plenamente cumplida, la autoridad debe dar respuesta a la petición de que se trate de una manera completa, congruente dando respuesta a cada uno de los planteamientos del solicitante, invocando los dispositivos legales aplicables y exponiendo los razonamientos necesarios que justifiquen el sentido de la respuesta. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto de omisión reclamado. Los conceptos de violación, estudiados en su conjunto, en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo, resultan FUNDADOS Y SUFICIENTES para conceder a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, porque esencialmente el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha dado respuesta al escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés. En primer lugar, cabe mencionar que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 8. "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del precepto transcrito, se advierte que toda autoridad, ante la petición que algún gobernado le realice por escrito, siempre que sea de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar una respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del interesado, también por escrito, el resultado de su solicitud. Entendiendo por "congruente" que la respuesta relativa debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado, sin omisión de alguna cuestión y sin consideraciones contrarias entre sí y por "breve término", el intervalo de tiempo en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, pero sin que el servidor esté vinculado a responder de forma favorable a los intereses del solicitante. Es aplicable la tesis XXI.1o.P.A. J/27 emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y siete, libro XI, marzo de dos mil once, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se cita: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS." El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa.". La interpretación sistemática del artículo y criterios transcritos, revelan que toda autoridad ante la cual se haya presentado una solicitud o petición escrita por parte del gobernado, en forma pacífica y respetuosa, adquiere las obligaciones siguientes: 1.- Dar respuesta congruente y por escrito, dentro de un breve término; y, 2.- Notificar al particular la respuesta otorgada en el domicilio señalado para tal efecto. Luego, resulta claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motiva, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Por ello, si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando por qué lo estiman así, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con lo pedido, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa reclama al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, la omisión de responder su escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en el que solicita se le tenga señalando nuevo domicilio y autorizados para recibir notificaciones, relacionado al juicio de nulidad 903/20-15-01-7 de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; como también para que se proceda a cumplir con el fallo dictado en dicho juicio. Y ya que, ni hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de septiembre de dos mil veintitrés), ni durante la prosecución del juicio, menos aún, hasta este momento en que se resuelve, la responsable se ha pronunciado sobre lo pedido, conforme al texto del numeral 208, fracción X, de la Ley del ISSSTE, que prescribe que dentro de las funciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentran la realización de actos jurídicos relacionados con las prestaciones y servicios descritos en la propia ley. Entonces, es de concluir, que el acto de omisión reclamado, es atentatorio del numeral 8° de la Carta Magna, pues al señalar la ley que la responsable debe realizar los actos jurídicos relacionados con las prestaciones y servicios de su competencia, de los que pide la parte quejosa se efectúen, por haber obtenido en el juicio de nulidad 903/20-15-01-7 de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; de lo cual no ha recibido respuesta, a pesar de que la promoción fue presentada ante su potestad desde hace ya diez meses, sin que la autoridad se haya pronunciado conforme al texto de la ley, menos aún -por razones obvias- se ha ordenado notificarla, es claro existe una infracción al imperativo constitucional descrito. En ese tenor, por ser ello una violación directa a la Constitución, lo propio es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTIFCIA FEDERAL QUE SE SOLICITA. Efectos de la concesión. Para el efecto de que el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, con libertad de jurisdicción realice lo siguiente: 1.- De manera inmediata, es decir, dentro del término de veinticuatro horas, de contestación congruente, completa, fundada y motivada, a las peticiones contenidas en el escrito presentado ante esa autoridad por la parte quejosa el veintiséis de enero del presente año, esto es, con respecto a la solicitud para que se le tenga señalando nuevo domicilio y autorizados para recibir notificaciones, relacionado al juicio de nulidad 903/20-15-01-7 de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como también provea lo conducente acerca del cumplimiento al fallo con que culminó el juicio de nulidad en mención, y, por supuesto, notifique a la brevedad, dentro del mismo término de otras veinticuatro horas, a la peticionaria. Se invoca en apoyo la tesis del Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Décimo sexto circuito, consultable en la pági1672 del libro 7, junio de 2014, tomo II, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de loa Federación, de rubro y texto literal siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. OCTAVO.- Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... en términos y para los efectos plasmados en el considerando séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ... atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se le autoriza consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica la autoridad oficiante previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Por otra parte, se le tiene autorizando a la C. ********, para que en su nombre y representación reciba notificaciones y se imponga de los autos, conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo 12 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distrito, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distrito, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. Por lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional que tendría lugar el veinticuatro de este mes y año, se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 928/2023, ... C O N S I D E R A N D O : ÚNICO. EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad señalada como responsable Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, no rindió su informe previo, no obstante haber quedado debidamente notificado de la petición del mismo, pues así se advierte de la constancia de notificación que obra en el expediente; motivo por el cual, con apoyo en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que la quejosa le atribuyó. ESTUDIO DE MEDIDA CAUTELAR Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de las fracciones I y II, del artículo 128, en relación con el 147 ambos de la Ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella, en sus términos; sin que sea necesario atender que los efectos deban ser como lo solicite la parte quejosa, pues en este punto el juez de amparo puede hacer un pronunciamiento distinto. POR CUANTO HACE AL ACTO DE OMISIÓN Con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, atento a que la medida cautelar no otorgaría a la parte quejosa un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo. Ello, pues se darían a la suspensión definitiva así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 K (11a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, materia Común, con registro digital 2025912, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO. Hechos: El quejoso solicitó, en el juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla de contestar su solicitud de pensión o jubilación. Criterio jurídico: Existe un impedimento jurídico para otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, porque la medida cautelar no otorgaría al quejoso un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo. Justificación: Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la suspensión del acto reclamado debe permitir que la parte quejosa alcance un beneficio transitorio, que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal. Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, cuando la violación alegada en el juicio de amparo está relacionada con el derecho de petición, esto es, un acto de naturaleza omisiva, el efecto de la eventual sentencia estimatoria consistirá, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en obligar a la responsable a emitir una respuesta por escrito, congruente, completa, rápida, fundada y motivada a la petición formulada del quejoso. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, pues la respuesta recaída a la petición, en esos términos, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En mérito de lo expuesto y fundado legalmente, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega a ********************, la suspensión definitiva que solicitó del acto y la autoridad precisados en esta resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE.
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