Inés Rodríguez Romano

Expediente 362/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
362/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Inés Rodríguez Romano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia: con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por *****, ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y glósese a los presentes autos, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio.

  2. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio firmado vía electrónica por **********, apoderada legal de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual, en cumplimiento a la suspensión definitiva de tres de abril del año en curso, remite el comprobante de pago correspondiente a la segunda quincena de abril del presente año a favor de la parte quejosa, circunstancia de la que se toma debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a estos autos para su correcta integración. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. 1. Se agrega informe justificado. Glósese a los autos el oficio de cuenta signado en representación del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Unidad de Atención al Derechohabiente en Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo informe justificado, con los cuales dese vista a las partes por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En consecuencia con el oficio y anexo de cuenta, se ordena dar vista a la parte quejosa. En ese sentido, el principal objetivo de dicha vista, es respetar el derecho de audiencia del justiciable para: a) que tenga la oportunidad de expresar argumentos tendentes a refutarla; b) hacer notar aspectos no analizados por este juzgado al momento de recibir las constancias; o, c) hacer llegar elementos de prueba para desvirtuar lo manifestado por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera analógica, la tesis XXI.2º.16 K, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN."1. En el entendido de que de conformidad con el numeral 66 segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles, se aplicación supletoria a la Ley de la materia, el vocablo "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados. 2. Delegados y Domicilio. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a las personas que mencionan y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. 3. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales anexas a su oficio de cuenta, las cuales se admiten y desahogan, en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. 4. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la citada responsable se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "**********", vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuarios "**********" e "**********" En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Estado procesal de autos. Ahora, se advierte que la peticionaria de amparo **********, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, Unidad de Atención al Derechohabiente en Naucalpan del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mismos que hace consistir en esencia la omisión de realizar el pago de la pensión por jubilación, otorgada el dos de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, esta Juzgadora federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 del dispositivo legal invocado, se sobresee en el presente juicio de amparo antes de audiencia, por los motivos siguientes: Los dispositivos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; luego, en caso de actualizarse la cesación de los efectos tildados de transgredir los derechos de la parte quejosa, lo procedente es sobreseer el juicio constitucional. Se corrobora lo anterior porque, de las constancias que adjuntan las autoridades responsables, propiamente del oficio 207C0401520101L/dP/3910/2023, de diez de abril de dos mil veintitrés, se obtiene que se ordenó el pago total de la pensión a favor de la quejosa **********, así como de todas y cada una de la prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionado, para la segunda quincena de abril del presente año. En este orden de ideas, resulta inconcuso que el acto reclamado cesó en todos sus efectos con motivo de que el diez de abril del presente año, se determinó el pago total de la pensión a favor de la quejosa **********, así como de todas y cada una de la prestaciones a las que tiene derecho en su calidad de pensionado, para la segunda quincena de abril del presente año, pues la pretensión de la parte quejosa fue satisfecha y, con ello, restituida en el pleno goce de sus derechos como si se hubiera concedido el amparo. En ese sentido, con el oficio 207C0401520101L/dP/3910/2023, de diez de abril de dos mil veintitrés, signado por el Encargado del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, hizo cesar los actos que dieron origen a este amparo, habida cuenta que esa nueva situación restituyó de manera total e incondicional a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó vulnerado; de ahí que al haber cesado la conducta que reclamó, lógico es que, como se dijo anteriormente, se actualiza en la especie la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, cuyo texto señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, resulta ilustrativa la siguiente tesis VI.1o.T.6 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, agosto de 2016, página:2522, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente." Por lo que, es procedente sobreseer el juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose ésta podría ser desvirtuada con prueba alguna la causal invocada, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando la causa de improcedencia es notoria e indudable, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Así lo establece en lo conducente de la tesis 13K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Acceso a la justicia. El hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto por cuanto hace a las autoridades de referencia, en el caso, no constituye una decisión que haya tenido como consecuencia que se niegue el acceso a la justicia a la parte quejosa, ni tampoco que se haya dejado de aplicar lo previsto en los artículos 133 de la Constitución Federal, 2.1, a), 26 y 27.1, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; y, 8, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los criterios contenidos en la jurisprudencia nacional. Ello, debido a que el derecho de acceso a la justicia no implica necesariamente que se deba otorgar la razón a las pretensiones que se presentan ante el órgano jurisdiccional, sino únicamente implica que se le permita acceder a la jurisdicción, cumpliéndose con las formalidades en el juicio, tal como aconteció en el presente caso. Aunado a lo anterior, si bien la parte inconforme tiene a su favor el "acceder a un recurso sencillo y rápido que se resuelva en un plazo razonable"; ello, de ninguna manera significa que adquiere un derecho para poder soslayar los diversos requisitos procesales que se deben satisfacer. Esto es, la circunstancia de que se tenga a su favor el derecho de acceso a la impartición de justicia, no implica ni tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, como en el caso ocurre respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado, pues se deben observar los requisitos necesarios y satisfacerse éstos, para que el mismo sea procedente. Además, el estimar lo contrario, esto es que no deben respetarse los presupuestos procesales y que siempre debe resolverse el fondo de la cuestión planteada, en el caso equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicable en el caso, por identidad de razón la jurisprudencia 1a. /J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA"2. Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que se encuentra señalada a las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a las autoridades responsables mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que rindan sus informes justificados, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo; la cual se señala atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional, misma que no es posible programar dentro del término establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 2638, del Tomo LXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 327991, cuyo rubro y texto disponen: "AUDIENCIA, SEÑALAMIENTO TARDIO DE LA. Es infundada la queja, porque el Juez de Distrito haya señalado día para la celebración de la audiencia constitucional, después de los treinta días del en que se admite la demanda, porque si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse dentro del término expresado, también es verdad que dicho precepto debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo, con las dificultades que en la práctica se presentan, ya que siendo muchos los negocios que se tramitan en los tribunales federales, no es posible humanamente que se observe la ley en todos sus detalles, de manera que si se hace ese señalamiento fuera del término supradicho, no puede decirse que se viola la ley, si no se justifica que ese lejano señalamiento, obedezca a dolo o parcialidad del Juez." Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese.

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