Inés Reyes Cortés

Expediente 408/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
408/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
22/05/2015

Partes del expediente

  • Inés Reyes Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III B Vistos los autos y certificación de cuenta, de los que se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra, el auto de veintiocho de abril de dos mil quince, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio (fojas 40 a 42), sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho auto, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA III B Agréguese el oficio número 2956 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; por el que en atención al requerimiento de veinticuatro de abril de dos mil quince, informa que mediante oficio 2951 remitió copia certificada del escrito de veintiocho de enero de dos mil quince de la quejosa INÉS REYES CORTES, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    MESA III B. Notificación personal por lista. (Quejosa). Agréguese el oficio número 2951 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña, por el que en atención al requerimiento de veinticuatro de abril del año en curso (foja 35), remite copia certificada del escrito de veintiocho de enero de dos mil quince suscrito por Marco Antonio Bohórquez Escobar, apoderado de la parte actora INÉS REYES CORTÉS; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte dicha documental, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio relacionarla en la audiencia constitucional. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que INÉS REYES CORTES reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión en que ha incurrido para dar respuesta a su escrito de veintiocho de enero de dos mil quince, por el que solicito se requiriera a la demandada Marisa del Socorro Marín Ruiz para que pague las cantidades a las que se obligó conforme al requerimiento de nueve de febrero de dos mil trece, relativo al juicio laboral 1095/2004(4). La aludida Junta responsable al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, en virtud de que en el expediente laboral 1095/2004 (4) de su índice, por la excesiva carga de trabajo, hasta el diez de abril de dos mil quince acordó el escrito del apoderado de la parte actora, aquí quejosa INÉS REYES CORTES mediante el cual se le requirió a la parte demandada Marisa del Socorro Marín Ruiz, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "Carrusel" para que dentro del término de tres días hábiles exhibiera ante esa Junta la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) a favor de la parte actora (fojas 14 y 27). Ahora bien, de las constancias que aparecen glosadas en autos se conoce que mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil quince, Marco Antonio Bohórquez Escobar, apoderado legal de Inés Reyes Cortés, solicitó a la junta del conocimiento que requiriera a la demandada para que en el término de tres días pagara la cantidad de dos mil pesos cero centavos moneda nacional, depositándolo ante esa autoridad laboral, con apercibimiento de multa, en virtud de que había incumplido con el requerimiento de pago de diecinueve de febrero de dos mil trece; en atención a dicha petición la Junta responsable actualizó los salarios caídos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo se requirió a la demandada Marisa del Socorro Marín Ruiz, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "Carrusel" para que dentro del término de tres días hábiles exhibiera la cantidad de dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional a favor de la actora monto que se obligó a pagar mensualmente en diligencia de diecinueve de febrero de dos mil trece así como para que señale el día de cada mes en que realizará los subsecuentes pagos para cubrir el monto total de la condena. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo tales premisas, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (24 de marzo de 2015 -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al acordar la autoridad responsable el escrito del apoderado legal de la parte quejosa, mediante proveído emitido el diez de abril de dos mil quince en el expediente laboral 1095/2004(4) es evidente que se restituyó a la impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causal de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 35 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA III B Agréguese el oficio número 2951 de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y anexo que acompaña, por el que en atención al requerimiento de veinticuatro de abril del año en curso (foja 35), remite copia certificada del escrito de veintiocho de enero de dos mil quince suscrito por Marco Antonio Bohórquez Escobar, apoderado de la parte actora INÉS REYES CORTÉS; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte dicha documental, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio relacionarla en la audiencia constitucional. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que INÉS REYES CORTES reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la omisión en que ha incurrido para dar respuesta a su escrito de veintiocho de enero de dos mil quince, por el que solicito se requiriera a la demandada Marisa del Socorro Marín Ruiz para que pague las cantidades a las que se obligó conforme al requerimiento de nueve de febrero de dos mil trece, relativo al juicio laboral 1095/2004(4). La aludida Junta responsable al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, en virtud de que en el expediente laboral 1095/2004 (4) de su índice, por la excesiva carga de trabajo, hasta el diez de abril de dos mil quince acordó el escrito del apoderado de la parte actora, aquí quejosa INÉS REYES CORTES mediante el cual se le requirió a la parte demandada Marisa del Socorro Marín Ruiz, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "Carrusel" para que dentro del término de tres días hábiles exhibiera ante esa Junta la cantidad de $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) a favor de la parte actora (fojas 14 y 27). Ahora bien, de las constancias que aparecen glosadas en autos se conoce que mediante escrito de veintiocho de enero de dos mil quince, Marco Antonio Bohórquez Escobar, apoderado legal de Inés Reyes Cortés, solicitó a la junta del conocimiento que requiriera a la demandada para que en el término de tres días pagara la cantidad de dos mil pesos cero centavos moneda nacional, depositándolo ante esa autoridad laboral, con apercibimiento de multa, en virtud de que había incumplido con el requerimiento de pago de diecinueve de febrero de dos mil trece; en atención a dicha petición la Junta responsable actualizó los salarios caídos, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el numeral 735 de la Ley Federal del Trabajo se requirió a la demandada Marisa del Socorro Marín Ruiz, en su carácter de propietaria del Jardín de Niños "Carrusel" para que dentro del término de tres días hábiles exhibiera la cantidad de dos mil pesos, cero centavos, moneda nacional a favor de la actora monto que se obligó a pagar mensualmente en diligencia de diecinueve de febrero de dos mil trece así como para que señale el día de cada mes en que realizará los subsecuentes pagos para cubrir el monto total de la condena. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo tales premisas, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (24 de marzo de 2015 -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al acordar la autoridad responsable el escrito del apoderado legal de la parte quejosa, mediante proveído emitido el diez de abril de dos mil quince en el expediente laboral 1095/2004(4) es evidente que se restituyó a la impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causal de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 35 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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