Inés Prieto Contreras
Expediente 211/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Inés Prieto Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, el estado procesal y la certificación de cuenta. Transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes (quejosa y terceras interesadas) por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de realizar manifestaciones en relación con el cumplimiento que la responsable refirió haber dado a la sentencia de amparo. El impetrante Inés Prieto Contreras a través de su autorizado Armando Martín Colín Arjona desahogó esa vista al tenor del ocurso acordado el cinco de septiembre de este año. No así los terceros interesados. Por lo tanto, este órgano constitucional procede a emitir la determinación correspondiente. El acto reclamado en el presente asunto se hizo consistir en: -El auto de no vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 763/2022, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el delito de violencia familiar previsto en el artículo 154 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, en agravio de la víctima Inés Prieto Contreras. Seguida la secuela procesal, mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente el auto de no vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 763/2022. 2. Conforme a los lineamientos precisados en esta sentencia, excluya de los razonamientos en que sustente su decisión la existencia de la carpeta SAT/DJXIX/FEMUJ/F3/412/2022 iniciada en contra del aquí quejoso, así como que para que sea objetiva la investigación deben acumularse las dos indagatorias. Hecho lo cual, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, analice la imputación y datos de prueba a fin de determinar si se actualizan los requisitos marcados en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, resuelva lo que en derecho proceda..." La sentencia no fue recurrida. Causó ejecutoria mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, donde se requirió a la autoridad responsable, para que justificara su cumplimiento. En atención a dicho proveído, durante la sección de ejecución el Juez de Control Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó gestiones realizadas en vía de cumplimiento. Finalmente, por oficio registrado con folio 9591 comunicó lo relativo y remitió documentales (copias certificadas y disco versátil digital) para acreditar el total acatamiento del fallo constitucional. Lo que se acordó el veinticuatro de agosto del año que transcurre. Se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Proveído que se notificó en términos de las constancias agregadas en autos. Dentro del plazo correspondiente, únicamente el quejoso a través de su autorizado ejerció ese derecho. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra acatada en sus términos de acuerdo con las actuaciones existentes en este expediente. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO Impuesto de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa. Concretamente de las documentales y disco óptico correspondiente, se desprende que en cumplimiento a la sentencia amparadora, el Juez responsable realizó lo siguiente: - Por determinación de cuatro de agosto de dos mil veintitrés [de lo que este juzgado tuvo noticia el diez de agosto de dos mil veintitrés], dejó insubsistente el acto reclamado (auto de no vinculación a proceso de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso penal 763/2022 de su índice). - Previa citación realizada a las partes, el dieciséis de agosto de este año celebró audiencia de continuación de solicitud a vinculación a proceso. Con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución donde excluyó en su decisión la existencia de la carpeta SAT/DJXIX/FEMUJ/F3/412/2022 iniciada en contra de Inés Prieto Contreras así como que debían acumularse dos indagatorias para realizar una investigación objetiva. -De manera fundada y motivada, analizó la imputación y datos de prueba propuestos por la fiscalía. Hecho lo cual, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de Blanca Idalia Prieto Ixtepan y Oswaldo de la Maza Prieto (aquí terceros interesados), por los hechos con apariencia del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 154 Bis del Código Penal vigente, cometido en agravio del aquí impetrante de amparo. En esencia, por no haberse justificado ese ilícito existiendo la excluyente de atipicidad. En esas condiciones, se determina que con el actuar de la responsable, en los términos antes apuntados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, y 196 de Ley de Amparo, el fallo protector ha quedado cumplido. Lo anterior se sostiene sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de la parte quejosa (escrito acordado el cinco de septiembre del año en curso). Argumenta la responsable no emitió su resolución en apego al artículo 19 Constitucional en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales porque a su consideración, sí se cumplen los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso. Esos aspectos escapan de los efectos para los que se concedió la protección constitucional. Alega vicios de fondo que no pueden ser analizados a través de este amparo en virtud que en el caso, como ya se explicó, la responsable cumplió las directrices plasmadas en la propia ejecutoria donde se le otorgó libertad de jurisdicción para analizar la imputación y datos de prueba dentro del proceso penal de origen. De ahí que el Juez de Control actuó conforme lo ordenado por esta potestad federal. Archívese el presente asunto como concluido. Hágase la captura en el libro de control electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto ES CONSERVABLE -será transferido una vez transcurran tres años- al haberse concedido la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al cuaderno físico del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar definitiva se decreta -una vez transcurran tres años- es susceptible de destrucción. Insértese copia certificada del presente proveído en dicho sumario para los efectos legales correspondientes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. No existe razón para que continúe a disposición de esta autoridad el dispositivo USB exhibido por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérasele para que comparezca a recibirlo. Se les concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo, correrá la suerte del expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, el estado procesal y la certificación de cuenta. Transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes (quejosa y terceras interesadas) por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de realizar manifestaciones en relación con el cumplimiento que la responsable refirió haber dado a la sentencia de amparo. El impetrante Inés Prieto Contreras a través de su autorizado Armando Martín Colín Arjona desahogó esa vista al tenor del ocurso acordado el cinco de septiembre de este año. No así los terceros interesados. Por lo tanto, este órgano constitucional procede a emitir la determinación correspondiente. El acto reclamado en el presente asunto se hizo consistir en: -El auto de no vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 763/2022, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por el delito de violencia familiar previsto en el artículo 154 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, en agravio de la víctima Inés Prieto Contreras. Seguida la secuela procesal, mediante sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, realizara lo siguiente: ".1. Deje insubsistente el auto de no vinculación a proceso dictado en la continuación de la audiencia inicial de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el proceso penal 763/2022. 2. Conforme a los lineamientos precisados en esta sentencia, excluya de los razonamientos en que sustente su decisión la existencia de la carpeta SAT/DJXIX/FEMUJ/F3/412/2022 iniciada en contra del aquí quejoso, así como que para que sea objetiva la investigación deben acumularse las dos indagatorias. Hecho lo cual, con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, analice la imputación y datos de prueba a fin de determinar si se actualizan los requisitos marcados en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, resuelva lo que en derecho proceda..." La sentencia no fue recurrida. Causó ejecutoria mediante auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, donde se requirió a la autoridad responsable, para que justificara su cumplimiento. En atención a dicho proveído, durante la sección de ejecución el Juez de Control Comisionado al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial en San Andrés Tuxtla, Veracruz, informó gestiones realizadas en vía de cumplimiento. Finalmente, por oficio registrado con folio 9591 comunicó lo relativo y remitió documentales (copias certificadas y disco versátil digital) para acreditar el total acatamiento del fallo constitucional. Lo que se acordó el veinticuatro de agosto del año que transcurre. Se dio vista a las partes a fin de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Proveído que se notificó en términos de las constancias agregadas en autos. Dentro del plazo correspondiente, únicamente el quejoso a través de su autorizado ejerció ese derecho. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra acatada en sus términos de acuerdo con las actuaciones existentes en este expediente. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO Impuesto de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa. Concretamente de las documentales y disco óptico correspondiente, se desprende que en cumplimiento a la sentencia amparadora, el Juez responsable realizó lo siguiente: - Por determinación de cuatro de agosto de dos mil veintitrés [de lo que este juzgado tuvo noticia el diez de agosto de dos mil veintitrés], dejó insubsistente el acto reclamado (auto de no vinculación a proceso de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso penal 763/2022 de su índice). - Previa citación realizada a las partes, el dieciséis de agosto de este año celebró audiencia de continuación de solicitud a vinculación a proceso. Con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución donde excluyó en su decisión la existencia de la carpeta SAT/DJXIX/FEMUJ/F3/412/2022 iniciada en contra de Inés Prieto Contreras así como que debían acumularse dos indagatorias para realizar una investigación objetiva. -De manera fundada y motivada, analizó la imputación y datos de prueba propuestos por la fiscalía. Hecho lo cual, dictó auto de no vinculación a proceso en favor de Blanca Idalia Prieto Ixtepan y Oswaldo de la Maza Prieto (aquí terceros interesados), por los hechos con apariencia del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 154 Bis del Código Penal vigente, cometido en agravio del aquí impetrante de amparo. En esencia, por no haberse justificado ese ilícito existiendo la excluyente de atipicidad. En esas condiciones, se determina que con el actuar de la responsable, en los términos antes apuntados, con fundamento en los artículos 77, fracción I, y 196 de Ley de Amparo, el fallo protector ha quedado cumplido. Lo anterior se sostiene sin que pasen inadvertidas las manifestaciones de la parte quejosa (escrito acordado el cinco de septiembre del año en curso). Argumenta la responsable no emitió su resolución en apego al artículo 19 Constitucional en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales porque a su consideración, sí se cumplen los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso. Esos aspectos escapan de los efectos para los que se concedió la protección constitucional. Alega vicios de fondo que no pueden ser analizados a través de este amparo en virtud que en el caso, como ya se explicó, la responsable cumplió las directrices plasmadas en la propia ejecutoria donde se le otorgó libertad de jurisdicción para analizar la imputación y datos de prueba dentro del proceso penal de origen. De ahí que el Juez de Control actuó conforme lo ordenado por esta potestad federal. Archívese el presente asunto como concluido. Hágase la captura en el libro de control electrónico respectivo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto ES CONSERVABLE -será transferido una vez transcurran tres años- al haberse concedido la protección constitucional y carecer de relevancia documental. En cuanto al cuaderno físico del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar definitiva se decreta -una vez transcurran tres años- es susceptible de destrucción. Insértese copia certificada del presente proveído en dicho sumario para los efectos legales correspondientes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. No existe razón para que continúe a disposición de esta autoridad el dispositivo USB exhibido por la parte quejosa. Se ordena la devolución. Requiérasele para que comparezca a recibirlo. Se les concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo, correrá la suerte del expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por **********, autorizado en términos amplios del quejoso Inés Prieto Contreras. Desahoga la vista otorgada en proveído de veinticuatro de agosto de este año, respecto del cumplimiento que la responsable informó haber dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario. Estese en espera de que transcurra el plazo concedido a las partes [quejosa y terceros interesados] en el referido acuerdo, a efecto de que este órgano jurisdiccional califique el acatamiento del fallo protector. Momento procesal en que se valorarán las manifestaciones esgrimidas en el ocurso de cuenta. Notifíquese..."
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio (con anexos) signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, Comisionado en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla, Veracruz. En atención a su contenido, se tienen por recibidas las documentales (copias certificadas y disco versátil digital) con que pretende acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente sumario. En consecuencia, levántese la reserva establecida en auto de veintitrés de agosto pasado. Con fundamento en lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio y documental de cuenta, dese vista y córrase traslado a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Igualmente, dígaseles que el disco compacto exhibido en cumplimiento al fallo protectriz por el Juez responsable está a su disposición en este recinto judicial para la obtención de copia. En el entendido que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado, conforme a las constancias de autos, dictará la resolución que corresponda en consonancia con lo que al efecto señala el citado precepto. Finalmente, procédase agregar el disco versátil digital recibido en una caja que resguarde su integridad y hágase un respaldo temporal de su contenido. Hasta en tanto se ordene el archivo del presente juicio de amparo. Notifíquese. Personalmente a la parte quejosa y por lista a los terceros interesados, por así haberse ordenado en auto de once de abril de este año...".
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