Ines Pablo Martinez

Expediente 1185/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1185/2015
Año
2015
Actuaciones
8
Última actuación
04/09/2015

Partes del expediente

  • Ines Pablo Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la quejosa **, hubiese recurrido el auto de trece de agosto del año en curso, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido... NOTIF

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte demandada, relativo al auto de veinte de mayo del año en curso, dictado dentro del juicio laboral **, donde la junta responsable acordó las pruebas ofrecidas por las partes; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintiuno de julio del presente año, por lo que, se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar a la quejosa. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de notificar el acuerdo en el que señale fecha para el desahogo de pruebas dentro del juicio laboral **. Al rendir su informe justificado, el Presidente del Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que, el auto de veinte de mayo del año en curso, en el cual se acordaron las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral multicitado fue debidamente notificado a la parte actora el dieciocho de junio y a la parte demandada el diez de agosto, ambos del año en curso; remitiendo para tal efecto copia certificada del citado expediente, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si la peticionaria de amparo reclama la omisión por parte de la responsable en notificar el auto en el que señale fecha para el desahogo de pruebas dentro del juicio laboral **(veinte de mayo del año en curso); es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de emplazar a la parte demanda ya se ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la quejosa De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la de ofrecimiento de pruebas, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. No pasa desapercibido por este órgano juzgado de Distrito, la existencia de la jurisprudencia número 2a./J. 44/2007, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS."; sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal jurisprudencia fue emitida al resolver la contradicción de tesis 219/2006-SS, y en la cual surgió el diverso criterio 45/2007, mismo que ha sido abandonado por la propia Sala emisora al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, donde se refirió que la jurisprudencia de rubro "JUSTICIA EXPEDITA. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO DE TRAMITARLO DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO PROCEDE SOBRESEERLO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO O CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, SINO CONCEDERSE EL AMPARO PARA QUE EN LO SUBSECUENTE SE RESPETEN.", no resultaba suficiente para acreditar que el auto recurrido era contrario a derecho. Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad 282/2013; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, en relación a la parte tercero interesada no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de agosto de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que, a la fecha ya transcurrió el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese realizado lo anterior. Por lo anterior, toda vez que, la autoridad responsable en mención, no ha dado cumplimiento a la sentencia de que se trata, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, otórguesele por única ocasión un plazo de diez días, a efecto de que se encuentre en posibilidad de cumplir. Por tanto, requiérase al Gobernador, al Secretario de Hacienda, ambos del Estado de Morelos, a efecto de que, en su carácter de superiores jerárquicos, ordenen a la Subsecretaría de Ingresos de que se trata a dar cumplimiento a la presente ejecutoria, con el apercibimiento de que de no demostrar que dieron la orden correspondiente para que se cumpla la sentencia de amparo, a cada uno se les impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la ley de la materia en vigor, además, de que incurrirá en las mismas responsabilidad de la autoridad responsable. Asimismo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de setenta y dos horas contadas a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, acuda debidamente identificada ante la autoridad que corresponda, a recoger el referido título de crédito. En ese contexto, de igual manera se requiere a la autoridad oficiante, para que, en cuanto la parte quejosa comparezca a recoger el pago correspondiente, remita copia certificada de las constancias con las que lo acredite; ello, a fin de estar en condiciones de pronunciarse respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por acuerdo de veintiuno de julio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad que ahí se indica, por lo que no ha transcurrido el plazo de ocho días establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que deben mediar entre la fecha de notificación a las partes de dicho informe y la de celebración de la audiencia constitucional; en consecuencia, se difiere la misma para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese.

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