Inés Omar Coronel Aispuro

Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
494/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2020

Partes del expediente

  • Inés Omar Coronel Aispuro

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiese hecho uso de tal derecho...HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. ... Háganse las anotaciones en el libro de gobierno; y, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. ... ...se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA "4" SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA INÉS OMAR CORONEL AISPURO Y/O AUTORIZADOS, EL ACUERDO DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE. ACUERDO:"En la Ciudad de México, veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo con la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ----------------------------contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2020-4 y fórmese expediente electrónico e impreso. Consideración previa Es menester precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de conceptos de violación refirió que han transcurrido seis meses de interpuesto el recurso de apelación y no tiene certeza que se haya radicado ante un Tribunal Unitario en Materia Penal de esta ciudad, lo que se convierte en una tortura psicológica por el solo hecho de no saber la situación jurídica actual de dicho medio de impugnación, por lo que aduce que es un tormento psicológico. Sin embargo, debe decirse que en el artículo 126 de la Ley de Amparo a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Del análisis de los citados preceptos, se advierte que una suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que el simple hecho de desconocer la substanciación del medio de impugnación promovido ante la responsable, no trae como consecuencia que se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en específico el tormento psicológico a que hace referencia. Improcedencia del juicio de amparo Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: La demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica con la firma electrónica de -------------------, no así del directo quejoso. Sin embargo, se precisa que el acto que se alega en la demanda, no se encuentran inmersos en el artículo 15 de la ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal que sigue: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" Ese precepto legal revela que en los casos en que se trate de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para promover directamente el juicio de amparo relativo, cualquier persona puede hacerlo en su favor. Con lo anterior queda patente la intención perseguida por el legislador federal al contemplar el supuesto jurídico inmerso en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que no es otra más que la de facilitar el acceso a la vía constitucional cuando la propia parte quejosa enfrenta una imposibilidad real para instar directamente la acción de amparo ante los tribunales federales. Así las cosas, la interpretación literal y gramatical del artículo 15 de la Ley de Amparo, conduce a considerar que dichos supuestos operan cuando se reclame algún acto que implique un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para acudir directamente o por un representante a instar la vía constitucional; lo que en la especie no acontece. Lo anterior, dado que el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en: ".el ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ en Turno, el recurso de apelación Interpuesto por el directo quejoso en contra de la interlocutoria de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte..." En ese sentido, del contenido integral de la demanda de amparo no se advierte que el quejoso se encuentre imposibilitado para suscribir por propio derecho incluso de manera escrita, el ocurso de amparo. En consecuencia, no se actualiza ningún supuesto a que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, no encuadra en lo previsto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. En ese sentido, dado que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de servicios en línea, debe atender a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda; por tanto, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica del directo quejoso---------------------------. Ahora, se debe puntualizar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° y 6° de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" [.] "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". (Lo destacado no es de origen) De acuerdo con los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviad o, por su representante legal o su defensor. Ahora bien, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, y para el supuesto de presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL o e.firma) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los Acuerdos Generales 1/2013 y 1/2015, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Asimismo, el ocho de junio de dos mil veinte se aprobó el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, mediante el cual se reiteran las disposiciones relativas a la promoción y tramitación de los expedientes presentados a través del sistema electrónico. En esa tesitura, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con el Acuerdo General 12/20201 , se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover, entre otras materias, la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica" (FIREL o e.firma), entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL o e.firma) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor 1 De del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Lo anterior, de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, en relación con el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. La misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o por órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si el postulante de derechos fundamentales pretendía instar la protección constitucional de manera electrónica, debió cumplir con el requisito antes citado; esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta tal requisito, debe considerarse que el quejoso, no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o e.firma), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Además, como ya se dijo el acto reclamado en el presente asunto consiste en: ".--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------..." Por lo que, en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como de los numerales 10 segundo párrafo, 17 y 42, 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo... Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción 2 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2019715, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Página: 79. XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la ley de la materia, a contrario sensu; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías con la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ---------------------------. En ese sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que inste nuevamente la acción de amparo con las formalidades y precisiones descritas en los párrafos que anteceden. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el inmueble ubicado en calle -----------------------------------------------------------------------------------------------------, en la Ciudad de México. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a -------------------------------------------------------------------------------------------. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que en el caso de ser necesario firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que en caso de ser necesario practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario ------------------; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes param anifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente...."

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