Ines Olivia Cid Flores

Expediente 2156/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2156/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Ines Olivia Cid Flores
  • Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo sin que se hayan devuelto las constancias remitidas por el Juez Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen el Anexo I. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que el auto que sobreseyó en el juicio ha causado estado, para todos los fines legales correspondientes. En tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años de su archivo, pues el juicio concluyó con un auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario; una vez transcurrido este plazo este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes procederá a la destrucción del presente expediente; debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Asimismo, se considera que este expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el que rinde el informe justificado que le corresponde, adjuntando un legajo de copias certificadas de diversas actuaciones practicadas dentro del juicio de alimentos 980/2012; y en ese sentido, se acuerda lo siguiente. Al efecto, de la lectura integral de las constancias recibidas en este juzgado federal, se estima que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura del escrito de demanda recibido el treinta de noviembre de dos mil veintidós, a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, y su aclaratorio presentado siete de diciembre pasado, la quejosa Inés Olivia Cid Flores acudió a esta instancia constitucional a inconformarse contra las omisiones atribuidas al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como al Juzgado Noveno Auxiliar en Materia Familiar del Estado de Puebla, consistentes en: -La omisión de dictar resolución al convenio judicial celebrado el tres de agosto de dos mil veintidós, por las partes integrantes en la contienda que se ventila en el juicio de alimentos 980/2012 radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Ahora bien, el Juzgado Primero Familiar responsable, al rendir su correspondiente informe justificado, aceptó la existencia de la omisión que se le atribuye. No obstante, de las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado se desprenden entre otras cuestiones, que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, la Jueza Novena Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, en auxilio del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dictó la resolución correspondiente a la modificación de convenio, promovido inicialmente por ******* en contra de ******, respecto de los menores con iniciales C.M.C. y A.M.C. Constancias que de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede pleno valor probatorio. Bajo ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto reproducido, prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. Así, en las anotadas circunstancias se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente 980/2012, resolviera lo correspondiente al convenio que celebró con su contraparte; es evidente que tal actuación se vio satisfecha en la medida en que la autoridad responsable, por conducto del Juzgado Noveno Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, dictó la resolución de mérito. Por consiguiente, con tal actuación es evidente se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si los actos tildados de inconstitucionales no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y seis minutos del diez de enero del año en curso, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica del Subdirector de Recursos Administrativos de la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud en representación de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por el que acusa recibo del oficio 51170/2022 mediante el cual se le remitió el oficio 35740/2022 dirigido al Secretario de Salud del Gobierno Federal, de lo que se tiene conocimiento para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante designando como delegados de su parte a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, siempre y cuando sea su residencia oficial.

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