Ines Navarro Rufino

Expediente 1558/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1558/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Ines Navarro Rufino

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1558/2023, promovido ****, contra el acto del Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por **** contra el acto del Juez Segundo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, precisado en el considerando segundo, por las razones vertidas en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de julio de dos mil veintitrés. Parte quejosa manifiesta imposibilidad para el pago de edictos. Téngase por recibido el escrito que suscriben por ****, respectivamente, personalidad que se les reconoce porque así lo acreditan con la copia certificada de sus credenciales expedidas por el Registro Agrario Nacional Delegación Jalisco; atento a su contenido, se les tiene manifestando su imposibilidad para cubrir el pago de los edictos ordenados en auto de treinta de junio del año en curso, solicitando se ordene la publicación de los mismos sin costo para dicha parte, y estos sean a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Estudio socioeconómico. Ahora bien, en virtud de lo anterior, a fin de obtener mayores elementos para verificar la imposibilidad a que alude la parte quejosa, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, gírese atento oficio al Director de Trabajo Social de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente auto, informe si cuenta con personal, para efecto de que, en auxilio y por comisión de este Juzgado, realice a la parte quejosa **** un estudio socioeconómico en el que se desprenda si cuenta o no con los medios económicos suficientes para cubrir el costo de la publicación de los edictos; lo anterior, en virtud de que dicho trámite resulta fundamental para la debida substanciación del presente sumario constitucional, y así otorgar al promovente una impartición de justicia pronta y expedita y no dejarlo en un estado de desprotección, desventaja o discriminatorio por razón del factor económico, lo anterior con apoyo en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo o de no manifestar la imposibilidad que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, así como en los transitorios segundo y tercero del decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, que, entre otros, reformó la fracción VI, apartado A, del artículo 123 constitucional. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento y tres pesos 74/100 moneda nacional). Sin que lo anterior sea impedimento para que la parte quejosa pueda ofrecer diversas probanzas con el fin de acreditar su dicho respecto del estado de imposibilidad en que se encuentra, si así lo estima pertinente. Cobra aplicación al respecto, la tesis de la Décima Época, con registro 2008746, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable dentro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su libro 16, marzo de 2015, tomo II, 1a. CXXIII/2015 (10a.), localizable a página 1110, la cual es del rubro y textos siguientes: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso". Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de julio de dos mil veintitrés. Autoridad informa. Visto el oficio de cuenta que signa la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintidós de junio pasado, remite parcialmente las constancias que se le requirieron, agréguese a los autos y téngase a la autoridad oficiante cumpliendo parcialmente con el requerimiento de marras. Requerimiento. Por tanto, y toda vez que son necesarias diversas constancias para resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los ordenamientos citados, requiérase nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco para que dentro del término de tres días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado de distrito: Remita la constancia de notificación a la parte actora del proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, o en su defecto copia certificada de la misma e informe si dicha notificación fue impugnada y si fue así, el estado procesal de dicho medio de impugnación al momento del desahogo del presente requerimiento. Debiendo acreditar su dicho con documentales fehacientes. Apercibimiento. Se le apercibe que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Orienta a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Notifíquese por lista física y electrónica.

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