Inés Morales Rosales
Expediente 1263/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1263/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Inés Morales Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que esa determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que en el cuaderno incidental que deriva del presente juicio de amparo, se encuentra pendiente por resolver el recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, en contra de la resolución incidental de veinticinco de septiembre del año dos mil veintitrés (sic), en la que se negó la suspensión definitiva, el cual conoce el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el registró ******************** de su estadística; por tanto, se reserva acordar lo relativo al archivo del presente expediente hasta en tanto el Ad quem informe lo relativo a ello; por tanto, comuníquese lo determinado en el presente proveído al citado Tribunal para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los escritos de cuenta, a través de los cuales, representante legal de la parte tercera interesada con el primero, solicita copia certificada por triplicado del auto de diez de octubre de dos mil veintitrés y autoriza a para su recepción. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 278 de la normatividad antes referida, expídase en un tanto la copia de la determinación de diez de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. Asimismo, se tiene por autorizados para la recepción de las copias antes descritas a las personas que refiere. En diverso orden de ideas, con el segundo escrito de cuenta, solicita se haga del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, en virtud de que dicho Órgano jurisdiccional, es quien conoce del recurso de revisión interpuesto contra el auto que negó la suspensión definitiva en el cuaderno incidental que deriva del presente juicio. En ese sentido, se toma conocimiento de lo solicitado por el promovente y se reserva acordar lo correspondiente hasta en tanto el referido acuerdo de diez de octubre pasado, cause estado. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y de un estudio de las constancias que remitió el Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente ******************** de su índice, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En atención a lo anterior, este juzgador considera que se actualiza la causal de sobreseimiento 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XIV, y 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De lo anterior se aprecia que de conformidad con el artículo 61, fracción XIV de la ley de la materia, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que surtió efectos su notificación, conforme a la ley del acto. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años. III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se obtiene que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se puede concluir que, cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días (regla general). Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Ahora, del análisis integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio ******************** del índice del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y por ende, todo lo actuado y sus consecuencias. Acto reclamado que no se ubica en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, habida cuenta que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o destierro, y menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; incluso, con la promoción de este juicio constitucional, no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. Luego, es menester precisar que en el punto 5 de su demanda de amparo, consistente en los antecedentes del acto reclamado la quejosa manifestó lo siguiente "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto, que tuve conocimiento del acto reclamado el día lunes catorce de agosto de dos mil veintitrés."; sin embargo, contrario a lo indicado por la promovente del amparo, al realizar un estudio pormenorizado de las constancias del expediente ******************** de donde emana el acto reclamado, se aprecia que en la audiencia testimonial celebrada el cinco de abril de dos mil diecinueve, entre otros ésta compareció a ese expediente en su calidad de testigo, y por lo tanto, dicho acto se debió combatir dentro del plazo de quince días que para tal efecto establece el numeral 17 de la Ley de Amparo, contado desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la determinación por la cual tuvo conocimiento de los hechos relativos al juicio de origen. Es decir, si se advierte que el cinco de abril de dos mil diecinueve, la parte aquí quejosa ******************** tuvo conocimiento de los hechos del juicio de origen, es inconcuso que una vez que surtiera efectos ello, tuvo posibilidad de impugnar el acto en la vía constitucional, pues, al realizársele preguntas relativas a ese asunto, podía desprender la afectación a sus derechos que en esta vía constitucional defiende. De ahí que, la fecha en la que tuvo conocimiento del acto reclamado en esta vía, es la que fija el punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo, mismo que surtió sus efectos al segundo día en el que se le notificó, y el plazo empezó a correr al día siguiente. Por consiguiente, el término para presentar la demanda de amparo respecto del acto reclamado en este asunto, transcurrió a partir del día siguiente al en que surtió efectos ese conocimiento que tuvo, sin contar los días previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por lo cual, si la promovente del amparo presentó su demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés (cuatro años cuatro meses posteriores a que tuvo conocimiento de los hechos del juicio de origen) -según consta en el sello respectivo-, resulta inconcuso que ello ocurrió después de transcurrido el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tal motivo resulta extemporánea la demanda de amparo en el presente asunto. En las relatadas condiciones, conforme a lo establecido por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, debe estimarse tácitamente consentido lo actuado en el procedimiento reclamado, pues, se insiste, tampoco se advierte que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la ley indicada; y por ende, al actualizarse así la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley referida, procede sobreseerse en el presente sumario constitucional. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, a página 1931, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Así como, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que se aprecia en la página 235, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Asimismo, la tesis VI.2o.C.249 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que se aprecia en la página 1430, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO. El que acude a solicitar amparo en su carácter de tercero extraño al juicio generador de los actos reclamados no puede acogerse a los términos establecidos en el artículo 22, fracción III, de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda, esto es, de noventa y ciento ochenta días, pues éstos resultan aplicables sólo cuando el quejoso resida en lugar diverso al del procedimiento de origen y reclame la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, por no haber sido emplazado legalmente a éste; consecuentemente, fuera de este supuesto el agraviado debe someterse al plazo genérico de quince días contemplado en el artículo 21 del citado ordenamiento legal." Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras responsables pues el acto no se le reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Asimismo, se hace del conocimiento de la aquí quejosa lo que establece el artículo 261 de la ley de amparo, en relación a la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo a los que declaran con falsedad para obtener una ventaja procesal indebida: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, (.)." Lo anterior, es así dado que de la demanda de amparo que aquí se atiende y de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que señala una fecha diversa a la que tuvo conocimiento del acto que reclama. En ese tenor, el hecho de que algunos de los criterios invocados, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, se deja sin efectos. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, admite el recurso de revisión hecho valer por la quejosa Inés Morales Rosales, el cual quedó registrado bajo el número de 368/2023 de su estadística. Circunstancias de la que este órgano toma conocimiento. Cúmplase.
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