Ines Maria Rodriguez Machado

Expediente 1771/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1771/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco (Denominación Correcta)
  • Ines Maria Rodriguez Machado

Actuaciones

  1. Principal

    IX.- SE AVOCA AL CONOCIMEINTO EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO, SE ORDENA EL ARCHIVO.

  2. Principal

    IX.- EN VIRTUD QUE SE REMITIÓ EL JUICIO PRINCIPAL DEL CUAL EMANA ESTE CUADERNO DE ANTECEDENTES AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TABASCO CON MOTIVO DEL DEL CONOCIMIENTO PREVIO PLANTEADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL; POR TANTO, REMÍTASE AL HOMÓLOGO FEDERAL LA DILIGENCIA DONDE LOS QUEJOSOS RATIFICAN LA DEMANDA PROMOVIDA A SU FAVOR, PREVIA COPIA QUE SE OBTENGA DE LA MISMA, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Radicación.Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales promovida por ********************en representación de ********************contra actos de la Sub representante Local, Encargada de la Estación de Migración en Villahermosa, adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración. En consecuencia, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1771/2022-IX. Acto reclamado De la lectura de la demanda de amparo, en virtud de las facultades que otorga el artículo 74 de la Ley de Amparo, atendiendo la intencionalidad de su autor, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: aseguramiento, ilegal detención, incomunicación, malos tratos. Ahora, no se realiza pronunciamiento respecto a la suspensión solicitada contra el acto reclamado consistente en el impedimento al libre tránsito en contra del quejoso, al no tratarse de actos señalados en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Denominación correcta de autoridad La parte quejosa señaló como autoridad responsable a la siguiente: ( Sub representante Local, Encargada de la Estación de Migración en Villahermosa, adscrita a la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración Al respecto, cabe destacar que en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado la autoridad local migratoria, ha reiterado en diversas ocasiones que la denominación correcta de las autoridades que cita la parte promovente es Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco; lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como un hecho notorio para este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se aclara la denominación de la autoridad, por lo que en el presente juicio de amparo se tiene como responsable a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en párrafo precedente. Suspensión de plano Por tanto, con apoyo en el artículo 15 de la ley que rige la materia y el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: a) Incomunicación y malos tratos. Respecto del acto de incomunicación que señala la parte quejosa, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), b), subincisos, 1), 2) y 3), 12, párrafos 1 y 2, 17, párrafo 1 y 2 inciso d; 18, párrafo 1; 20, párrafo 2, y 24, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; así como, los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que cese de inmediato el acto consistente en la incomunicación, y todo acto que se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, se ordena a la(s) autoridad(es) responsable(s), que la suspensión que se concede tiene como efecto que sin demora deberá(n) evitar todo acto tendente a incomunicación de los quejosos ********************. Ahora, si este Juzgado de Distrito advierte algún dato que haga presumir la comisión de acto de incomunicación, con fundamento en el artículo 262 de la Ley de Amparo; inmediatamente se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, para que proceda conforme a sus facultades constitucionales, en la investigación de tales hechos. b) Aseguramiento y/o detención. En relación a los actos de detención fuera de procedimiento de la parte quejosa, retención y alojamiento, resulta importante destacar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es la libertad de residencia; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetas a límites y subordinadas a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Ahora bien, la promovente ********************refiere que el directo quejoso ********************son de nacionalidad cubana; asimismo, que fue detenido por autoridades migratorias y alojado en las Instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que los quejosos queden a disposición de este Juzgado únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, y a disposición de la responsable, para que, en caso de que la privación de la libertad esté relacionada con la comisión de un delito, sin dilación, sea puesta a disposición del Fiscal del Ministerio Público competente, para que éste determine su libertad, retención o consignación en términos del aplicable artículo 16 Constitucional, siempre y cuando no exista un procedimiento para resolver su estancia migratoria. En efecto, de existir un procedimiento en contra de la parte quejosa para resolver su situación migratoria; entonces, se concede la suspensión solicitada para el efecto de que la responsable garantice los derechos reconocidos en la Constitución Federal, Tratados Internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano, de los directos quejosos ********************de nacionalidad cubana, que la detención, en alguna Estación Migratoria respectiva, garantice los derechos reconocidos en la Constitución Federal, Tratados Internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano, lo que implica que, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, de haberse emitido el acuerdo de presentación respectivo, en la estación migratoria en que se encuentren, se le respeten los derechos siguientes: ( Prestarle servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; ( Atender los requerimientos alimentarios de dicho extranjero. ( Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de las extranjeras arriba citadas, a hombres y mujeres; ( Procurar la convivencia familiar; ( Garantizar el respeto de los derechos humanos de las extranjeras presentadas; ( Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; ( Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa del acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Además, en términos de artículo 102 de la Ley de Migración, deberá de comunicarle a la parte quejosa de estar sometida a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, que en lo que se dicta resolución definitiva, podrán: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Asimismo, que la garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, la tesis I.7o.P.7 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA SUSPENSIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD, CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA QUE DECRETA EL ALOJAMIENTO DE UN MENOR EXTRANJERO PARA RESOLVER SU SITUACIÓN MIGRATORIA, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE AMPARO Y ARMONIZARLAS CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y CON LA LEY DE MIGRACIÓN. De conformidad con el artículo 164, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, tratándose de actos en que la detención del quejoso la efectúe una autoridad administrativa distinta del Ministerio Público y que no tenga relación con la comisión de un delito, el efecto de la suspensión será que la persona sea puesta en libertad. Ahora bien, si el acto reclamado lo constituye la orden de la autoridad migratoria que decreta el alojamiento de un menor extranjero para resolver su situación migratoria, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión, el Juez de Distrito, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, puede adoptar medidas de aseguramiento en términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la calidad del quejoso por tratarse de persona menor de edad y migrante -grupos en situación de vulnerabilidad-; de ahí que con la finalidad de asegurar su comparecencia ante la autoridad migratoria para continuar con el procedimiento administrativo iniciado en su contra, no sólo debe atender a los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo -artículo 168-, pues esas medidas deben armonizarse con lo que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -artículo 1o.- y la Ley de Migración -artículo 102-." Lo anterior, en el entendido que de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración deberán resolver, en su caso, la situación regular de los quejosos en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, a menos que se actualice cualquiera de los supuestos establecidos en dicho numeral, esto es, que no exista información fehaciente sobre su identidad o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar a los migrantes, y que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. Adicionalmente, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de queja 8/2022, de su índice, el cual se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la citada legislación, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO contra el acto de privación de la libertad, para los efectos precisados en la ejecutoria en comento: Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efectos legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si con posterioridad a lo decretado por el suscrito juzgador en la presente determinación, exista una diversa actuación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de la parte quejosa. Al margen de lo anterior, en el caso de que la privación de la liberta NO tenga relación con la comisión de un delito, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 164 de la Ley de la materia, se concede a ********************para que SEAN PUESTOS EN INMEDIATA LIBERTAD, siempre y cuando, como ya se dijo, no exista un procedimiento para resolver la estancia migratoria. Inexigibilidad de garantía económica Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional se pronuncia en favor de la procedencia de medidas menos restrictivas de la libertad personal, por lo que las autoridades migratorias responsables deben atender a la medida suspensional que ahora se decreta en favor de la libertad personal de la parte quejosa, ya que con la información procesal con la que se cuenta se tiene que en apariencia, se favorece al buen derecho y no se afecta de manera notable el interés social. Por tanto, las responsables deberán dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su denominación), que aseguren que el quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político; entre ellas, la obligación de presentarse ante la propia autoridad administrativa cuantas veces les sea exigido. En ese sentido, tomando en cuenta la naturaleza de este asunto y en virtud de la condición vulnerable de la parte quejosa al tratarse de persona (s) migrante (s), en el supuesto de que sea procedente la libertad de la parte solicitante del amparo, no será necesario que las responsables exijan el cumplimiento al inciso a) del artículo 102 de la Ley de Migración, esto es, que se otorgue una garantía económica suficiente y a satisfacción, pues se considera suficiente para el otorgamiento del citado beneficio, el cumplimiento de las diversas medidas establecidas en el aludido numeral; lo anterior, haciendo una interpretación conforme a los derechos humanos de la parte impetrante y en atención al principio pro persona. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4167, registro digital 2024801, Undécima Época, que establece: "MIGRACIÓN O MOVILIDAD INTERNACIONAL. ES UN FACTOR PROPIO DE VULNERABILIDAD POR EL CUAL SE PUEDE PADECER DISCRIMINACIÓN SISTÉMICA Y DESIGUALDAD, QUE REQUIERE DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS TRANSFORMATIVAS PARA SER REMEDIADA. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso, alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que la situación de migración o movilidad internacional es un factor propio de vulnerabilidad por el cual se puede padecer discriminación sistémica y desigualdad, que se ve especificada en atención a la interseccionalidad. Dicha situación requiere la adopción de medidas transformativas en todas las esferas del poder político para ser remediada. Justificación: Al tratar situaciones de personas migrantes -entre ellas, las personas solicitantes de la condición de refugiado- se debe recordar que, por lo general, éstas se encuentran en una situación de vulnerabilidad al compararlas con las personas no migrantes -nacionales o residentes-. Los movimientos territoriales de poblaciones, en sí mismos, entrañan innumerables situaciones peligrosas. A lo anterior se suman las ideas xenófobas y de exclusión que pueden ser parte de las sociedades de recepción de los migrantes, las dificultades a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, dificultades económicas, sociales, así como ciertos obstáculos especiales para regresar a sus Estados de origen, entre otras. Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico específico; sin embargo, es mantenida por situaciones de iure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades sustantivas o estructurales), lo cual conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unas y otras a los recursos públicos administrados por el Estado. En este sentido, la discriminación sistémica y la desigualdad histórica exigen la adopción de medidas transformativas en todas las esferas del poder político para ser remediadas. Esto significa que toda autoridad debe adoptar correcciones dentro del marco institucional disponible, lo que, en el caso de migrantes, se traduce en: (i) la obligación de abstenerse de realizar acciones que directa o indirectamente creen situaciones de discriminación de iure o de facto, que tengan como consecuencia la discriminación directa o indirecta de las personas migrantes; (ii) la obligación de adoptar las medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en perjuicio de los migrantes; y (iii) la obligación de hacer distinciones objetivas y razonables entre migrantes y sus calidades migratorias solamente cuando sean conformes con los derechos humanos y el principio pro persona, entre otras." Asimismo, la tesis II.4o.P.2 K (11a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2025372, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU CONCESIÓN CONTRA EL ALOJAMIENTO PROLONGADO DE PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UN ALBERGUE O ESTACIÓN MIGRATORIA, ES PARA EL EFECTO DE QUE QUEDEN EN LIBERTAD, Y EL JUEZ DEBE FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS -DIVERSAS A LA GARANTÍA ECONÓMICA- PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO CORRESPONDIENTE Y NO DEJARLAS AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES MIGRANTES. Hechos: Un asesor jurídico federal promovió juicio de amparo en favor de personas migrantes, entre ellas niños, contra el alojamiento, detención o aseguramiento de que son objeto por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la inminente y posible deportación o expulsión del país y solicitó la suspensión de plano de los actos reclamados para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados menores de edad. La Jueza de Distrito la concedió para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que actualmente se encontraban y, en el supuesto de que la detención de los quejosos estuviera relacionada con una cuestión migratoria administrativa y hubiesen excedido las horas citadas, la otorgó para el efecto de que fueran puestos en libertad, dejando a la autoridad responsable que fijara las reservas relativas a establecer las condiciones necesarias para que continuaran sometidos al procedimiento administrativo migratorio respectivo hasta su resolución. Inconforme con lo anterior, dicho asesor interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, quien resolvió el recurso por competencia excepcional, dado que estima que, por razón de la materia correspondía a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, determina que al conceder la suspensión de plano en el juicio de amparo contra el alojamiento prolongado de personas migrantes en situación irregular en un albergue o estación migratoria, además de ordenar su libertad, el Juez debe fijar las medidas alternativas necesarias -diversas a la garantía económica- para el seguimiento del procedimiento administrativo migratorio correspondiente, máxime si se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes migrantes, y no dejarlas al arbitrio de la autoridad migratoria responsable. Justificación: Ello, porque por un lado dichas detenciones no tienen relación con la comisión de un delito, sino que son de carácter administrativo al ser efectuadas por la autoridad migratoria y, por otro, de conformidad con el principio de excepcionalidad de la detención previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se busca no colocar a las personas migrantes, incluidos niños, niñas y adolescentes, en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de la infancia y de unidad familiar y, a su vez, asegurar el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo migratorio competencia de la autoridad responsable bajo la supervisión del Juez, pues al dejar supeditadas dichas medidas al pronunciamiento de la autoridad responsable, no se garantiza de manera plena la salvaguarda de los derechos de dichas personas, que por su calidad de extranjeros y por el grado de vulnerabilidad en que se encuentran, merecen protección especial. Por ejemplo, dichas medidas pueden ser: i) proporcionar un domicilio en el lugar de residencia del Juzgado de Distrito, ii) carta responsiva de ciudadano u organización social mexicana, iii) presentación periódica ante el Juez de amparo y no abandonar la demarcación territorial de su residencia sin autorización previa, entre otras; sin que se estime factible la exhibición de garantía económica, pues además de contravenir el principio de excepcionalidad de la detención, debe considerarse su precariedad monetaria y la ausencia de vínculos personales que enfrentan dichas personas, derivados de su misma condición migratoria." Notificación a la(s) autoridad(es) responsable(s) Para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión oficiosa, comuníquese de inmediato a la(s) autoridad(es) responsable(s) la suspensión de plano para su debido cumplimiento; y para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, informe(n) por oficio a este Juzgado de Distrito, el cumplimiento que haya dado a la medida cautelar, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Articulo 262. Se impondrá´ pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Requerimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s) En otro aspecto, requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Sí en su base de datos existe registro de que los directos quejosos cuenten con algún permiso de visitante, reconocimiento de condición de refugiado u otro documento vigente, expedido por autoridad migratoria, que acredite su situación regular en el país. De ser afirmativo lo anterior, remitan copia certificada de las constancias que así lo acredite, ya que de contar los quejosos con documento que acredite su situación migratoria regular, no debe estar alojado en dicha estación migratoria. Apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado, de conformidad con el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se le(s) impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo a su valor diario, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de Amparo con relación en el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Requerimiento relativo al derecho de reconocimiento de la condición de refugiado. Requiérase a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que informe(n) si dieron cumplimiento a lo previsto en el artículo 109, fracción II, de la Ley de Migración, de manera particular, si informaron a la parte quejosa, de su derecho para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, y en su caso, si les otorgaron las facilidades correspondientes para el uso de dicha prerrogativa. No obstante lo anterior, con copia de la demanda de amparo, dese aviso a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en Ciudad de México, para que tenga conocimiento de este asunto e intervenga conforme a sus facultades legales. Estado físico Comisiónese al Actuario (a) Judicial adscrito a este Juzgado, para que se constituya a las instalaciones migratorias de esta entidad federativa, a fin de que localice a los directos quejosos y en caso de encontrarlos, levante acta circunstanciada del estado físico en que actualmente se encuentran y de ser necesarios tome impresiones fotográficas. En ese tenor, se solicita a la(s) autoridad(es) en que se encuentren detenido los quejosos, que permitan al fedatario el acceso a sus instalaciones con algún aparato electrónico que le permita la reproducción de las fijaciones fotográficas que se le ordena, incluso su teléfono celular, para ese uso exclusivo, a efecto de que de´ cumplimiento a lo aquí encomendado; además, dichas autoridades deberán informar enseguida el cumplimiento que den a la presente determinación. Se hace del conocimiento a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de no permitir el acceso al funcionario adscrito a sus instalaciones, o por cualquier forma obstaculice sus funciones; o bien, no informe sobre el cumplimiento de la medida aquí´ otorgada, se le(s) impondrá una multa por una cantidad equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, con fundamento en los artículos 236, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la ley de la materia. De igual forma se les hace de su conocimiento que la violación a esta medida suspensional, entraña la comisión del delito que prevé´ el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse, de inmediato se dará´ vista al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito para los efectos a que haya lugar. Ratificación de la demanda Por otra parte, tomando en consideración que los directos quejosos no firmaron la demanda de amparo debido a que se encuentran imposibilitados para hacerlo, se comisiona al Actuario (a) Judicial adscrito (a) a este Juzgado, para que les notifique el presente proveído, y de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, la requiera personalmente para que al momento de la diligencia, o bien por escrito dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, ratifique la demanda de amparo presentada a su favor por Carlos Raúl Rodríguez de la Cruz. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo en la forma y plazo concedidos, se tendrá por no presentada, dejándose sin efecto las providencias decretadas. Sustenta lo anterior, la Tesis Jurisprudencial I.7o.P. J/10 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4877, que a rubro dice; "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 8/2019 (10a.)]." Asimismo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación a la Ley de Amparo, deberá requerirlo para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (o bien reiteren el señalado en la demanda), apercibido que de no hacerlo incluso las de carácter personal, se le harán por lista que se fijen en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Acotación relevante No pasa desapercibido que la presente demanda de amparo fue presentada vía en línea a través del Portal habilitado por el Poder Judicial de la Federación, al estar firmada electrónicamente por diversa persona, a las que promueven, a favor del aquí quejoso, sin embrago, dicha circunstancia no es un impedimento para acordar en el sentido y términos que se indican, ya que tratándose de actos que refiere el precepto 15 de la Ley de Amparo -como acontece en el caso- no se requiere el referido signo digital para instar el juicio constitucional biinstancial, como lo dispone el propio artículo 3 de la legislación antes referida. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Declinación por conocimiento previo. Ahora, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) que se lleva ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de la que se advierte que******************** tramitó en favor del quejoso ********************un diverso juicio de amparo, mismo que fue tramitado y radicado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, bajo el juicio de amparo indirecto ********************respecto de los mismos actos reclamados en el presente juicio a la autoridad responsable, en el cual se decretó también la suspensión de plano. Lo que se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, sin que sea obligatorio anexar constancia de ello al presente sumario, pues por tratarse de información publicada en la red intranet del Poder Judicial de la Federación, es un hecho notorio que no existe la necesidad de que sea probado; no obstante, agréguese a los autos impresión de la información capturada en el aludido sistema informático, a fin que obre como corresponda. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 16/2018, registro digital 2017123, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo I, Junio de 2018, página 10, que señala: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Por consiguiente, de conformidad con la normatividad vigente, para el turno de los asuntos de los que corresponde conocer a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, prevista en los artículos 45, fracción II y 46, fracción XIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno; se estima que quien debe resolver el presente asunto por razón de conocimiento previo, es el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por haber tramitado el diverso juicio de amparo indirecto ********************de su índice, con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************en representación de ********************; la cual fue recibida por ese órgano jurisdiccional a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en Villahermosa, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, esto es, con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente sumario, y dentro de la temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común. En efecto, se actualizan las reglas de turno indicadas en los citados numerales, porque los actos reclamados en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, derivan de los procedimientos administrativos migratorios seguidos contra el aquí quejoso, por la autoridad responsable migratoria, de los cuales también proceden los actos reclamados en el juicio de amparo ********************del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 45, fracción II, 46, fracción XIII, y 46 Quater, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo y evitar resoluciones contradictorias. Se solicita de la manera más atenta al homólogo federal, tenga a bien remitir el acuse de recibo correspondiente, e informe la determinación que tenga a bien adoptar respecto del conocimiento previo planteado. Notificación y acceso al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza que el acceso electrónico de este expediente se hagan a través de la cuenta "******************** ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31 fracciones II y III, de la ley de la materia, y Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, con apoyo en el artículo 26, fracción IV de la ley referida, se tiene como su domicilio para oír y recibir citas y notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Autorizados y domicilio de la parte quejosa. Ahora bien, en relación a tener como autorizados de la parte quejosa a la persona que señala para tal efecto, se reserva proveer lo conducente, hasta que, en su caso, el directo quejoso ratifique la demanda promovida a su favor. Referencia de contacto. Ahora, en relación al número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. Horario de atención de la oficialía de partes. Hágase del conocimiento de las partes que el horario para entrega de promociones en la Oficialía de Partes de este Juzgado, relativas a los asuntos que se tramitan en este órgano, es de 08:30 a las 15:00 horas. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3o de la Ley de Amparo, así´ como en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes que las resoluciones y demás actuaciones que se generen en este expediente son públicas, lo que implica que serán accesibles a cualquier persona, siempre que los titulares de la información brinden su consentimiento; por lo cual, se les comunica que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales; no obstante lo cual, si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, mediante la elaboración de la versión pública correspondiente, con la supresión de datos personales, en términos de lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo. Lo anterior de conformidad con el criterio emitido por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al resolver el recurso de revisión 2/2004, de rubro y texto siguientes: "OPOSICIÓN DE LAS PARTES. AUNQUE NO EXISTA, DEBERA´ SUPRIMIRSE LA INFORMACIO´N CONFIDENCIAL EN LA VERSIO´N PU´BLICA DE LAS SENTENCIAS. En las versiones públicas de las sentencias se debe suprimir la información considerada como confidencial, aunque no exista oposición de las partes, sin que con ello se impida conocer el criterio del órgano jurisdiccional, conforme a lo establecido en los artículos 4, fracción III, 7, 8 y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental". Registro de partes en el Sistema Integral De Seguimiento De Expedientes Se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos capturados en el sistema sean correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Finalmente, como lo peticiona el promovente en el punto petitorio segundo, expídasele copia certificada por duplicado de este acuerdo. Notifíquese personalmente .

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