Ines Lerma Loya y Otros.

Expediente 1528/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1528/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • Ines Lerma Loya
  • Ines Lerma Loya y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la cual aparece que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra de la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido; por tanto, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, los quejosos solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que reclamó del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que aparecen a foja tres de estos autos, sin que haya necesidad de transcribirlos, toda vez que no existe disposición que así lo imponga, y que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 17, 19, 20 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 406, materia común, registro 219558, bajo el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO." SEGUNDO. Por auto de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa para que precisara el acto reclamado; aclaración que se efectuó por escrito recibido el tres de enero del año en curso; por lo que el seis de enero de este año, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se formó expediente y se registró con el número 1528/2019-III; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; se tuvo como terceros interesados a la Empresa Acero Ventas, Sociedad Anónima de Capital Variable y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, ambos con sede en esta ciudad, quienes fueron legalmente emplazados a juicio; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad judicial con residencia en esta ciudad en donde ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de la misma, se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de dictar sentencia en los autos de la causa penal 116/2018. Se suspenda la obligación de acudir semanalmente a firmar ante el órgano jurisdiccional responsable. TERCERO. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 24), aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados, pues dijo que si bien celebró la audiencia de vista el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, sin embargo, por auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, suspendió el dictado de la sentencia, en virtud de que se encuentran pendientes de substanciar el recurso de apelación interpuesto dentro del incidente sobre nulidad de actuaciones número 13/2018, así como, el incidente sobre aumento de caución número 11/2018, respecto al cual se reservó señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental por videoconferencia, dada la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, puesto que los defensores no han proporcionado correo electrónico de cuenta gmail para reprogramar la misma; por tanto, se tienen como ciertos en esos términos. Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe y al oficio 1417/2020, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de esta última ley, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. En la especie, quien esto resuelve no advierte que se actualice causal de improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como tampoco hicieron valer alguna las partes en el juicio; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, a la luz de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, los que no se transcriben porque no lo exigen los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, ya que con ello no se priva al quejoso del derecho de recurrir la presente resolución y alegar lo que estime conducente, para en su caso, demostrar su ilegalidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que es del rubro siguiente; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Precisado lo anterior, resulta indispensable precisar la noción de "omisión", pues no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, pues éste tiene una intención o connotación mayor que aquél. Se explica, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión", no basta con una referencia al curso de una actuación humana (un no hacer), sino se requiere un elemento normativo previo, que hace previsible el actuar que no se llevó a cabo, es decir, sólo se omite algo en el contexto en que es relevante una actuación determinada porque existe una obligación que así lo indica. En otras palabras, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar como se espera o como se está obligado. Una vez precisado lo anterior, lo procedente es examinar si el juzgado responsable, conforme alguna norma jurídica u orden superior, se encontraba obligado y en aptitud de actuar en el sentido que pretende la parte quejosa. Ahora bien, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en lo conducente establece: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (...)." (Énfasis propio) En ese orden de ideas, el mandato contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que, formando o no parte del Poder Judicial, tienen encomendada la tarea de resolver controversias, diciendo el derecho entre las partes. Sin embargo, tomando en consideración que el acto reclamado lo constituye la falta de dictar la sentencia en juicio de naturaleza penal, para resolver el caso concreto no puede soslayarse el contenido del artículo 20 de la citada Norma Fundamental (en su texto anterior a la reforma de 2008), en la parte que establece: "ARTÍCULO. 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: (...) VIII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. (...)." (Énfasis propio) Lo anterior, a la luz de lo prescriben los artículos 1º y 133 de la propia Ley Fundamental, en lo que señalan: "ARTÍCULO 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...)."(Énfasis propio) "ARTÍCULO 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." (Énfasis propio) De todo lo cual se tiene que el artículo 17 en cita, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, mientras que el diverso artículo 20, otorga a los inculpados una garantía para tutelar aquel derecho humano, esto en tanto dispone que será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que la dilación tienda a efectivizar su derecho a la defensa, con lo cual, paralelamente se introduce como un plazo razonable que puede durar la prisión preventiva. Mientras que del artículo 1º, se obtiene al caso que, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de tal derecho humano, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones establecidos en la dicha Constitución; y, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, a la vez que impone la obligación a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además de que los jueces las entidades federativas deberán arreglarse a la Constitución Federal, leyes del Congreso de la Unión y tratados internacionales, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de dichas entidades. Al margen de lo anterior, los artículos 1, 66, 67, 82, 84 y 88, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, disponen: "ARTÍCULO 1. El presente Código establece los siguientes procedimientos: I. El procedimiento para imputables que estará integrado por las siguientes etapas: a). La de averiguación previa, hasta la consignación a los Tribunales, que regula las diligencias necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal; b). La de preinstrucción, que comprende desde el auto de radicación, hasta el de formal prisión, el de sujeción a proceso, el de libertad por falta de elementos para procesar, el de no sujeción a proceso o el de libertad absoluta, en su caso; c). La de instrucción que se desarrollará una vez dictado el auto de formal prisión o sujeción a proceso, hasta el cierre de la misma y durante la cual se propondrán y rendirán las pruebas necesarias en los plazos y términos que correspondan; y, d). La de juicio, donde el Ministerio Público precisa su acción y el procesado su defensa, se celebra la audiencia de vista, el Tribunal valora las pruebas, dicta la sentencia definitiva y causa ejecutoria. (...)."(Énfasis propio) "ARTICULO 66. Los términos judiciales son improrrogables y empezarán a contarse desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación, salvo disposición expresa en contrario. No se incluirán en los términos los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de su declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica, en cuyos casos los términos contarán de momento a momento, desde que se ponga al inculpado a disposición del Juez correspondiente." "ARTICULO 67. Sin perjuicio de lo señalado en el segundo párrafo del Artículo anterior, los términos se contarán por días hábiles que se entenderán de las cero a las veinticuatro horas." "ARTICULO 84. Las resoluciones judiciales deberán dictarse: I. Dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en que se dé cuenta al Juez o Magistrado de las promociones que se hicieren, si se trata de autos que contengan resoluciones de mero trámite y, dentro de 3 (tres) días computados de igual modo, para los demás autos, salvo lo que la Ley disponga para casos especiales; II. Dentro de 15 (quince) días contados desde el siguiente a la fecha de la audiencia, si se tratare de sentencia, pero si el expediente excediere de 500 hojas, por cada 50 de exceso se aumentará un día." (Énfasis propio) "ARTÍCULO 88.- Los tribunales no pueden, bajo ningún pretexto, aplazar, demorar o negar la resolución de las cuestiones que sean sometidas a su conocimiento." (Énfasis propio) De lo que se advierte que el procedimiento para imputables que estará integrado por las etapas de: a) averiguación previa; b) preinstrucción; c) instrucción; y, d) juicio. Que los términos judiciales son improrrogables y empezarán a contarse por días hábiles, desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación, con las salvedades de ley. La sentencia deberá dictarse dentro de quince días contados desde el siguiente a la fecha de la audiencia, pero si el expediente excediere de quinientas hojas, por cada cincuenta de exceso se aumentará un día; y, que los tribunales no pueden, bajo ningún pretexto, aplazar, demorar o negar la resolución de las cuestiones que sean sometidas a su conocimiento. De la interpretación jurídica de los preceptos citados, se infiere que el juzgador natural estará expedito para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, misma que es llevada a cabo a través de la realización de diversos actos procesales, entre los cuales, se encuentra la obligación de declarar el cierre de instrucción y emitir la sentencia correspondiente dentro del juicio de origen. Ahora, de las documentales que anexó a su informe justificado y a su oficio 1417/2020, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, relativas a la causa penal 116/2018, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término, se advierte que si bien celebró la audiencia de vista el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve; sin embargo, por auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, suspendió el dictado de la sentencia, en virtud de que se encuentran pendientes de substanciar el recurso de apelación interpuesto dentro del incidente sobre nulidad de actuaciones número 13/2018, así como, el incidente no especificado sobre aumento caución número 11/2018, interpuesto por el Agente del Ministerio Público de su adscripción, lo que deja de manifiesto la existencia de una imposibilidad jurídica plena para emitir la sentencia correspondiente. Así las cosas, si el juzgado responsable no ha emitido la sentencia dentro de la causa penal 116/2018, se debe a que aún no se está en estado procesal de dictar sentencia, pues se reitera, se encuentran pendiente de substanciar el recurso de apelación interpuesto en autos, y se resuelva el diverso incidente sobre aumento de caución mencionados, no puede estimarse como una omisión el que no haya dictado la sentencia, pues se encuentra ante un impedimento manifiesto para ello, es decir, no cuenta todavía con la correcta integración de la causa penal, contrario a lo que refiere en su concepto de violación la parte quejosa. Precisado lo anterior, cabe decir que no asiste razón a la parte quejosa, pues la omisión en que incurre la responsable no debe considerase imputable a ella, sino motivo de una imposibilidad manifiesta, pues conforme a la narrativa anterior, se deja en evidencia que si la autoridad responsable no ha emitido la sentencia, ello se debe a que se encuentra imposibilitada por el momento para realizarlo, toda vez que, se reitera, contrario a lo afirmado por la parte impetrante de garantías en su libelo de amparo, ello no resulta de una actitud contumaz, sino como consecuencia legal de que se encuentra pendiente de substanciar el recurso de apelación interpuesto en autos, y se resuelva el diverso incidente mencionado, por lo que el actuar de la responsable no es violatorio de sus derechos fundamentales previstos en el artículo 17 constitucional. En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por las razones precisadas con anterioridad. Asimismo, dicha negativa se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en que se suspenda la obligación de acudir semanalmente a firmar por estar libres bajo fianza, toda vez que la parte quejosa la hace depender del dictado de la sentencia, por lo que, como quedó asentado en párrafos que anteceden, no existe una omisión por parte de la responsable, dado que aún no se está en estado procesal de dictar sentencia, por encontrase pendientes de substanciar el recurso de apelación interpuesto en autos, y se resuelva el diverso incidente sobre aumento de caución, lo cual no le es atribuible a dicha responsable. Aunado a lo anterior, se estima que quien esto resuelve que no está facultado legalmente para pronunciarse al respecto, toda vez que ello constituye la materia de fondo de la petición presentada por la parte quejosa ante la responsable, de lo contrario, este juzgador se estaría sustituyendo en las facultades de la autoridad administrativa, lo que no le está permitido por la Ley de Amparo. QUINTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos1, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 relativos a la nueva Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Guadalupe Pulido, Inés Lerma Loya, Sergio Martínez Juárez, Jesús Rolando López González, Antonio Martínez Cruz y Miguel Ángel Acosta Torres, respecto de los actos y autoridad responsable, por las razones legales expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, hoy treinta de octubre de dos mil veinte, asistido de la Secretaria de juzgado Miriam del Rosario Morales Morales, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por José Guadalupe Pulido, Ines Lerma Loya, Sergio Martínez Juárez, Jesús Rolando López González, Antonio Martínez Cruz y Miguel Ángel Acosta Torres, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Quinto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1528/2019-III, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, de conformidad con el artículo 114 de la nueva Ley de Amparo, es facultad del órgano jurisdiccional requerir al promovente de la demanda de garantías cuando: "[...] I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos a que se establece el artículo 108 de esta Ley; III. No hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado, y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [...]" En consecuencia, a efecto de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I y II, en relación con los numerales 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a los promoventes para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realicen lo siguiente: Manifiesten bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes del acto que por esta vía reclama, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que fueron omisos en invocar los antecedentes de los actos "bajo protesta de decir verdad". Por tanto, al ser éste uno de los requisitos legales que exige el artículo 108 de la Ley de Amparo, en su fracción V, resulta necesario el presente requerimiento. No pasa inadvertido, el hecho de que los peticionarios del amparo en la parte final de su demanda invoquen la expresión "protestamos lo necesario", en virtud de que ésta no puede sustituir el señalamiento "bajo protesta de decir verdad", pues esta última es un requisito formal, no solemne ni sacramental, que debe de manifestarse de manera expresa en la demanda de amparo, habida cuenta que constituye un requisito legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo no puede ser omitida.

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