Ines Gonzalez Navarrete

Expediente 876/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
876/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/07/2019

Partes del expediente

  • Ines Gonzalez Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese. ***

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por ****** atento a su contenido, téngasele por desahogada la prevención que le fue realizada en proveído de trece de junio del año en curso, por lo que se procede a proveer en relación a la demanda de amparo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: **** El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: ***** La Jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional, esto implica que se advierta de forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata sea operante en el caso concreto. Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: ***** En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: **** a) Ahora bien, mediante proveído de trece de junio de la presente anualidad se previno a la impetrante de garantías, para que bajo protesta de decir verdad, ampliara de manera cronológica los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y estableciera en qué etapa se encontraba el expediente del que deriva el acto reclamado, además si su cónyuge promovió incidente de reducción de pensión y especificara la fecha de la determinación donde fijan el monto de la pensión, respecto de lo cual expresó textualmente lo siguiente: **** De lo antes transcrito, se advierte que al hacer derivar la quejosa el acto reclamado en la pensión consistente en el 25% del salario de su esposo Juan Rojas Castro, decretada en el Juicio Especial de Alimentos ***** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo y toda vez que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado, de donde se sigue que si éste no afecta al quejoso en su esfera jurídica, esto es, no sufre un agravio personal y directo, el juicio de amparo es improcedente, por tanto se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo del promovente, en términos de la fracción XII, del artículo 61, así como en los diversos dispositivos 1, 5 y 6 de la Ley de Amparo, los cuales literalmente establecen: ***** Máxime si se considera que el artículo 107 constitucional establece textualmente: ***** En principio, debe tenerse presente que la reforma al ordinal 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se consagra qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y estipula que tendrá tal carácter, quien al acudir a este medio de control cumpla con las condiciones siguientes: 1).- Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2).- Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; 3).- Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4).- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ostente la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de forma personal y directa. En correlación con lo anterior, los arábigos 5º, fracción I, y 6º de la Ley de Amparo, instituyen que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual se traduce en que no basta que los actos de autoridad existan para que proceda el juicio de amparo, sino que es imprescindible que afecten en el quejoso, un derecho fundamental o subjetivo público, previsto en la Constitución General, en un tratado o convenio internacional, y que aquél justifique fehacientemente tal circunstancia. Por otro lado, la doctrina define el interés jurídico a que se alude en la fracción XII del precepto 61 de la Ley de Amparo, como el derecho que asiste a un gobernado para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio en su perjuicio de derechos humanos, derechos fundamentales o garantías individuales; o bien, en la ofensa, daño o lesión en los derechos e intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Entonces, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando es infringido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para exigir -demandar- ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el cese de esa transgresión. Ese derecho salvaguardado por el orden jurídico constitucional, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo valora para la procedencia del juicio. En esa medida, tiene interés jurídico quien es titular del derecho vulnerado por el acto reclamado; de ahí que, el sujeto de tal derecho, pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia con registro electrónico número 245886, de la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, página 55, que dice: **** Por lo anterior, la persona que estime que en su perjuicio se ha trastocado un derecho protegido por la Ley Fundamental de la Nación, convenio o tratado internacional, deberá acreditar plenamente esa afectación. Deviene aplicable la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, con registro electrónico número 187777, de la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, página 15, y que estatuye: **** Para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe indicarse que tanto el jurídico como el legítimo entrañan que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión de la promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, pues la ley o acto que reclama no ocasiona agravio jurídico. Sentado lo anterior, debe precisarse que el interés legítimo es aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede interpretarse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica, y que lato sensu, puede ser de índole económica, social, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Resulta con aplicación a lo afirmado, la tesis número 2a. LXXX/2013 (10a.), con registro electrónico número 2004501, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, y del rubro y texto: ***** En ese sentido, conforme a la técnica del juicio de amparo, para revisar el aspecto sustantivo de un acto de autoridad contra el que se promueve un juicio de amparo, debe existir como presupuesto indispensable, que haya irrumpido en la individualidad del gobernado promovente, al grado tal de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique materialmente, de manera expresa o de hecho; es decir, basta que dicho actuar surta sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona para que se conciba aplicada en su perjuicio, creando, modificando o extinguiendo un derecho, y de esta forma el gobernado se vería afectado en sus derechos fundamentales. Bajo esa óptica, y como quedó establecido, la promovente de amparo reclama la indebida pensión alimenticia que la autoridad responsable dictó en el juicio especial de alimentos ***** radicado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, promovido por **** en contra de ***** por lo que a consideración de quien aquí resuelve no se acredita la afectación a que hace alusión la quejosa, ya que la resolución del Juez, de otorgar pensión alimenticia en favor un hijo habido fuera de matrimonio, si bien trae como consecuencia un menoscabo en la economía familiar, pero siendo ésta una afectación indirecta de la futura y probable resolución definitiva del Juez, no faculta ni crea un derecho al cónyuge del deudor para acudir al juicio constitucional, toda vez que no es la impetrante la titular del derecho público transgredido con la decisión del Juez de otorgar alimentos provisionalmente, sino el propio denunciado, pues él es el que puede disponer de la remuneración de su trabajo y por tanto alegar cualquier afectación al mismo. De manera que la medida judicial provisional sí puede afectar su estado económico, pero esta afectación no es directa a su persona, amén de que es el deudor alimentario en todo caso quien debe hacer del conocimiento del juez que tiene diversos dependientes económicos, para que éste a su vez lo tome en cuenta y el porcentaje sea el adecuado. Es aplicable al caso concreto la tesis número : II.1o.C.T.20 K, con registro electrónico número 202438, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Mayo de 1996, Tomo III, página 646, del rubro y texto siguiente: ***** Cabe precisar que el desechamiento de la demanda aquí analizada, no significa que se haya desatendido lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio pro persona no deriva necesariamente de que los argumentos planteados por los gobernados deban resolverse conforme a sus pretensiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible en la página 906, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Décima Época, materia constitucional, de contenido siguiente: ***** En mérito de lo expuesto es indudable que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, así como en los diversos dispositivos 1, 5 y 6 de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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