Ines Fonseca Silva

Expediente 1245/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1245/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Ines Fonseca Silva

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: DESTINO EXPEDIENTE PRINCIPAL. El presente cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese, y mediante vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA III RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1245/2019-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado es La negativa por parte de la autoridad, de permitirle a la quejosa ofrecer pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo de separación **. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la quejosa. DESECHAMIENTO. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Por tanto, después de analizar el citado acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". En efecto, conviene precisar que el acto reclamado en este amparo se hizo consistir en la negativa por parte de la autoridad, de permitirle a la quejosa ofrecer pruebas y alegatos dentro del procedimiento administrativo de separación ** Así las cosas, debe decirse por principio de cuentas, que dada la naturaleza jurídica del acto reclamado, no se está en presencia de una determinación cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que si bien pudiera considerarse que se trata de una violación procesal, puede ser reclamable una vez que se dicte la resolución definitiva a través del juicio de amparo directo, toda vez que sus efectos son de carácter meramente formal o intraprocesal y no generan afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa. En efecto, el acto aquí reclamado no tiene efectos de imposible reparación pues no lesiona de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la gobernada tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, a través de los derechos subjetivos públicos que en ésta se contemplan como son la libertad, la propiedad o la posesión; como se adelantó, dicha resolución sólo tiene efectos de carácter intraprocesal o formal, que pueden subsanarse por el hecho de obtener resolución favorable a sus pretensiones. Apoya lo anterior el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 133/89, entre las sustentadas por la Tercera y Cuarta Salas de ese Máximo Tribunal, visible en las páginas siete a cincuenta y dos, Tomo VIII, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y uno, donde definió lo que debe entenderse como acto de imposible reparación, sustentando que en términos de los artículos 107, fracción III, de la Constitución General y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar la agraviada a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque la afectada obtuviese sentencia favorable a sus intereses; que, por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una determinación favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, previo a hacer valer los medios de defensa previstos en el procedimiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en lo conducente, la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deducida de la contradicción de tesis 47/90, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página once de la Gaceta Número 56 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". En esa tesitura, al tratarse de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener sentencia favorable al resolverse el procedimiento administrativo de separación **, del índice estadístico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio natural; ello conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis IV.3o.111 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 489, del Tomo XV-2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, con número de registro 208717, que establece "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio.". De igual forma se invoca el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.28 K, cuyo epígrafe y dictamen rezan "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.". La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos.". Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por **, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, por notoriamente improcedente. No pasa desapercibido para la que esto resuelve, que ha sido criterio de nuestro Máximo Tribunal que el juicio de amparo indirecto es procedente respecto del inicio del procedimiento administrativo en contra de policías; sin embargo, en el caso ello no se actualiza, atendiendo a que como se estableció en la certificación que precede a la presente determinación, en el diverso juicio de amparo 636/2019-III, promovido por la propia quejosa ** se analizó la legalidad del inicio del procedimiento administrativo ** seguido ante la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, contra la aquí quejosa, en el cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal solicitada, resolución que quedó firme mediante proveído de veintiséis de julio del presente año, motivo por el cual, evidentemente lo que se pretende controvertir en la presente demanda, de ninguna manera se ubica en la hipótesis de procedencia, traduciéndose únicamente en una violación intraprocesal, tal y como se indicó en el presente proveído. DOMICILIO. Ahora, como la promovente incumplió con la obligación prevista en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al ordinal 2 de la Ley de Amparo, pues, señaló domicilio fuera de la residencia oficial de este Juzgado de Distrito; atento a ello, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena tener como domicilio el usuario que proporciona la parte quejosa ** el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, en atención a la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ** HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese, y mediante vía electrónica a la parte quejosa.

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