Inés Enrique Torres Acosta

Expediente 879/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
879/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Inés Enrique Torres Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, en la Ciudad de México, en mediante el cual, acusa recibo del diverso por el que se remitieron los autos originales del expediente 879/2021; asimismo, hace del conocimiento que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo de que se trata, el cual fue registrado bajo el número de expediente 595/2021-V; circunstancia de la cual, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se declaró incompetencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ***********; contra actos del Secretario de Relaciones Exteriores y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente número 879/2021, e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Negativa de la suspensión de plano respecto de la orden de traslado. Del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama, entre otros, el traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentran recluido a uno diverso; sin embargo no ha lugar a conceder la suspensión de plano, en virtud que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa contemplado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Para un mejor entendimiento se cita el artículo en cuestión: "52. Excepción al Traslado voluntario. - - - La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá´ ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: - - - I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; - - - II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y - - - III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. - - - En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá´ un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá´ interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. - - - En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá´ interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Como se puede advertir del dispositivo antes señalado, se establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. En ese sentido, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en la normativa que se estudia, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado. Cobra aplicación la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)". Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. Por tanto, no ha lugar a conceder la suspensión de plano a la parte quejosa en contra del traslado del centro penitenciario donde actualmente se encuentra recluido a uno diverso. Declaración sin materia respecto de la suspensión de plano relacionada con la orden de extradición. Ahora bien, de una búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el juicio de amparo 193/2020 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual es promovido por el mismo quejoso que en el presente asunto, es decir por *******, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, de los cuales reclama, entre otros actos, la orden de extradición; en cuyo incidente de suspensión a través de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se determinó conceder la suspensión provisional en los términos siguientes: "PRIMERO. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Relaciones Exteriores; Senado de la República; Cámara de Diputados; Secretario de Gobernación; Fiscal General de la República; Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; Subsecretario de Relaciones Exteriores; Subsecretario para América del Norte; Embajador de México en los Estados Unidos de América; Director del Diario Oficial de la Federación; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social; Titular del Instituto Nacional de Migración; Titular de la Policía Federal Ministerial; Comandante de la Guardia Nacional; Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México; Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y Titular de la Sección Consular de la Embajada de México en los Estados Unidos de América (en su denominación correcta), al rendir su respectivo informe previo negaron expresamente e implícitamente los actos reclamados que les atribuye el quejoso *****, consistentes en la extradición de éste y su traslado para esos efectos, lo último al aceptar ciertas autoridades diversos actos por los que no se abrió el presente incidente de suspensión; asimismo, el Secretario de Relaciones Exteriores y Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, negaron implícitamente la existencia de la orden de traslado del quejoso con motivo de la orden de extradición emitida en su contra, al únicamente aceptar la extradición del quejoso y la opinión jurídica emitida al respecto, correspondientemente; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar tales negativas, por lo que se debe negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual decretarla, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 286, visible en la página 237, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Materia Común, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor: (.) SEGUNDO. El Secretario de Relaciones Exteriores y Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, al rendir su informe de ley aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de extradición del quejoso ******. (.) R E S U E L V E PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *****, contra los actos y autoridades precisados en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por *******, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, para los efectos ahí establecidos. (.)" Lo anterior, constituye un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que establece: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Por su parte, el artículo 145 de la Ley de Amparo establece que cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión. Así, de lo anterior se advierte que el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 193/2020, ya resolvió lo conducente en relación con la suspensión provisional, solicitada por el mismo quejoso *******, respecto de los actos consistentes en la orden de extradición. De ahí que si la pretensión y causa de pedir en el escrito de demanda de este juicio de amparo es para el mismo efecto y actos reclamados que en el diverso juicio de mérito, es inconcuso debido a que ya se resolvió al respecto, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo SE DECLARA SIN MATERIA LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA ORDEN DE EXTRADICIÓN. Sirve de fundamento, por analogía la jurisprudencia 1a./J. 4/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1174, de rubro y contenido siguientes: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE PRUEBE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE ESA MEDIDA CAUTELAR EN OTRO JUICIO DE AMPARO, SIN IMPORTAR EL MOMENTO PROCESAL EN QUE SUCEDA, INCLUSO DESPUÉS DE QUE SE HAYA RESUELTO SOBRE LA DEFINITIVA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, cuando se pruebe que ya se resolvió sobre la suspensión del acto reclamado en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión; lo cual sucederá sin importar el momento procesal en el que esto suceda, incluso después de que se haya emitido la interlocutoria que resuelve sobre la suspensión definitiva. Lo anterior es así, porque en la Ley de Amparo se eliminó la precisión de que sería en la audiencia incidental en la que debía probarse la existencia de un juicio de amparo previo en el que se hubiera resuelto sobre la suspensión, es decir, el legislador quiso dejar abierta la posibilidad de que se dejara sin materia el incidente, incluso después de que se hubiera resuelto sobre la suspensión definitiva, pues de esta forma se desincentiva que las partes dolosamente promuevan diversos juicios contra el mismo acto para obtener la medida cautelar.". (Énfasis añadido). De igual forma se cita la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo VII, materia común, página 1174, de rubro: "SUSPENSIÓN SIN MATERIA.". Por último, dado que es un hecho notorio que la parte quejosa ha promovido múltiples demandas reclamando actos similares en diversos Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se ordena a la oficial SISE que vincule el presente expediente y lo haga disponible para los dieciséis juzgados de distrito restantes de la materia, para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas, en aras de preservar la salud e integridad del personal, evitando el contacto físico entre los servidores públicos y, con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo emitido por la Comisión Especial del citado Consejo, que habilita el uso de la firma electrónica (FIREL) en la formalización de oficios y demás documentos que se emitan. Incompetencia. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado carece de competencia por razón de materia para conocer de la presente demanda de amparo, puesto que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "(.)Ataques a mi libertad personal fuera de procedimiento en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, consistente en el Traslado del Suscrito a un Centro Federal de Readaptación Social o al cualquier otro centro de detención diferente al en que me encuentro para acto seguir extraditarme, que pretenden realizar las AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES, sin que se acredite que dicho traslado haya sido ordenado por una autoridad judicial del Sistema Penitenciario que funde y motivo precisamente la causa del traslado."" De los actos señalados con anterioridad se aprecia que los mismos tienen una vinculación con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se encuentran en el campo de la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, ha señalado que, en determinados casos, además de atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la autoridad responsable del cual proviene, para determinar la competencia por materia, se debe atender al bien jurídico o interés fundamental controvertido para poder fincar la competencia en un determinado órgano jurisdiccional; en razón de que es necesario distinguir cuál es el derecho humano que se estima vulnerado, con el objetivo de que sea el órgano jurisdiccional de amparo más afín a la materia de que se trate, el que conozca y resuelva el asunto; pues, en esa medida, se procurará proteger los derechos que se alegan violados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 521, Décima Época, con registro 2015476, de rubro: "INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE TRABAJO, CUANDO QUIEN PROMUEVE EL JUICIO TIENE EL CARÁCTER DE TRABAJADOR EN ACTIVO.". Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, resulta evidente que dicho acto reviste a una naturaleza de carácter penal, toda vez que la pretensión del quejoso está estrechamente vinculada con las condiciones en las que se encuentra en su carácter de extraditable, ello en función de que el bien jurídico tutelado es preservar su dignidad humana con motivo de su estancia dentro del Centro Penal, por ello las condiciones y medidas de seguridad que al respecto se tomen se vinculan con la maximización de dicho bien jurídico. En ese contexto, el diverso acto reclamado por la parte quejosa, atribuido a las autoridades administrativas, se relaciona con su condición de extraditable y con la vigilancia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva, en su caso, en el lugar en que se encuentra interno. Así, la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite establecer este asunto es competencia de los Jueces de Amparo Especializados en Materia Penal, lo cual se refuerza atendiendo al bien jurídico tutelado que es proteger o velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso de la parte quejosa. Por tal razón, si bien en el caso se atribuyen actos a autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que el actuar de la autoridad deriva de que el quejoso está sujeto a un procedimiento de índole penal -procedimiento de extradición-, de ahí que no se pueda desvincular el actuar de las responsables con lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues es en dicha legislación en donde el legislador previó los aspectos concernientes a la preservación de la dignidad humana de los internos, de ahí que no resulte factible dividir la continencia de la causa, pues el análisis de la demanda debe realizarse como un todo, lo que conlleva a considerar que los actos reclamados sean de naturaleza penal. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis aislada I.3o.C.367 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 71, tomo IV, octubre de 2019, página 3483, de título y subtítulos: "CONTINENCIA DE LA CAUSA INDIVISIBLE. SE CONFIGURA CUANDO LAS ACCIONES EJERCIDAS DERIVAN DE UN MISMO HECHO GENERADOR.". Así, atendiendo a ese bien jurídico tutelado, y a la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto que reclama la parte quejosa, y dada su situación de estar sujeto a los diversos mecanismos de control que dispone la legislación en la cita, es que respecto de este asunto deben conocer un juez de distrito en materia penal, dado que los actos reclamados se dan en el contexto del cumplimiento de la prisión preventiva o bien de la condena, en su caso, y en ésta razón es que se surte la competencia especializada. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que informa, la tesis aislada II.2o.P.108 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Semanario Judicial de la Federación, undécima época, cuyos título y subtítulo son: "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL.". Asimismo, por analogía, la tesis aislada II.3o.P.100 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, undécima época, cuyos título y subtítulo son: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO PARA CONOCER DE LA VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA. SI NO EXISTEN ELEMENTOS PARA ESTABLECER SI DEBE O NO APLICARSE LA NORMATIVA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE SE ENCUENTRA EL IMPUTADO O PROCEDER A SU INTERPRETACIÓN, RECAE EN EL JUEZ DE EJECUCIÓN EN FAVOR DE QUIEN INICIALMENTE SE ENCOMENDÓ ESA VIGILANCIA, CON INDEPENDENCIA DEL CENTRO EN EL QUE SE EJECUTE LA MEDIDA.". Luego, por cuanto hace a la orden de traslado librada contra el quejoso, como consecuencia del procedimiento de extradición, con motivo de las reformas a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y que entraron en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y de los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual se debe comprender las órdenes de traslado, sino que corresponde a las autoridades judiciales y en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como en el local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se puedan producir en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria, por lo que es evidente que las determinaciones relativas al traslado y cambio de dormitorio de los sentenciados, en tanto corresponden a un aspecto relativo a la modificación de las penas, son de la competencia exclusiva de las autoridades judiciales y, por la materia en la que inciden, son del conocimiento de los juzgadores especializados en la materia penal, al considerarse que constituyen una etapa más del procedimiento penal. De ahí que, en términos del artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, la competencia para conocer de dichos actos corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 1, materia común, página 17, de rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.". Aunado a que el quejoso se encuentra recluso, como lo aduce al inicio de su escrito. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.". En este orden de ideas, es claro que el suscrito juzgador es legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir vía interconexión la presente demanda al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer de la controversia planteada. Esta determinación encuentra apoyo en el criterio sustentado en el conflicto competencial 8/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se concluyó que el juzgador en materia de amparo penal no puede rechazar la competencia declinada por un Juez de Distrito en materia administrativa, por aspectos inherentes al turno, cuando éste expuso motivos de jurisdicción objetiva por razón de materia; aunado a que no existe disidencia entre el órgano que debe conocer del asunto atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, lo cual incluso, está plenamente definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.18/2012; citada en el presente acuerdo. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia planteada. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que se reitera las constancias serán remitidas de manera electrónica. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. Autorizados. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a ******* y *******; lo anterior, tomando en consideración lo expuesto en la certificación de cuenta. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona, se toma conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Eduardo Vázquez Torres, que autoriza y da fe.

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