Ines Dominguez Camacho
Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ines Dominguez Camacho
Actuaciones
- Principal
Vista la circular SECNO/10/2021, de trece de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en relación a diversos Circuitos, entre ellos este Segundo Circuito, entre la que destaca la marcada con el número 16, que indica: "16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020". En el mismo sentido, mediante acuerdo 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma el similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, con relación al período de vigencia, se ampliaron las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 03 de agosto del 2020 al 30 de junio del 2021. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se continua con su procedimiento en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En ese orden, conforme al análisis de los presentes autos, se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, en contra del proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Inés Domínguez Camacho, por lo que con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de?????????? Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
la circular SECNO/08/2021, de treinta de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en el que se determinó que durante el periodo comprendido del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, cuyo artículo 1, fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; y tramitados en lína, en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos, por lo que se continúa con su trámite. En ese orden, téngase por recibido el escrito de demanda promovida por Inés Domínguez Camacho, contra un acto del Notario Público número 23 en el Estado de México; por considerarlo violatorio de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y captúrese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el número de juicio de amparo 40/2021-V. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, entre otros, el siguiente: "La ilegal elaboración, expedición y protocolización de diversos instrumentos notariales que me hizo suscribir en el mes de diciembre de 2020 (sin recordar fechas exactas) mediante engaño y ante una indebida información donde por manipulación de mi hija Wilma García Domínguez obtuvo dicha autoridad la firma de la suscrita para estamparlas como mi voluntad dentro de los diversos instrumentos notariales que se realizaron en las oficinas de la notaría pública referida y sobre los cuales desconozco de que se traten". Ahora, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. (Octava Época, Registro: 221353, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Materia(s): Común, página: 198) Así, en el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, las autoridades responsables, quienes, en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conviene precisar que para establecer cuándo se está en presencia de actos equivalentes a los de autoridad susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, debe tomarse en cuenta, acorde al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en lo que no se oponga al nuevo marco constitucional y legal, la jurisprudencia integrada conforme a la ley de materia abrogada. Para tal fin, se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterios que se desprenden de la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, registro 161133). En tal virtud, los actos equivalentes a los de autoridad son aquellos ejecutados por particulares, con las características apuntadas y, además, sus funciones estén determinadas por una norma general. Luego, en sentido contrario, los particulares, no serán de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando no cumplan con lo anterior. En efecto, como se aprecia del análisis estructural de la Ley de Amparo vigente, se puede concluir que mantiene como elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo los "actos de autoridad", pues el artículo 5°, fracción II, del ordenamiento legal en cita, no debe analizarse en forma aislada, sino vinculada al sistema y principios constitucionales a los que pertenece, regulados en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Al respecto, el artículo 103 de la Constitución Federal establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Además, debe precisarse que el artículo 107 constitucional, que igualmente constituye la columna rectora del juicio de amparo en México, tampoco incluyó como actos combatibles en el juicio constitucional los actos propios de particulares. Por tanto, es necesario resaltar que si los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen los principios constitucionales en el juicio de amparo, disponen estrictamente que el juicio de amparo procede contra "actos de autoridades"; se concluye que la Ley de Amparo, aun cuando en su artículo 5°, fracción II, estatuye como actos combatibles en amparo los de particulares cuando sean "equivalentes" a los de las autoridades, no se refiere a otro supuesto jurídico sino cuando el particular los realiza alejado de su ámbito privado o particular convencional. Lo anterior es así, puesto que, como se anticipó, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable", consiste en que un ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. De esta forma, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa motu proprio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; y es coercitivo puesto que, mediante la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. Ciertamente, "el acto de autoridad" al que, en su caso, debe ser "equivalente" el acto del particular, tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los intereses jurídicos de los gobernados. En el caso, de la demanda de amparo en estudio, se observa que el quejoso atribuye el carácter de autoridad responsable al Notario Público número 23 en el Estado de México, a quien le reclama la ilegal elaboración, expedición y protocolización de diversos instrumentos notariales, que dice elaboró el Notario bajo engaños y manipulación de su hija. En tal sentido, conviene decir que los notarios, con su actuar, únicamente autentifican y dan forma a los instrumentos o actos celebrados entre partes; así, los mismos no imponen disposiciones normativas, ni dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar dichos actos, con los que se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de manera unilateral, lo cual es propio de las autoridades para efectos del amparo, tal como lo dispone el artículo 5° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2014, tomo III, página 1852, del rubro y texto siguientes: "NOTARIO PÚBLICO. NO REALIZA ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE UNA AUTORIDAD CUANDO SE LE RECLAMA LA PROTOCOLIZACIÓN DE UNA ESCRITURA PÚBLICA, SI ÚNICAMENTE DA FORMALIDAD AL ACTO JURÍDICO QUE CELEBRAN LAS PARTES. Conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal, y ahora atiende a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, con la modalidad de que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los referidos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por ende, la protocolización de una escritura pública por un notario público, al ejercer esa función en términos de la ley del notariado que rige su actuación, no implica la realización de actos equivalentes a los de una autoridad para efectos del amparo, ya que sólo autentica y da forma a los instrumentos donde constan los actos, hechos o negocios jurídicos que celebran las partes que en ellos intervienen, razón por la cual no impone disposiciones normativas ni modifica alguna situación jurídica de manera unilateral ni afecta la esfera legal de las partes, pues es el acto, hecho o negocio jurídico protocolizado el que, en sí mismo, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas y el que, en su caso, podría causar perjuicio a las partes que intervienen". En esa tesitura, contrario a lo señalado por la quejoso, el Notario Público número 23 (veintitrés) del Estado de México, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues, en términos del artículo 5°,fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el acto realizado por éste, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación. Por tanto, resulta evidente que lo reclamado al referido Notario no resulta equivalente a un acto de autoridad, pues además de haberse realizado en un plano de igualdad (es decir, entre particulares y bajo un régimen jurídico establecido), con ello no se crea, modifica o extingue de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera legal de la quejosa, lo que descarta entonces que dicha persona jurídica se rija de acuerdo con disposiciones de carácter general, a fin de poder equipararse a una autoridad, propiamente dicha. Criterio que puede ser corroborado en la tesis III.4o.C.10 K (10a.), correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2015, página 1828, la cual es del tenor y contenido siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." En mérito de lo expuesto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1° y 5°, fracción II, párrafo segundo, todos de la Ley de Amparo, por lo cual, con apoyo en el diverso numeral 113 antes citado, se desecha la demanda de amparo. No obstante que señala un domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones se harán vía electrónica, pues el ahora quejoso cuenta con usuario MARCOCC; por lo que de conformidad con en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, por este medio se le notificara al quejoso, dada la contingencia por COVID-19- que enfrenta el país. Se tiene por autorizado en los términos amplios que dispone el artículo 12, de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Cruz Cruz, toda vez que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizados en lo que estatuye la última parte del segundo párrafo, de numeral en cita a las demás personas que menciona, por no contar con dicho registro. A su vez, como ya se dijo se hace de su conocimiento que podrá tener acceso al expediente electrónico y hacer uso de su FIREL el usuario MARCOCC, toda vez que cumple con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (firel) y al expediente electrónico, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que se ordena al actuario judicial crear constancia de la consulta realizada, la cual, será digitalizada para el expediente electrónico y otra se agregará al presente expediente como constancia de notificación. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente.
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