Inés Cristino García

Expediente 370/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
370/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Inés Cristino García

Actuaciones

  1. Principal

    VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diez de noviembre de dos mil quince (foja 23), se ordenó el archivo del presente asunto, empero se precisó de manera incorrecta lo relativo al destino final del expediente en que se actúa; por tanto, en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechò de plano la demanda de amparo; por lo que se actualiza el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI, del citado acuerdo.

  2. Principal

    Toluca, México; dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al que adjunta copia certificada de la determinación de nueve de abril de dos mil diecinueve, relativa al expediente laboral 791/2016, por el cual dictó el laudo correspondiente. Atento a lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, tómese conocimiento de lo informado para los efectos legales correspondientes. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el sumario, se advierte que la quejosa Inés Cristino García, reclama de la omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 791/2016. En ese tenor y tomado en consideración que la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, debe examinarse lo aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rigen la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, con número de registro 394770, cuyo rubro y texto disponen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. El diverso artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." En ese contexto legal y tomado en consideración que del comunicado de cuenta y constancia remitida como complemento a éste consistente en copia certificada del aludo de nueve de abril de dos mil diecinueve, revelan que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en dicha data dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral 791/2016 de su índice. Tales documentales, tienen pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182, cuyo contenido establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior, a juicio de quien aquí provee, evidencia la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por cesación de efectos, lo cual provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la autoridad responsable, dado que por una actuación llevada a cabo posteriormente a la presentación de la demanda de amparo, la citada autoridad responsable emitió el laudo correspondiente en el expediente 791/2016 de su índice, por lo que la omisión reclamada dejó de existir. Por tanto, se acredita que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, implica una desaparición total de sus consecuencias, restituyendo al quejoso en el pleno goce de sus garantías como si se hubiera concedido el amparo. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de 1998, materia común, Novena Época, con número de registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como, la diversa jurisprudencia 103, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, visible en la página 81, Materia Común, con número de registro 917637, cuyo rubro y texto disponen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil diecinueve. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, con número de registro 184572, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretario Grecia Astrid Villa Curti, que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Principal

    VII.- Ténganse por recibidos los oficios de cuenta, por medio de los cuales el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en atención al proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve; informa el nombre y domicilio de las partes en el juicio laboral 791/2016, de su índice estadístico; rinde su informe justificado, al cual anexa copia certificada del auto de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, dictado en el referido asunto; y hace del conocimiento que en el juicio de origen no se ha promovido diverso juicio de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar y al respecto se provee: En relación al emplazamiento del tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Amanalco, Estado de México, no se emite mayor pronunciamiento toda vez que el mismo se ordenó mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, por medio de oficio, el cual aún se encuentra en tránsito. Téngase por rendido el informe justificado de referencia y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hágase relación de ello al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba ofrecida por la responsable, sin necesidad de diligencia previa, dada su especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Finalmente, respecto de la inexistencia de diversos juicios, téngase por cumplido el requerimiento de mérito y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó.

  4. Principal

    VII.- se admite la demanda. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la parte inconforme no lo solicitó expresamente. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al contenido del artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de la materia, aplicado de manera análoga, notifíquese por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los efectos legales conducentes. Se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículo 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable para que en caso de ser cierto el acto reclamado, dentro del plazo de veinticuatro horas, informe a este órgano de control constitucional, el nombre y domicilio de las partes que intervienen en el expediente laboral de origen, con el fin de emplazarlos en su carácter de terceros interesados. Con independencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Amanalco, México. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de la materia, se ordena su emplazamiento, así como las subsecuentes notificaciones, mediante oficio, adjuntando copia simple de la demanda.

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