Inés Camarillo Balcázar
Expediente 345/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Inés Camarillo Balcázar
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de cinco de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo presentada por *******************, ***************, ******************* y *****************, regidores del Ayuntamiento Municipal de *************, Guerrero, personalidad que se les reconoce con las documentales que anexan, contra actos de la Presidenta Municipal, Regidor y demás integrantes del Cabildo, todos de ******************, Guerrero. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de abril de dos mil veintidós. Por recibido el escrito de demanda firmado por *******, *******, ************** y *******, regidores del Ayuntamiento Municipal de ************, Guerrero, personalidad que se les reconoce con las documentales que anexan, contra actos de la Presidenta Municipal, Regidor y demás integrantes del Cabildo, todos de **************, Guerrero. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ******** y fórmese expediente. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, analizada la demanda de amparo, el suscrito advierte la notoria improcedencia de la misma, en virtud de que los quejosos señalan como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. La viciada, ilegal y anticonstitucional novena sesión ordinaria de cabildo, celebrada el once de marzo de dos mil veintidós en la sala de cabildos del H. Ayuntamiento municipal, en la cual se aprobó el acuerdo para la aprobación del presupuesto de egresos 2022 (dos mil veintidós), del municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero." En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7 y 9 párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes. "Artículo 9o. Las autoridades responsables podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso podrán por medio de oficio acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos." De tales transcripciones, se advierte que las personas morales oficiales sólo podrán promover el juicio de amparo cuando se lesione su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Es decir, para que el juicio de amparo sea procedente, cuando es solicitado por una persona moral oficial, se exige acreditar una afectación directa y real a su patrimonio. Esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: 1) La existencia de una afectación patrimonial actual y directa. 2) Que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral; circunstancia que no acontece en el caso a estudio. Y en la especie, no se advierte que el acto reclamado, afecte de manera actual y directa el patrimonio del municipio quejoso; tampoco que ello suceda en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Además, de la integridad de la demanda se advierte que la autoridad quejosa en la cesión que aprobó el presupuesto de egresos del año dos mil veintidós, que forma el acto reclamado, es parte del cabildo que participó en la toma de decisiones con su voto, es decir, son integrantes del ente colegiado emisor de la voluntad política del citado órgano municipal y, por ende, no figuran como gobernados sometidos al imperio de la autoridad. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: "Registro digital: 187436 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: VI.3o.A.65 A Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Marzo de 2002, página 1422 , , página Tipo: Aislada PRESIDENTE MUNICIPAL AUXILIAR. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO QUE PROMUEVE EN CONTRA DE UNA RESOLUCIÓN DE CABILDO EN LA QUE SE DETERMINA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Resulta improcedente el juicio de garantías promovido por el presidente municipal auxiliar de uno de los Ayuntamientos del Estado de Tlaxcala, cuando el acto reclamado consiste en la resolución de Cabildo en la que se determinó la distribución de recursos económicos públicos entre los distintos poblados que conforman el Municipio, aun cuando se sostenga que hubo desacato a la Constitución y leyes aplicables de esa entidad, pues se trata de un acuerdo tomado por el Cabildo en Pleno en el que el impetrante del amparo, conforme a la fracción II del artículo 42 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, formó parte como representante del poblado de que se trata y participó en la toma de ese acuerdo con su voto, aunque minoritario, es decir, como integrante del ente colegiado emisor de la voluntad política del citado órgano municipal y, por ende, donde no figuró como gobernado sometido al imperio de la autoridad. Por otro lado, tampoco se dan los supuestos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, en tanto que, en esa hipótesis, la procedencia del juicio queda condicionada a que el acto reclamado afecte los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales en una relación de supra a subordinación, es decir, que esa afectación se dirija sobre bienes o derechos que les pertenezcan, en semejanza a los de los particulares, lo que no ocurre en el caso, ya que no se advierte tal afectación en el patrimonio propio de la Presidencia Municipal auxiliar de que se trata, en tanto los recursos distribuidos, como se dijo, son públicos." Así como la tesis III.3o.T.6 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo III, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir." En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia estudiada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede por lo que debe desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y como su autorizada únicamente para tales efectos a *****, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, los que señala expresamente, solo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las facultades amplias que estipula el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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