Inés Calixto Apolinar

Expediente 987/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
987/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Inés Calixto Apolinar

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la Amparo, a efecto de proveer lo relativo a la admisión de la demanda, este órgano jurisdiccional previno a *****, con el objeto de que en el término de cinco días cumpliera con lo siguiente: "ÚNICO. ACLARE EN QUÉ CONSISTE EL ACTO RECLAMADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO, A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ES DECIR, SI SE DUELE DE ALGUNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, Y DE SER ASÍ, PRECISE QUÉ SE DETERMINÓ EN ELLA, Y EN QUÉ FECHA SE LE NOTIFICÓ O TUVO CONOCIMIENTO DE LA MISMA. DEBIENDO ADEMÁS ACLARAR EL NÚMERO CORRECTO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PUES REFIERE LA **** Y LA *****." Apercibiéndola que de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procedería conforme a lo establecido en el artículo 114 precitado, es decir, se tendría por no presentada la demanda de amparo. En ese orden de ideas, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, le fue notificado el veintiocho del citado mes y año, razón por la cual, le surtió efectos el veintinueve siguiente, por lo que el término de cinco días concedido para desahogar dicha prevención, transcurrió del dos al seis de octubre de esta anualidad, sin que lo haya hecho. En ese contexto, cabe precisar que el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los Jueces de Distrito de tener por no presentada la demanda de amparo cuando la parte quejosa no subsane las irregularidades, omisiones o deficiencias que en ésta se hubieran advertido o no exhiba las copias que resulten necesarias para la tramitación del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, y ante la omisión de la impetrante, de desahogar en sus términos la prevención formulada por este órgano de control constitucional el veintidós de septiembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada en el auto de referencia, por lo que, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, los principios de certidumbre jurídica y buena fe, así como la trascendencia que puede tener para los intereses de la promovente el no subsanar dentro del término legal tales irregularidades, habida consideración que este Tribunal Federal previo a la aplicación del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende del auto de prevención de veintidós de septiembre del año en curso, hizo saber expresamente a la promovente, mediante el apercibimiento respectivo, las consecuencias legales que derivarían de su incumplimiento, en la especie, el tener por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL ESTABLECE: "Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintidós de septiembre de la presente anualidad, y de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la Amparo, a efecto de proveer lo relativo a la admisión de la demanda, este órgano jurisdiccional previno a *****, con el objeto de que en el término de cinco días cumpliera con lo siguiente: "ÚNICO. ACLARE EN QUÉ CONSISTE EL ACTO RECLAMADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO, A CADA UNA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, ES DECIR, SI SE DUELE DE ALGUNA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, Y DE SER ASÍ, PRECISE QUÉ SE DETERMINÓ EN ELLA, Y EN QUÉ FECHA SE LE NOTIFICÓ O TUVO CONOCIMIENTO DE LA MISMA. DEBIENDO ADEMÁS ACLARAR EL NÚMERO CORRECTO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PUES REFIERE LA **** Y LA *****." Apercibiéndola que de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procedería conforme a lo establecido en el artículo 114 precitado, es decir, se tendría por no presentada la demanda de amparo. En ese orden de ideas, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, le fue notificado el veintiocho del citado mes y año, razón por la cual, le surtió efectos el veintinueve siguiente, por lo que el término de cinco días concedido para desahogar dicha prevención, transcurrió del dos al seis de octubre de esta anualidad, sin que lo haya hecho. En ese contexto, cabe precisar que el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece la facultad de los Jueces de Distrito de tener por no presentada la demanda de amparo cuando la parte quejosa no subsane las irregularidades, omisiones o deficiencias que en ésta se hubieran advertido o no exhiba las copias que resulten necesarias para la tramitación del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, y ante la omisión de la impetrante, de desahogar en sus términos la prevención formulada por este órgano de control constitucional el veintidós de septiembre del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada en el auto de referencia, por lo que, con fundamento en el artículo 114, de la ley de la materia, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional, los principios de certidumbre jurídica y buena fe, así como la trascendencia que puede tener para los intereses de la promovente el no subsanar dentro del término legal tales irregularidades, habida consideración que este Tribunal Federal previo a la aplicación del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende del auto de prevención de veintidós de septiembre del año en curso, hizo saber expresamente a la promovente, mediante el apercibimiento respectivo, las consecuencias legales que derivarían de su incumplimiento, en la especie, el tener por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe."

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tienen por recibidos los escritos firmados por Gilberto Olayo Juárez, autorizado por la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través de los cuales, con el primero, desahoga la vista ordenada en auto de trece de septiembre pasado, y al efecto hace manifestaciones y ofrece la prueba documental que anuncia, en relación con el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el las autoridades vinculadas Presidente y Tesorero ambos del Ayuntamiento del municipio de Cuautepec, Guerrero. Con el segundo, solicita se le vincule al cumplimiento al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por los motivos que expone. Atenta a lo anterior, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidas las manifestaciones que vierte el promovente en el primero de los citados ocursos, en vía de alegatos, mismas que de ser procedentes serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno y por ofrecida la prueba que indica, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Con relación al segundo ocurso, tomando en cuenta que en proveído de diez de julio del año en curso, este juzgado se reservó proveer con relación a la solicitud formulada por el autorizado del quejoso, respecto a que se vinculara al cumplimiento de la sentencia a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se levanta dicha reserva y se determina: Tomando que el artículo 197 de la Ley de Amparo2 , establece que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, siendo sujetos a las mismas responsabilidades que establece el capítulo de ejecución y cumplimiento. Importa destacar que es obligación de la persona juzgadora de amparo, en el ejercicio de sus facultades, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, en la especie, tenemos que en el juicio de nulidad origen se condenó a la parte demandada Ayuntamiento del municipio de Cuautepec, Guerrero, a pagar al quejoso Raúl Cortés Martínez, la cantidad de $315,664.64 (trescientos quince 2 "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional), por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones. En tanto que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, tiene entre otras diversas atribuciones, la de proponer al Ejecutivo las participaciones de los Municipios; previa instrucción de los Ayuntamientos puede efectuar pagos por cuenta de los mismos, con cargo a las participaciones que en ingresos federales le correspondan a los Municipios y, de acuerdo a las funciones que le son inherentes a la Secretaría en mención, relativas a las finanzas y administración del Estado, es la intermediaria entre los Municipios y el Congreso del Estado en lo que corresponda a esas materias, ello acorde a lo dispuesto en los artículos 18, apartado A, fracción III, y 22, fracciones VI, XXIV y XLIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, es procedente vincular al cumplimiento de la sentencia al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis 2ª./.J.47/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 195909, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En esa tesitura, con apoyo en el citado numeral, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero y a su superiora jerárquica Gobernadora del Estado, para dentro del término de TREINTA DÍAS HÁBILES contado a partir del siguiente a la notificación del presente acuerdo, realicen lo siguiente: La autoridad vinculada -Secretario de Finanzas y Administración del Estado- realice el pago adeudado al quejoso con cargo a las participaciones que en ingresos federales le corresponda, realizando el trámite correspondiente en ese término, para que se efectúe el pago relativo adeudado al quejoso; en el caso de que surgiera algún impedimento para cumplir lo requerido, se le instruye para que busque alguna otra opción para satisfacer lo solicitado, lo cual no deberá rebasar el plazo otorgado para esos efectos. Y la Gobernadora del Estado, para que en su carácter de superiora jerárquica conmine y supervise el cumplimiento a lo determinado en esta resolución, lo que significa que sus obligaciones como superior jerárquico no se colman con ceñirse a informar que envió un oficio a su subalterno para el acatamiento del fallo amparador, sino que su actuar implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solo como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022 (11a.), de la Primera Sala de nuestro máximo tribunal del país, con registro digital 2025145, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Por ello, tomando en cuenta que en caso de inobservancia a este deber, tanto a ella como al Secretario de Finanzas y Administración, se procederá de la siguiente manera: 1. En términos de los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio . 2. Se determinará por qué a juicio de este juzgado no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto, fracción IV, del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Carta Magna, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente. Hágase del conocimiento de la autoridad vinculada que impuesta la multa, este juzgado federal solamente esperará un plazo razonable para que se cumpla con la ejecutoria antes de iniciar con el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado, una vez que se haya determinado el incumplimiento. Ello debe entenderse en el sentido que esta potestad federal, NO REALIZARÁ MÚLTIPLES REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES, sino que SE CEÑIRÁ A LOS ESTRICTOS LINEAMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO EN VIGOR Y SU INTERPRETACIÓN, mismos que han quedado claramente explicados en este proveído. Así también, se le hace del conocimiento de dicha autoridad que el incumplimiento de una ejecutoria de amparo podría derivar en la separación inmediata del cargo por contumacia y consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Aunado a lo anterior, hágase saber a la autoridad requerida que de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a la autoridad vinculada que tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquier otra autoridad que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, y que se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página cinco, libro 45, tomo I, agosto de dos mil diecisiete, décima época de rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. RESPECTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE HACERSE AL DICTARSE LA SENTENCIA O RESOLVERSE EL RECURSO DE REVISIÓN [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2017 (10a.)]. Si bien es cierto que de conformidad con la jurisprudencia citada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de 2017, Décima Época, con número de registro digital: 2014917, los juzgadores de amparo están obligados a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, no menos lo es que tal vista no debe hacerse al momento en que se presente la solicitud del inconforme, independientemente de la etapa en que se esté tramitando la acción constitucional, sino que ello debe ocurrir una vez que se haya resuelto el fondo del asunto, ya sea al dictarse la sentencia de amparo o resolverse el recurso de revisión, en razón de que, al hacer una interpretación de la jurisprudencia referida, así como del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales se colige que para considerar que el órgano de control constitucional de primera instancia o el tribunal revisor tiene conocimiento de los actos presuntamente delictivos señalados, debe esperarse al pronunciamiento de la resolución definitiva, pues de no de hacerlo así se emitiría un juicio de valor anticipado, es decir, se estaría prejuzgando. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  4. Principal

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por los razonamientos expuestos en los considerandos quinto y octavo que rigen este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, respecto de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente el artículo 15, fracción VIII; la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente el artículo 9, así como del procedimiento de revaluación catastral, por las razones dadas en los considerandos decimoprimero, decimosegundo y decimotercero de esta sentencia. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, en contra del Decreto Número 640 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, por las razones expuestas y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.

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