Ines Amayo Gonzalez

Expediente 408/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
408/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • Ines Amayo Gonzalez
  • Gregorio Macuixtle Figueiras

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio electrónico signado por la autoridad responsable que antecede y evidencia criptográfica que acompaña, ya que mediante proveído de treinta de agosto pasado, se recibió dicha información y se proveyó lo conducente.

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por el actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en atención a su contenido, informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas tanto en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    INCOMPETENCIA. Vista la demanda promovida por Gregorio Macuixtle Figueiras e Inés Amayo González, contra actos del Congreso de la Unión, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Gobernación, Instituto Federal de Telecomunicaciones y la empresa de telefonía celular "Telcel", propiedad de la empresa Radiomóvil DIPSA Sociedad Anónima de Capital Variable, todas con residencia en la Ciudad de México, se advierte que señaló como acto reclamado, lo siguiente: De la primera autoridad se reclama, la discusión y aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN ESPECÍFICO DEL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. De la segunda autoridad se reclama, la orden de mandar publicar el DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN De la tercera autoridad se reclama, el refrendo y la orden de mandar publicar el DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. De la cuarta autoridad reclamo, la inminente recepción de datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con base de la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN ESPECÍFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS. De la quinta autoridad reclamo, la inminente obtención e ingreso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, de los datos personales (biométricos) del quejoso derivado de la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, EN ESPECÍFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS. Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica; el penúltimo de los numerales en cita, quedó como a continuación se indica: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además, el artículo transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto indica que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." Por otra parte, es pertinente citar el contenido del artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables la discusión, aprobación, refrendo y publicación del artículo 180 Quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el decreto publicado el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, que establece: "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto." Así como los artículos 15, fracción XLII Bis, 176, 180 y 180 Bis a 180 Septimus del mismo decreto. Por lo que, de conformidad con la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de materia. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, de rubro, texto y datos de identificación siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado. (Registro digital: 2008591. Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1746. Tipo: Jurisprudencia). En tal virtud, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que el suscrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, ya que es un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un juez con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En las referidas circunstancias este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en cuestión; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, deberá remitirse el juicio de amparo formado con la demanda original y copias al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para los efectos legales a que haya lugar. Así, al considerar carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuestión, no es el caso proveer lo conducente en relación con la suspensión del acto reclamado solicitada por los impetrantes, ya que estos no encuadran en los supuestos que establecen los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes, significándole al juez competente que una vez que obre lo anterior en su poder, se sirva enviar el correspondiente acuse de recibo mediante el cual comunique si acepta o no la legal competencia a él declinada.

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