Indira Nieto López

Expediente 658/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
658/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Indira Nieto López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial Adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por el cual se acusa recibo del oficio por el cual se remitió el recurso de revisión interpuesto por --------, contra la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en el presente asunto, asimismo informa que dicho recurso fue admitido a trámite bajo el número de recurso de revisión 37/2021, de su índice. En consecuencia, se toma conocimiento del contenido del oficio de cuenta, para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran notificadas la totalidad de las partes del recurso de revisión interpuesto por ---------, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en autos por este órgano jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en la circular DGGJ/0012/2020, de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, así como en el oficio CJF/CAP/DGGJ/STG/2182/2020 de veintinueve de julio de dos mil veinte, emitido por el Secretario Técnico "A" de la Dirección General de Gestión Judicial, y en lo dispuesto por el artículo 391 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19, remítase vía interconexión de manera digitalizada al Tribunal de Alzada el recurso de mérito, así como el escrito de agravios presentado por la parte quejosa, previa petición de turno y papeleta que se solicite a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito. En el entendido de que la acción de vinculación de expedientes entre el órgano de origen y el órgano de destino, se encuentra habilitada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico del presente juicio de amparo, y se esté en posibilidad de resolver el recurso que nos ocupa. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por ----, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos y con fundamento en los artículos 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes copia simple del escrito de interposición del recurso de revisión y del escrito de agravios, sin que haya lugar a aperturar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que en su momento dicho medio de convicción será remitido vía interconexión. En esa virtud, este Juzgado de Distrito se reserva remitir el recurso en mención a la autoridad competente, hasta en tanto, estén notificadas todas las partes del presente asunto. Notifíquese personalmente por correo electrónico al agente del Ministerio Público adscrito, y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 658/2020-VI, promovido por --------------, por propio derecho, contra los actos del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitido hasta el nueve de septiembre de dos mil veinte, al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, --------------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las siguientes autoridades y actos: "III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- A) Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. B) Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME A) Del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 1.- La OMISIÓN de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 48 fracción V BIS, 100, todos los anteriores de la Ley Orgánica Municipal del Estado del Estado de México, 285, 289, 290, 292, 292 quintus, 320 bis, 351 todos los anteriores del Código Financiero del Estado de México, al momento de someter para la aprobación del Ayuntamiento, el PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente (en lo subsecuente "Presupuesto de Egresos"). 2.- La OMISIÓN de considerar la cantidad de $-------------- (-------------- 15/100 M.N.) al momento de elaborar el presupuesto para el pago de las responsabilidades económicas derivadas de los conflictos laborales que establece el artículo 48 fracción V bis de la Ley Orgánica municipal del Estado de México. 3.- La OMISIÓN de proponer como previsión del gasto público, el monto de $-------------- (-------------- /100 M.N.) en el capítulo 1000 "servicios personales", Partida 1522 "Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos", al someter a consideración del Ayuntamiento: a) la aprobación del "Presupuesto de Egresos" definitivo; y/o b) la modificación del capítulo 1000 para incrementar la asignación de recursos para servicios personales en su partida 1522 "Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos" (posterior a la aprobación definitiva del citado presupuesto). B) Del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 1.- La OMISIÓN de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 31 fracciones XVIII y XIX, 100, todos los anteriores de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 285, 289, 290, 292, 292 quintus, 320 bis, 351 todos los anteriores del Código Financiero del Estado de México, al momento de aprobar el PRESUPUESTO DEFINITIVO DE EGRESOS del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, vigente. 2.- La OMISIÓN de aprobar la modificación del "presupuesto de egresos", para establecer como previsión del gasto público, (en el capítulo 1000 de servicios personales. Partida 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos) el monto de $-------------- (-------------- 15/100 M.N.) erogado por sentencia laboral definitiva y emitida por la autoridad competente. 3.- La OMISIÓN de aprobar las adecuaciones a la partida 1522 del "Presupuesto de Egresos" vigente (posterior a la aprobación definitiva); esto es, la omisión de Incrementar la asignación de recursos para servicios personales en su capítulo 1000, partida 1522 "Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos", hasta por la cantidad de $-------------- (--------------15/100 . M.N.), para el pago de sentencia laboral definitiva emitida por la autoridad competente." SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La quejosa estimó que los actos reclamados son violatorios de los derechos humanos que consagran los artículos 1, 14, 16, 29, 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil vente, el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, tuvo por recibida la demanda, la cual quedó radicada bajo el número 569/2020-V-B, y formuló una prevención a la parte quejosa; una vez desahogada, el homólogo federal, sin admitir a trámite la demanda de amparo en auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, ordenó remitir el asunto a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, por conocimiento previo. En auto de cinco de octubre de dos mil veinte, fue recibido el oficio por parte del homólogo federal; por lo que este Juzgado Décimo en el Estado de México decidió asumir el conocimiento del asunto, y registró la demanda bajo el número 658/2020-VI, además en ese auto se previno a la parte quejosa para que precisara, entre otras cosas, lo siguiente: "si las omisiones que señala, las reclama con motivo de la falta de ejecución o incumplimiento del laudo dictado en los autos del juicio laboral SAT 987/2009, del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación Arbitraje del Estado de México, procedimiento en el cual refiere haber resultado vencedora, o si esas omisiones las reclama de manera autónoma". Una vez desahogada la prevención referida, en auto de trece de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo cual se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, Constitucionales; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que los actos reclamados carecen de ejecución material, aunado a que la demanda se presentó ante este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de una lectura integral de la demanda de amparo y de las demás constancias del expediente,8 se precisa que los actos que el quejoso reclama son los siguientes:9 1) Del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. A. La omisión de considerar la cantidad de $67,987,868.15 (sesenta y siete millones, novecientos ochenta y siete mil, ochocientos sesenta y ocho pesos 15/100 M.N.) al momento de elaborar el presupuesto municipal, para el pago de las responsabilidades económicas derivadas de los conflictos laborales que establece el artículo 48 fracción V bis de la Ley Orgánica municipal del Estado de México. B. La omisión de proponer como previsión del gasto público, el monto de $---------------------------- (-------------- 15/100 M.N.) en el capítulo 1000 "servicios personales", Partida 1522 "Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos", al someter a consideración del Ayuntamiento: a) la aprobación del "Presupuesto de Egresos" definitivo; y/o b) la modificación del capítulo 1000 para incrementar la asignación de recursos para servicios personales en su partida 1522 "Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos" (posterior a la aprobación definitiva del citado presupuesto). 2) Del Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. A. La omisión de aprobar la modificación del "presupuesto de egresos", para establecer como previsión del gasto público, (en el capítulo 1000 de servicios personales. Partida 1522 Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos) el monto de $-------------- (--------------15/100 M.N.). B. La omisión de aprobar las adecuaciones a la partida 1522 del "Presupuesto de Egresos" vigente (posterior a la aprobación definitiva); esto es, la omisión de Incrementar la asignación de recursos para servicios personales en su capítulo 1000, partida 1522 "Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos", hasta por la cantidad de $-------------- (-------------- Tesis III.1.A.31 K, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de garantías es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que además de analizar éste, debe comprender igualmente la ampliación, aclaración y documentos que la acompañan, porque de hecho forman parte de ella y sólo así puede alcanzarse la interpretación completa de la voluntad del que demanda la protección de la Justicia Federal." 9 Tesis: II.3o.A.23 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Página: 1554, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso." -------------- 15/100 M.N.). TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En primer lugar es importante destacar que en aquellos casos en que se reclamen actos omisivos, la carga de la prueba sobre la existencia o inexistencia de tal acto, por regla general, recae en las autoridades, no obstante, para estar en aptitud de realizar un pronunciamiento sobre la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, el juez de distrito debe acudir en principio a las normas legales que prevén la competencia de la autoridad competencia para verificar si en realidad ésta se encuentra obligada a realizar esa conducta. Es decir, antes de emitir un pronunciamiento sobre la existencia de una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido únicamente cuando una norma así lo determine. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXIV/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 53, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Adicionalmente, además de la existencia de la obligación objetiva, es decir contenida en una norma jurídica, para corroborar la certeza o existencia de una omisión, es necesario que las autoridades tengan o deban tener conocimiento de esa obligación, es decir es necesario que la autoridad haya estado en posibilidad de saber que tenía que actuar en el sentido que la ley lo mandata; porque de otra manera sería incorrecto atribuir una omisión a una autoridad que no tenía forma de conocer que se había actualizado el supuesto normativo que activaba su obligación. Así, la jurisprudencia ha identificado tres supuestos en los se debe considerar que la autoridad tenía conocimiento de su obligación:10 10 Tesis: (V Región)2o. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III Pag. 2351, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la 1. Cuando ese conocimiento sea consecuencia de un acto previo que la origine, en estos casos, la autoridad conoce su obligación de manera directa, por ejemplo, a partir de la notificación de una sentencia condenatoria la autoridad sabe que debe cumplir con la condena impuesta, y en consecuencia en caso de que el quejoso le atribuya la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar, la carga de la prueba para acreditar la inexistencia de la omisión recaerá en la autoridad; Sin lo anterior sería erróneo tener por cierto el incumplimiento por parte de la autoridad de una sentencia, que no tenía posibilidad de conocer, ni por ende de cumplir. 2. Los casos donde por sus atribuciones debe conocer ciertos hechos, por ejemplo un delito flagrante o una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, por lo tanto, en esos casos, en los que la simple actualización de un hecho actualiza la hipótesis de una norma jurídica, la carga de la prueba de la negativa de la omisión de actuar, en consecuencia, también recae en la autoridad; y, 3. Los actos que requieren de una solicitud, petición o condición previa, es decir cuando las leyes prevén la existencia de requisitos previos de impulso por parte del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe, en caso de que ello se encuentre acreditado, entonces la autoridad es quien debe desvirtuar la omisión que se le atribuye. A partir de los razonamientos antes expuestos, se tienen por CIERTOS los actos reclamados señalados en el considerando SEGUNDO, ya que si bien ambas autoridades responsables negaron la existencia de las omisiones reclamadas al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que no acreditaron haber considerado, propuesto y aprobado la cantidad que refiere la quejosa para la propuesta del presupuesto de egresos municipal del año dos mil veinte. Por el contario, las responsables aceptaron que el presupuesto asignado al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Cuautitlán Izcalli, para el pago de las obligaciones laborales, es de $-------------- (--------------pesos 00/100 MN), y a pesar de que manifestaron que es imposible para un organismo de asistencia social cubrir un laudo laboral de más de sesenta y siete millones de pesos, máxime que el resultado de ese laudo deriva claramente de un fraude procesal; lo cierto es que ello no desvirtúa la certeza de los actos reclamados. Al respecto, es importante referir que los artículos 31, fracciones I Sextus y XIX y 48, fracción IV BIS, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, es competencia de los ayuntamientos, establecen como atribuciones de los Ayuntamientos y del Presidente Municipal, lo siguiente: "Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: (.) I. Sextus. Formular, aprobar, implementar y ejecutar los programas y acciones para la prevención, atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas en los conflictos laborales; (.) XIX. Aprobar anualmente a más tardar el 20 de diciembre, su Presupuesto de Egresos, en base a los ingresos presupuestados para el ejercicio que corresponda, el cual podrá ser adecuado en función de las implicaciones que deriven de la aprobación de la Ley de Ingresos Municipal que haga la Legislatura, así como por la asignación de las participaciones y aportaciones federales y estatales." "Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: (.) IV Bis. Vigilar y ejecutar los programas y acciones para la prevención, atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas de los autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia Ayuntamientos de los conflictos laborales;" Por lo tanto, es claro que la ley sí les confiere a las autoridades responsables, en términos generales, la obligación de adoptar el presupuesto necesario para atender el pago de las responsabilidades económicas derivadas de los conflictos laborales. Además de que la quejosa acreditó haber informado a las autoridades responsables de la existencia de un laudo firme a su favor por la cantidad indicada, ello a través de los escritos de veinte y veintiuno de febrero de dos mil veinte, por lo tanto, es evidente que las responsables sí tenían conocimiento o debieron haberlo tenido, en relación a la existencia de ese pasivo y por lo tanto, de sus obligaciones en la materia. Así, una vez acreditada la existencia de una obligación objetiva de actuar conforme a sus atribuciones, no era suficiente que las responsables negaran la existencia de las omisiones reclamadas, sino que a éstas les correspondía probar su dicho y no al quejoso probar la existencia del acto, de conformidad con la tesis VI.1o.230 K, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." Bajo ese entendido, no obstante que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, negaron los actos reclamados, no aportaron información ni algún elemento probatorio que permitiera advertir que sí propusieron y aprobaron en el presupuesto municipal, la cantidad indicada por la parte quejosa, por el contrario, refirieron que el presupuesto asignado al Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Cuautitlán Izcalli, para el pago de las obligaciones laborales, era únicamente de $-------------- (-------------- pesos 00/100 MN), por lo tanto, se deben tener por CIERTOS los actos reclamados precisados en el considerando segundo. CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio de fondo del asunto debe verificarse si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que opere de oficio o que la hagan valer las partes. Dicho artículo establece: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Bajo esa óptica, este Juzgado Federal advierte de oficio que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5° de la Ley de Amparo, en razón de que a la quejosa no le asiste interés, en el presente juicio, para reclamar los actos precisados en el considerando segundo. Los referidos preceptos legales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] ...XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "Artículo 5°. [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Dichos artículos permiten advertir que para la procedencia del juicio es requisito indispensable que la parte quejosa tenga un interés jurídico o legítimo que se vea afectado por el acto de autoridad combatido en la demanda de amparo. Así, el interés representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si los actos reclamados no son susceptibles de lesionar la esfera jurídica del gobernado, entonces éste no tendría legitimación para instaurar el juicio constitucional. En esa línea, el interés requiere un vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.11 Ahora, la ley establece que la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica (interés jurídico) o que produce una afectación real y actual a su esfera jurídica (interés legítimo); de tal manera que, si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Dicho de otro modo, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés que le asiste en el juicio de amparo, el cual no puede inferirse con base en presunciones. 12 Por lo tanto, el juzgador debe inevitablemente constatar que la parte quejosa demuestre fehacientemente dentro del trámite del juicio, que los actos reclamados resulten susceptibles de perjudicarla de alguna manera, sin que las simples manifestaciones formuladas en la demanda de amparo resulten suficientes para satisfacer dicho requisito. Tampoco es suficiente la existencia de los actos reclamados; ya que suele acontecer que éstos no produzcan afectación alguna a los derechos de los gobernados, por lo que a pesar de haberse constatado la existencia del acto, de cualquier manera no habría ningún agravio o violación a derechos fundamentales que reparar mediante el juicio de amparo. Asimismo, vale la pena mencionar que el concepto de interés legítimo, no implica apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Por el contrario, el interés legítimo, legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Página: 690, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de 11 Tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 50/2014, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). 12Tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 51/2019, de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sobre esas bases, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés en el presente juicio, por las razones que a continuación se exponen. En principio se debe decir que de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa se duelen de las omisiones reclamadas de aprobar en diversas partidas del presupuesto municipal la inclusión de $-------------- pesos (-------------- 15/100 M.N.), para el pago de las obligaciones derivadas de conflictos laborales, y aduce que ella fue parte vencedora en el procedimiento laboral laboral SAT 987/2009, en el cual se dictó laudo de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México en contra del sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por la cantidad de $-------------- pesos. No obstante lo anterior, en su escrito de desahogo de prevención, manifestó que no presentó el presente juicio en su calidad de parte vencedora del juicio laboral, al respecto, textualmente, refirió lo siguiente: "Se precisa que las omisiones atribuidas a las responsables, NO SE RECLAMAN con motivo de la falta de ejecución o incumplimiento del laudo dictado en los autos del juicio laboral SAT 987/2009, del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal de Conciliación Arbitraje del Estado de México. Esto es, las omisiones de las responsables se reclaman de manera autónoma al juicio laboral. En el entendido que el acto reclamado se hace consistir en omisiones de las autoridades municipales al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos correspondiente, como un acto autónomo. Incluso las omisiones apuntan al incumplimiento de las responsables de observar lo ordenado en los artículos 285, 289, 290, 292, 292 quintus, 293, 320 Bis y 531 todos del Código Financiero del Estado de México; 31 fracciones XVIII y XIX. 48 fracción V BIS, 100, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 8 de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de carácter municipal, denominados "Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia". En consecuencia, si la quejosa no promovió el juicio de amparo que ahora se resuelve con motivo de la falta de cumplimiento del laudo laboral en el que resultó vencedora, entonces no se explica cuál es la afectación que las omisiones reclamadas producen en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, con las omisiones reclamadas. En otras palabras, el hecho de que se reclame que las autoridades responsables han omitido aprobar una determinada cantidad dentro del presupuesto municipal para el año dos mil veinte, para el pago de obligaciones derivadas de conflicto laborales, autónoma no genera un perjuicio a la quejosa distinto del que produciría en cualquier ciudadano. Por ende, si el reclamo de la quejosa no deriva de que se ha dejado de ejecutar el laudo referido, entonces desde la perspectiva de éste juzgador, es claro que acudió al juicio de amparo únicamente con un interés simple, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, en el cumplimiento de la ley. Es importante reiterar que es la parte quejosa quién tienen la carga de probar la especial situación que guarda frente al ordenamiento jurídico, por tanto, si en el presente juicio la quejosa expresamente manifestó que no se reclamaba la omisión con motivo de la falta de cumplimiento del laudo dictado en el procedimiento laboral laboral SAT 987/2009, entonces no hay elemento para acreditar que ésta tenga algún interés jurídico o legítimo en el presente juicio, con lo cual se tiene por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, es importante referir que en caso de que las autoridades municipales se encuentren vinculadas al cumplimiento del laudo referido, la quejosa tiene expedito su derecho de solicitar la ejecución forzosa conforme a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos el Estado y Municipios, del Estado de México; sin embargo, dichas omisiones de cualquier forma no pueden ser combatidas de manera directa a través del juicio de amparo, ya que no constituyen actos de autoridad, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 34/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando leyen la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede SOBRESEER en el presente juicio biinstancial. Atento a los razonamientos vertidos en esta resolución, este juzgador se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa con relación a la inconstitucionalidad que se aduce de los actos combatidos.13 Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 65, 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ----------, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO y por las razones sostenidas en el considerando CUARTO de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 2114 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano