Indira Esperanza Aguilar Pérez

Expediente 1227/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 38 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1227/2018
Año
2018
Actuaciones
38
Última actuación
24/07/2019

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
  • Marco Antonio Díaz Martínez
  • Indira Esperanza Aguilar Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: Obligaciones básicas: "I) Deje sin efectos la interlocutoria que constituyó el acto reclamado. II) en su lugar, emita una nueva en la que, en principio, deberá de reiterar aquello apartados que no fueron objeto de la protección constitucional, como lo son: a) Que la suma total de las condenas económicas que se declararon procedentes en el laudo concluyó con el juicio laboral ********, por conceptos de horas extras, de vacaciones, de primas vacacionales, aguinaldos y de salarios devengados y no pagados, asciende a ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y un pesos con trece centavos; b) También lo referente a que el monto de la condena de los salarios vencidos respecto del período comprendido del ocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, es por el equivalente a doscientos ochenta y tres mil ciento once pesos con sesenta y ocho centavos; y, c) De igual manera, que el coeficiente de los salarios vencidos en relación con el período que comprende de enero de dos mil diecisiete al marzo de dos mil dieciocho, asciende a la suma de cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta centavos; y, II) Finalmente, siguiendo los lineamientos contenidos en la sentencia constitucional, dicha autoridad deberá de acotar que el monto total de los intereses que se generaron respecto de la condena de pago de salarios vencidos, por el equivalente al dos por ciento del monto total de quince meses de salario, en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, es por la cantidad de ciento cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos con cincuenta y cinco centavos". (Lo subrayado y remarcado es por este juzgado). Por su parte, el normativo 196, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". Ahora, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. De las constancias remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, se advierte que emitió la sentencia interlocutoria el cinco de julio de dos mil diecinueve (foja 263 a 270), mediante el cual en lo que interesa, determinó en lo que interesa lo siguiente: "Primeramente se deja insubsistente la resolución de fecha 17 DE JUNIO del año 2019 Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil diecinueve, la junta responsable dejó insubsistente la resolución dictada el diecisiete de junio del año en curso, dictada dentro del juicio laboral ********* asimismo, emitió una nueva resolución en la que reiteró los apartados que no fueron objeto de la protección constitucional y se pronunció sobre el monto total de los intereses que se generaron respecto de la condena de pago de salarios vencidos, es decir, decretó a cuánto asciende la cantidad que adeuda la demandada con motivo al incidente de liquidación de prestaciones. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados del citado incidente. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Hágase entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, el primer día hábil en que la citada autoridad reanude sus labores, toda vez que mediante oficio ******* de nueve de julio de dos mil diecinueve, la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el primer periodo vacacional, comprendido del dieciséis de julio al dos de agosto del año en curso, reanudando labores el día siguiente hábil, es decir el cinco de agosto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, sustentado por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1994, Página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado y mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: Obligaciones básicas: "I) Deje sin efectos la interlocutoria que constituyó el acto reclamado. II) en su lugar, emita una nueva en la que, en principio, deberá de reiterar aquello apartados que no fueron objeto de la protección constitucional, como lo son: a) Que la suma total de las condenas económicas que se declararon procedentes en el laudo concluyó con el juicio laboral ********, por conceptos de horas extras, de vacaciones, de primas vacacionales, aguinaldos y de salarios devengados y no pagados, asciende a ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y un pesos con trece centavos; b) También lo referente a que el monto de la condena de los salarios vencidos respecto del período comprendido del ocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, es por el equivalente a doscientos ochenta y tres mil ciento once pesos con sesenta y ocho centavos; y, c) De igual manera, que el coeficiente de los salarios vencidos en relación con el período que comprende de enero de dos mil diecisiete al marzo de dos mil dieciocho, asciende a la suma de cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos con cincuenta centavos; y, II) Finalmente, siguiendo los lineamientos contenidos en la sentencia constitucional, dicha autoridad deberá de acotar que el monto total de los intereses que se generaron respecto de la condena de pago de salarios vencidos, por el equivalente al dos por ciento del monto total de quince meses de salario, en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, es por la cantidad de ciento cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos con cincuenta y cinco centavos". (Lo subrayado y remarcado es por este juzgado). Por su parte, el normativo 196, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley". Ahora, a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. De las constancias remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, se advierte que emitió la sentencia interlocutoria el cinco de julio de dos mil diecinueve (foja 263 a 270), mediante el cual en lo que interesa, determinó en lo que interesa lo siguiente: "Primeramente se deja insubsistente la resolución de fecha 17 DE JUNIO del año 2019 Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, toda vez que mediante resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil diecinueve, la junta responsable dejó insubsistente la resolución dictada el diecisiete de junio del año en curso, dictada dentro del juicio laboral ********* asimismo, emitió una nueva resolución en la que reiteró los apartados que no fueron objeto de la protección constitucional y se pronunció sobre el monto total de los intereses que se generaron respecto de la condena de pago de salarios vencidos, es decir, decretó a cuánto asciende la cantidad que adeuda la demandada con motivo al incidente de liquidación de prestaciones. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis establecida en la fracción IV del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado que en su momento sólo quedara para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se dejan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo y, en su momento, se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados del citado incidente. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Hágase entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, el primer día hábil en que la citada autoridad reanude sus labores, toda vez que mediante oficio ******* de nueve de julio de dos mil diecinueve, la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el primer periodo vacacional, comprendido del dieciséis de julio al dos de agosto del año en curso, reanudando labores el día siguiente hábil, es decir el cinco de agosto. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, sustentado por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1994, Página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado y mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial con que se da cuenta, de la cual se advierte que no fue posible notificar al tercero interesado ****************************** el proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 271), en el que se le dio vista, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable dictado en el juicio de origen, por las razones ahí expuestas; en tal virtud, se acuerda: Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del citado acuerdo, de este auto y las subsecuentes notificaciones, se realicen por medio de lista, en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese; y por lista al tercero interesado el proveído de nueve de julio de dos mil diecinueve.

Quedan 34 actuaciones en este expediente

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