Indi Nayeli Rojas Merino

Expediente 1940/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1940/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Indi Nayeli Rojas Merino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que se ha dado al fallo protector, sin que hayan manifestado su inconformidad para tal efecto, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veinticinco de enero de la presente anualidad, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó el presente asunto; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional para los siguientes efectos: ". En las relatadas circunstancias, al estar acreditado que los actos reclamados resultan violatorios del derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, en perjuicio de la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para que la autoridad responsable Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado realice lo siguiente: a) Señale inmediatamente fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral D-6/342/2016, consistentes en la prueba en audio (ofrecida por la parte actora) y la prueba testimonial (ofrecida por la parte demandada), dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo y realice todas las actuaciones necesarias para desahogarlas. De todo lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito. Ahora bien, por lo que respecta a la prueba de inspección ocular ofrecida por las partes, fijada para que tenga verificativo a las diez horas del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, de conceder el amparo solicitado se impediría concretar en favor de la quejosa los efectos de la protección federal previstos en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. ." (fojas 56 vuelta a 57). En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copias certificadas de los autos dictados ocho y trece de diciembre de dos mil diecisiete, así como el de veintidós de enero del año en curso, dentro del expediente laboral D-6/342/2016, de los que se desprende que la parte quejosa con su contraparte, llegaron a un convenio, en el que se determinó que la demandada dentro del juicio de origen pagaría a la quejosa la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional, cantidad que incluye el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda (fojas 77 a 78). Asimismo, la actora, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio laboral, contra todos y cada uno de los demandados el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como las aclaraciones hechas en su escrito inicial de demanda de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 78 vuelta). Convenio que fue debidamente ratificado con fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 79). Y como consecuencia de lo anterior, la junta responsable ordenó el archivo del juicio de origen como total y definitivamente concluido (foja 79). Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Ello es así, pues de las constancias que la junta responsable remitió, se aprecia que dentro del expediente laboral D-6/342/2016, tanto la parte quejosa como su contraparte, llegaron a un convenio, en el que se determinó que la demandada dentro del juicio de origen pagaría a la quejosa la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional, cantidad que incluye el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda (fojas 77 a 78); asimismo, la actora, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio laboral, contra todos y cada uno de los demandados el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como las aclaraciones hechas en su escrito inicial de demanda de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 78 vuelta); convenio que fue debidamente ratificado con fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 79) y como consecuencia de lo anterior, la junta responsable ordenó el archivo del juicio de origen como total y definitivamente concluido (foja 79). Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." El contenido de ese artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a autoridad responsable a un hacer, a saber, que realizara las actuaciones necesarias para desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-6/42/2016 dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes del juicio natural. Aquí debe explicarse, que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral, aquél tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente principal, será susceptible de DEPURACIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de veinticinco de enero del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que se ha dado al fallo protector, sin que hayan manifestado su inconformidad para tal efecto, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veinticinco de enero de la presente anualidad, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, por una parte, se sobreseyó el presente asunto; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional para los siguientes efectos: ". En las relatadas circunstancias, al estar acreditado que los actos reclamados resultan violatorios del derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, en perjuicio de la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para que la autoridad responsable Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado realice lo siguiente: a) Señale inmediatamente fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del juicio laboral D-6/342/2016, consistentes en la prueba en audio (ofrecida por la parte actora) y la prueba testimonial (ofrecida por la parte demandada), dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo y realice todas las actuaciones necesarias para desahogarlas. De todo lo cual deberá informar a este Juzgado de Distrito. Ahora bien, por lo que respecta a la prueba de inspección ocular ofrecida por las partes, fijada para que tenga verificativo a las diez horas del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, de conceder el amparo solicitado se impediría concretar en favor de la quejosa los efectos de la protección federal previstos en el artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo. ." (fojas 56 vuelta a 57). En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copias certificadas de los autos dictados ocho y trece de diciembre de dos mil diecisiete, así como el de veintidós de enero del año en curso, dentro del expediente laboral D-6/342/2016, de los que se desprende que la parte quejosa con su contraparte, llegaron a un convenio, en el que se determinó que la demandada dentro del juicio de origen pagaría a la quejosa la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional, cantidad que incluye el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda (fojas 77 a 78). Asimismo, la actora, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio laboral, contra todos y cada uno de los demandados el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como las aclaraciones hechas en su escrito inicial de demanda de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 78 vuelta). Convenio que fue debidamente ratificado con fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 79). Y como consecuencia de lo anterior, la junta responsable ordenó el archivo del juicio de origen como total y definitivamente concluido (foja 79). Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. Ello es así, pues de las constancias que la junta responsable remitió, se aprecia que dentro del expediente laboral D-6/342/2016, tanto la parte quejosa como su contraparte, llegaron a un convenio, en el que se determinó que la demandada dentro del juicio de origen pagaría a la quejosa la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional, cantidad que incluye el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda (fojas 77 a 78); asimismo, la actora, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio laboral, contra todos y cada uno de los demandados el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como las aclaraciones hechas en su escrito inicial de demanda de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 78 vuelta); convenio que fue debidamente ratificado con fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 79) y como consecuencia de lo anterior, la junta responsable ordenó el archivo del juicio de origen como total y definitivamente concluido (foja 79). Al respecto, conviene traer a contexto lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." El contenido de ese artículo, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a autoridad responsable a un hacer, a saber, que realizara las actuaciones necesarias para desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral D-6/42/2016 dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes del juicio natural. Aquí debe explicarse, que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral, aquél tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente principal, será susceptible de DEPURACIÓN, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, téngasele remitiendo copias certificadas de los autos dictados ocho y trece de diciembre de dos mil diecisiete, así como el de veintidós de enero del año en curso, dentro del expediente laboral D-6/342/2016, de los que se desprende que la parte quejosa con su contraparte, llegaron a un convenio, donde se determinó que la parte demandada dentro del juicio de origen pagaría a la quejosa la cantidad de $30,000, 00 treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional, cantidad que incluye el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda (fojas 77 a 78). Asimismo, la actora, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio laboral, contra todos y cada uno de los demandados el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como las aclaraciones hechas en su escrito inicial de demanda de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 78 vuelta). Convenio que fue debidamente ratificado con fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 79). Y como consecuencia de lo anterior, la junta responsable ordenó el archivo del juicio de origen como total y definitivamente concluido (foja 79). Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, visto su contenido, téngasele remitiendo copias certificadas de los autos dictados ocho y trece de diciembre de dos mil diecisiete, así como el de veintidós de enero del año en curso, dentro del expediente laboral D-6/342/2016, de los que se desprende que la parte quejosa con su contraparte, llegaron a un convenio, donde se determinó que la parte demandada dentro del juicio de origen pagaría a la quejosa la cantidad de $30,000, 00 treinta mil pesos, cero centavos moneda nacional, cantidad que incluye el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en su escrito inicial de demanda (fojas 77 a 78). Asimismo, la actora, desistió lisa y llanamente de todas y cada una de las acciones intentadas dentro del juicio laboral, contra todos y cada uno de los demandados el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como las aclaraciones hechas en su escrito inicial de demanda de nueve de enero de dos mil diecisiete (foja 78 vuelta). Convenio que fue debidamente ratificado con fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete (foja 79). Y como consecuencia de lo anterior, la junta responsable ordenó el archivo del juicio de origen como total y definitivamente concluido (foja 79). Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.

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