Impulsora de Servicios de Ensenada, S.C.

Expediente 362/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
362/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2023

Partes del expediente

  • Impulsora de Servicios de Ensenada, S.C.

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a siete de junio de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos el oficio registrado con el oficio remitido por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa testimonio de la resolución del conflicto competencial 20/2023. Por lo que hace a la decisión del asunto, la Superioridad resolvió: "(.) ÚNICO. Se declara que el Juez de Distrito en el Estado en Turno, de la ciudad de Tijuana, Baja California, quien cuenta con competencia legal para conocer de la demanda presentada por ****, por conducto de su apoderada legal, que dio origen al expediente 362/2023; en consecuencia, remítanse a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la ciudad de Tijuana, Baja California, las constancias que conforman el expediente relativo, así como testimonio autorizado de la presente resolución para los efectos legales procedentes.(.)" Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Integración. Agréguense al presente cuaderno de antecedentes, las actuaciones originales del cuadernillo formado con motivo del conflicto competencial respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. No se apertura. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se declaró la incompetencia para conocer de la demanda de amparo. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta. Colegiado se avoca a conocimiento de conflicto competencial. Atento a su contenido, se tiene al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, informando que mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento del conflicto competencial, planteado por este Juzgado; el cual quedó registrado bajo el número 20/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Acepta competencia. Se tiene al citado órgano jurisdiccional acusando de recibo el oficio 8282/2023 y anexos, por el cual este Juzgado de Distrito remitió el original del juicio de amparo 362/2023 del índice de este órgano, e informa que determinó aceptar la competencia planteada por este Juzgado en relación a las morales quejosas *****. No acepta competencia. Por otra parte, declina la competencia en relación a la diversa moral quejosa ******** por las razones vertidas en el oficio que se provee, por lo que remite a este órgano jurisdiccional las constancias relativas al juicio 544/2023, de su índice, derivado de la incompetencia remitida por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, es importante destacar que este órgano jurisdiccional insiste en declinar su competencia al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, ya que de la cédula de identificación fiscal se advierte claramente que la moral Ola Baja, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, tiene registrado su domicilio fiscal en esa ciudad de Ensenada, Baja California; por tanto, resulta evidente que la ejecución de los actos reclamados en esta vía, tiene lugar en dicha municipalidad, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve, tal y como se desprende de dicha cédula de identificación fiscal que a manera de ilustración se plasma en el presente acuerdo. Aunado a lo anterior, de la cláusula QUINTA de la escritura pública 53,268, volumen 1,913, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Número Cinco, con ejercicio y residencia en Ensenada, Baja California, se logra advertir que el domicilio de la sociedad Ola Baja, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es precisamente en la ciudad de Ensenada, Baja California, pudiendo establecer sucursales o representaciones en cualquier lugar de la República, cláusula que de forma íntegra se plasma en el presente acuerdo, para mayor ilustración: Sin que se inadvierta, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, no acepta la competencia en relación a dicha moral quejosa, con sustento en ".del recibo emitido por la Secretaría de Hacienda, del Gobierno del Estado de Baja California, con fecha de emisión de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, relativo a Ola Baja Sociedad Anónima de Capital Variable, con registro federal de contribuyentes OBA8703144A92, se desprende que dicho domicilio se encuentra en la ciudad de Rosarito, Baja California;."; lo cual no se comparte por el suscrito, ya que dicho documento corresponde a un recibo de pago de impuestos expedido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California, y no a la cédula de identificación fiscal, a que hace referencia el citado recibo, que es la que determina realmente el "domicilio fiscal del contribuyente", y no, el lugar de expedición de un recibo de pago de contribuciones. Incluso, como se estableció en la propia cláusula QUINTA de la escritura pública 53,268, volumen 1,913, de veintinueve de mayo de dos mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Número Cinco, con ejercicio y residencia en Ensenada, Baja California, se logra advertir que el domicilio de la sociedad Ola Baja, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, es precisamente en la ciudad de Ensenada, Baja California, pudiendo establecer sucursales o representaciones en cualquier lugar de la República, sin que ello implique que las sucursales o representaciones no puedan poner el domicilio de expedición de los documentos, como lo sería en el caso el de alguna sucursal en la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California. *****Bajo ese contexto, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, sostiene que la parte quejosa acude a la vía de amparo reclamando una obligación tributaria prevista en la Ley de Hacienda para el Estado de Baja California; por tanto, debe considerarse que la mencionada norma tiene como lugar de ejecución el que corresponda al domicilio fiscal de la moral quejosa, pues es el sitio vinculado al cumplimiento de la obligación contributiva y en el que se ejercen las funciones autoritarias de control y fiscalización. **** Se plantea conflicto competencial. Virtud de lo anterior, este Juzgado de Distrito insiste en que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, en atención a los razonamientos vertidos en el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés y ampliados en el presente acuerdo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, 49 de la Ley de Amparo y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir las constancias que integran el presente cuaderno de antecedentes 362/2023 del índice de este Juzgado Federal, al Tribunal Colegiado en turno del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo que en derecho corresponda sobre la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión. **** De igual manera, mediante oficio con transcripción del presente proveído, hágase del conocimiento lo anterior al titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, para que si así lo desea, exponga lo conducente, de conformidad con el artículo 48, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ******, quien se ostenta como apoderada legal de *****, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 362/2023. Incompetencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, estima que en el caso concreto carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo en razón de territorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 y 48 ambos de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para corroborar dicho aserto, debe tenerse presente que la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional es un presupuesto procesal de orden público que, por imperativo constitucional contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, debe de analizarse de oficio a fin de no transgredir las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo. ****Por otra parte, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar lo juzgado en las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, desde luego, en el ámbito de su respectiva competencia. La función de conocer y juzgar los litigios, así como de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón del territorio se distribuye entre diversos Circuitos, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los que se les asigna una especialización o materia mixta, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, mixtos, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad o en su caso en todas las materias. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia por territorio es el criterio que determina la circunscripción territorial en la que ha de tener su sede el órgano jurisdiccional que deberá dirimir la controversia; es decir, el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio; por tanto, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes dentro de una determinada zona geográfica. En el caso concreto se dice que este Juzgado carece de competencia legal, dado que se actualiza lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. El primero de los numerales en cita es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" Dicho precepto constitucional es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, el precepto 37 de la Ley de Amparo indica: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del numeral que antecede, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: 1) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el citado dispositivo, más que una regla diversa constituye un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, se tiene que la ejecución es el único criterio para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera, que no la requiere. ********* Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la promovente, así como de los anexos de la demanda, se advierte que las morales quejosas tienen su domicilio fiscal en Ensenada, Baja California; por tanto, resulta evidente que la ejecución de los actos reclamados en esta vía, tuvo lugar en dicha municipalidad, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve. No se inadvierte que las autoridades señaladas como responsables tienen su domicilio en esta ciudad de Mexicali, Baja California; sin embargo, el quejoso acude a la vía de amparo reclamando una obligación tributaria prevista en la Ley de Hacienda para el Estado de Baja California; por tanto, debe considerarse que la mencionada norma tiene como lugar de ejecución el que corresponda al domicilio fiscal del quejoso, pues es el sitio vinculado al cumplimiento de la obligación contributiva y en el que se ejercen las funciones autoritarias de control y fiscalización. *****En tales condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en turno, puesto que es en ese lugar donde tuvo lugar la ejecución el acto reclamado; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto. ****** Consecuentemente, se procede a remitir los autos originales del presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Ensenada, en turno, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado federal; solicítese el acuse de recibo correspondiente; asimismo, informe sí acepta o no la competencia para conocer del presente juicio de amparo. Autorizados en términos restringidos. Se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************y ********************, dado que su respectiva cédula profesional no está registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Se autoriza consultar electrónicamente. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en los diversos 35, 39, 55, y demás relativos y aplicables del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente; se autoriza el acceso al presente expediente electrónico para consultarlo electrónicamente con nombre de usuario "********************". Notificaciones personales por vía electrónica. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, y como lo solicita expresamente la parte quejosa, proceda el Actuario de la adscripción a este Juzgado a realizar las notificaciones personales a la parte quejosa, vía electrónica, con el nombre de usuario indicado en párrafo que precede. **** Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que los nombres de usuarios con los que se registraron dichos autorizados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, estén plasmados en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Domicilio físico. En virtud de las notificaciones electrónicas ordenadas en autos, a virtud de elección de la parte quejosa, no ha lugar a tener como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el lugar físico que indica en su escrito inicial de demanda. No obstante, con fundamento en el artículo 30, fracción II, segundo párrafo, y fracción III, de la Ley de Amparo, téngase señalado dicho domicilio, únicamente en el evento de surgir un caso fortuito, fuerza mayor o falla técnica del sistema que impida hacerlo vía electrónica, o bien, en algún otro caso que este juzgador estime conveniente por la naturaleza del acto o diligencia que corresponda. En la inteligencia, que la regla general para las notificaciones personales, es por la vía electrónica autorizada, y para sólo en la eventualidad de que sea necesario por alguna razón conforme los expuesto en el párrafo que precede -notificación en domicilio físico por conducto del Actuario-, previamente, este juzgador determinará lo conducente, los términos y/o la temporalidad concretos en que deberá procederse al respecto. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Consulta al expediente. En estricto acatamiento, y con sustento en el artículo 261 y Considerando Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, quienes acudan presencialmente al recinto oficial de este órgano jurisdiccional, podrán consultar el presente juicio únicamente desde el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, sin necesidad de contar con un expediente físico en sus manos. Juicio en línea. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en el presente asunto, constituye el eje rector de la actividad del presente juicio el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con sustento en las bases establecidas en el invocado dispositivo; por lo que, en caso de que el asunto se promueva como "juicio en línea", las partes deberán continuar la tramitación mediante el referido esquema. Libros de control electrónicos. Con sustento en lo previsto en el Título Tercero, Capítulo Primero, inherente a las disposiciones generales de "Libros de Control Electrónico" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se ordena a la Oficial encargada el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, mantenga totalmente actualizados los rubros requeridos en los libros electrónicos de registro, especificados en el módulo "Libros de Control", del invocado Acuerdo General. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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