Imelda Valencia Valencia

Expediente 309/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
309/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Imelda Valencia Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Escrito de cuenta. Agréguese a los autos el escrito de Ricardo Antonio Silva Díaz, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo por los quejosos, a través del cual solicita una prórroga a fin de que el promovente del amparo esté en posibilidad de ratificar su escrito de ampliación demanda como fue requerido en proveído de veintidós de marzo del presente año. Determinación. Tomando en consideración que del ocurso de mérito se advierte que se presentó vía electrónica el siete del mes y año en curso, esto es, el último día del plazo de tres que se había otorgado y, toda vez que debe transcurrir íntegramente, el plazo concedido en auto de veintidós del mes próximo pasado, el cual finaliza ése mismo día. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por única vez se le concede una prórroga de tres días, adicionales al plazo concedido en auto de veintidós de marzo del presente año, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído; por tanto, se hace de su conocimiento que el plazo concedido para que se presente personalmente ante este juzgado federal es con el fin de que reconozca si es suya la firma que calza el escrito de ampliación referido, manifestando si corresponde a su puño y letra. Finalmente, infórmesele que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de mérito, para el caso de que no se cumpla con la prevención formulada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, a través del cual remite los autos del juicio de amparo 249/2021-IX, de su índice. En dicho oficio declina competencia en favor de este Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo referido bajo el argumento de que el acto reclamado es formal y materialmente administrativo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 309/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizado en su integridad el juicio de amparo que nos ocupa y la determinación a través de la cual el Juez de Distrito oficiante se declaró incompetente, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierten como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "(.) (.) Asimismo, es oportuno citar los antecedentes siguientes: "(.) (.)" En razón de lo anterior la parte quejosa presentó juicio de amparo indirecto el cual fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien mediante proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se declaró incompetente por cuestión de materia para conocer de él, al considerar que los actos reclamados eran de naturaleza administrativa y no laboral. Para sustentar esa determinación, dicho Juez de Distrito estimó lo siguiente: "(.) (.)" Una vez analizadas las anteriores consideraciones y vista la demanda de amparo en su integridad, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo 249/2021-IX, por las razones siguientes: De las transcripciones anteriores, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en esencia en el incremento otorgado a la pensión que le fue concedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el Decreto que reglamenta la utilización de Unidades de Medida de Actualización (UMA), contenido en el artículo 123 constitucional; así como, el ajuste y el pago retroactivo de dicha pensión; de ahí que, se pueda establecer que se trata de una demanda de amparo en la que el acto reclamado es de naturaleza eminentemente laboral; por lo que, el competente para conocer de la demanda de amparo es un Juez de Distrito en Materia de Trabajo en esta ciudad. En tales condiciones, a efecto de establecer lo relativo a la competencia para conocer de dicho acto, cabe destacar que el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán: "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del artículo trascrito se desprende que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México para conocer de los juicios de garantías que se promuevan contra actos de naturaleza laboral, esto es, que se encuentran contenidos tanto en la legislación sustantiva como adjetiva de dicha materia, lo cual en ningún caso, puede conocer un órgano en materia distinta, como en el caso sucede con el Juez de Distrito en Materia Administrativa. Lo anterior obedece a que el espíritu del legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Además, del artículo 48 de la Ley de Amparo, se advierte que el conocimiento de los juicios de amparo tramitados ante juzgados de Distrito deriva de la naturaleza intrínseca de los actos reclamados, que en la parte que interesa dice: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales (.)" Así, el elemento al que debe atenderse para fijar la competencia entre juzgados de distrito especializados por materia es la naturaleza del acto la cual, regularmente, se puede determinar mediante su análisis cuidadoso, los hechos narrados, las pruebas aportadas, así como los preceptos legales en que se apoye la demanda. Corrobora lo anterior, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que limita la competencia de éste órgano jurisdiccional a lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo transcrito se advierte que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se avoque a su conocimiento, debido a que la naturaleza del acto deviene del ámbito del derecho laboral y trasciende en forma definitiva al estudio que, en dado caso, deba hacerse al dictarse la sentencia definitiva. Por tanto, es incuestionable que las características jurídicas de los actos reclamados son propias de la materia de trabajo, y por ende, surte competencia a los juzgados especializados en esa materia para el conocimiento del asunto, pues la conducta que de éstas reclama, implica una afectación que se genera en la esfera de derechos laborales. En mérito de lo anterior, se considera que la naturaleza jurídica del acto reclamado es eminentemente laboral pues, lo que está en controversia es el incremento otorgado a la pensión que le fue concedida a la parte quejosa por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con base en el Decreto que reglamenta la utilización de Unidades de Medida de Actualización (UMA), contenido en el artículo 123 constitucional; así como, el ajuste y el pago retroactivo de dicha pensión; por tanto, se deduce que el acto que por esta vía se reclama es de naturaleza laboral y la competencia para conocer de este asunto se surte en favor de un Juez de Distrito en esa materia. En ese contexto, lo reclamado en este juicio está relacionado con una prestación que afecta aspectos de la seguridad social inmersos en materia de trabajo, pues las pensiones son prestaciones que derivan directamente de la relación jurídica que por disposición legal se suscita entre la autoridad responsable y la quejosa en su calidad de trabajadora, mismas que tienen su origen en la existencia del vínculo laboral que se da entre el respectivo trabajador y la dependencia o entidad de la administración pública; de ahí que, para determinar qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de los juicios laborales en los que se demanden las referidas prestaciones debe atenderse al régimen constitucional y legal que regula la relación jurídica. Lo anterior, tal como se aprecia del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 9/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 657 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa". Asimismo, esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando los beneficiarios de una pensión de viudez u orfandad pretendan combatir la resolución que la suspende o modifica, pueden interponer el recurso de inconformidad, o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero si estiman que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de respetar el principio de definitividad, y promueven juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo. Ello, tal como se desprende de la tesis aislada 2a. XVII/2007, consultable en la página 707 del Tomo XXV, marzo de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN DE VIUDEZ U ORFANDAD. PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS CONTRA LA MODIFICACIÓN EFECTUADA UNILATERALMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, SON COMPETENTES LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. Cuando los beneficiarios de un trabajador pretendan combatir la resolución que suspendió o modificó una pensión por viudez u orfandad previamente otorgada, pueden interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el artículo 295 del mismo ordenamiento. Ahora bien, si por estimar que se actualizan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o alguna otra causa que exima de agotar el principio de definitividad, el afectado por la modificación de esos beneficios, realizada unilateralmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve el juicio de amparo indirecto, el órgano competente para conocer de éste, así como de los recursos que en él se interpongan, es un Juzgado de Distrito o, en su caso, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, toda vez que ese acto, a pesar de ser formalmente administrativo, afecta una prestación de carácter laboral establecida en favor de los beneficiarios de un trabajador asegurado, por riesgo de trabajo, invalidez o muerte". Conforme a los criterios de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que las autoridades laborales son competentes para conocer de los conflictos en los que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen actos relacionados con la extinción o modificación de las prestaciones que derivan del régimen obligatorio del seguro social. En ese sentido, se debe concluir que también lo son para resolver los conflictos que surjan del otorgamiento de una pensión relacionada con los seguros que integran ese régimen, como es en la especie, la normativa con la cual debe incrementarse anualmente; al margen que se trate de un acto formalmente administrativo, en razón que, la consecuencia impacta en una prestación de índole laboral, pues como se dijo, se encuentra relacionada con una pensión derivada de la Ley del Seguro Social que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga al asegurado y debido a la cotización en el régimen obligatorio como consecuencia de la prestación de un servicio subordinado. Máxime que el artículo 275 de la anterior Ley del Seguro Social, establece que será la materia laboral en la que deberán dilucidarse las controversias que se susciten entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto; tal como se desprende del texto siguiente: "Artículo 275. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, sobre las prestaciones que esta Ley otorga, podrán ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad que establece el artículo anterior". Dado que el acto reclamado consiste en síntesis en la forma de incrementar anualmente la pensión por cesantía en edad avanzada que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó al quejoso así como el ajuste y pago retroactivo de dicha pensión, es evidente que corresponde conocer de la controversia al juez de distrito especializado en materia laboral. En consecuencia, se deduce que el acto que por esta vía se reclama es de naturaleza laboral y la competencia para conocer de éste asunto se surte en favor de un Juez de Distrito de Amparo en esa materia. Es aplicable, en lo conducente, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9 del Tomo 205-216 Primera Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO". Lo anterior, no pugna con el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados, ni mucho menos los principios consagrados en el artículo 17 constitucional, referente a la garantía de una justicia expedita al dictarse el fallo correspondiente, porque la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a una de las diversas ramas del derecho, quienes por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. En esas circunstancias, con apoyo en los artículos 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determina NO ACEPTAR la competencia planteada y ordena devolverla al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; solicitando comunique si insiste en declinar competencia a este juzgado de distrito. Solicítese atentamente al juez declinado que acuse el recibo correspondiente vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Fórmese cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que se remitirá el expediente original en que se actúa. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el expediente electrónico, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios a Eduardo Venegas Vázquez y Rodrigo Hernández Valencia, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a la autorización de Gabriel Díaz Morones, dígasele que una vez que registre su cédula profesional en el citado sistema, se acordará respecto de dicha autorización, en la inteligencia que de no hacerlo ésta es única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones, como lo dispone el precepto en comento. Autorización de usuarios. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que el nombre de usuario "EVEnegasV1206" corresponde a Eduardo Venegas Vázquez, persona autorizada por la parte quejosa. Por cuanto al correo electrónico que proporciona, téngase como medio de contacto para efectuar comunicaciones no procesales con la parte quejosa, por lo que póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado para que, de ser necesario, faciliten las diligencias que se encomienden. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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