Imelda Torres de la Cruz
Expediente 582/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 43 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 20/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Marcelino Rodarte Hernández
- Imelda Torres de la Cruz
- J. Guadalupe Martínez Romo
- Martha Angélica Caldera Duarte
- Edgar Manuel Gutiérrez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
El veinte de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se exhibieron diversos documentos originales en el escrito de demanda; en consecuencia, toda vez que se encuentra concluido, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del capítulo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase al quejoso para que dentro de los NOVENTA DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, comparezca debidamente identificado en día y hora hábiles, para hacerle entrega de los documentos de que se trata, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, seguirán la suerte del expediente principal en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, CERTIFICO: Que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de tres de mayo del año en curso, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto del acto realizado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En veinte de mayo de dos mil dieciséis, se da cuenta al secretario en funciones de Juez con la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cuatro de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el diez de septiembre de dicho año; en la que se sobreseyó el juicio y negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Inconforme con el citado fallo, Marcelino Rodarte Hernández, representante común de entre los quejosos, interpuso recurso de revisión al que recayó el acuerdo relativo de veintinueve de septiembre de dos mil quince y se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para el trámite correspondiente. Por oficio registrado con el número 6082 de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la ejecutoria de diecisiete de marzo del propio año, que modificó, en la materia de la revisión, la sentencia dictada por este Juzgado el diez de septiembre de dos mil quince, bajo los siguientes puntos resolutivos: Sobresee en el juicio de amparo promovido por la totalidad de los quejosos, por lo que respecta al acto reclamado al Director Estatal de Protección Civil del Estado de Zacatecas. Sobresee en el juicio de amparo por lo que se refiere a las quejosas María del Carmen Velasco Esparza y Norma Luisa Jiménez Castañeda, con relación a los actos y autoridades (con excepción de la citada autoridad en el párrafo anterior), precisados en el resultando primero de esa ejecutoria. Negó el amparo y protección a la totalidad de los quejosos con relación a los artículos 7, 8, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 34, 37, 41, 46, 47, 52, 54, 58, 69, 71, 90, 92, 105, 108, 126 y 127 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil quince. Además, se niega dicha protección por lo que se refiere a los trabajadores derechohabientes con relación a los artículos 26 y 42 de la ley en cita. Concedió el amparo solicitado por GUSTAVO CARRILLO NAVARRO, ESTHER HERRERA CALVILLO, MARTINA PASILLAS SOLÍS, EDELMIRA GAYTÁN DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES (pensionados), contra los actos reclamados al Gobernador, Congreso, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, Secretario de Educación, Colegio de Bachilleres e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, todas del Estado de Zacatecas, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 4°, fracción VI, 26, 42 y décimo cuarto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil quince, en cuanto prevén la cuota que se debe cubrir a dicho Instituto a cargo de los pensionados. Se declararon infundados los recursos de revisión adhesivos interpuestos por las autoridades responsables Gobernador del Estado de Zacatecas y Secretario General de Gobierno, ambos por conducto del Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado; Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; y la Sexagésima Primera Legislatura de este Estado por conducto de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales. Por lo que, mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por el cumplimiento respectivo. Por lo que mediante oficio recibido en este juzgado el dos de mayo del año en curso, la Delegada de la autoridad responsable acompañó copia del oficio DG/SJ/168/2016 girado al Director de Prestaciones Económicas del ISSSTEZAC, acompañándole la ejecutoria respectiva a fin de que dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora; y del oficio DPE/D/1226/2016 de cuatro de abril de dos mil dieciséis mediante el cual la Dirección de Prestaciones económicas en respuesta al oficio anterior, informa a la Subdirección Jurídica que con motivo de la suspensión definitiva que se les había otorgado a los quejosos, o se les estaba aplicando la Ley del ISSSTEZAC y que en cumplimiento a la ejecutoria, continuarán sin aplicar tales dispositivos. Atento a esto, mediante proveído de tres de mayo del presente año, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento dado por la responsable, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en términos de lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, dejara de aplicar (presente y futuro) a los quejosos GUSTAVO CARRILLO NAVARRO, ESTHER HERRERA CALVILLO, MARTINA PASILLAS SOLÍS, EDELMIRA GAYTÁN DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES, los artículos 4°, fracción VI, 26, 42 y artículo Décimo Cuarto transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en cuanto prevén las cuotas que se deben cubrir a dicho Instituto, a cargo de los referidos pensionados; y, que la responsable de mérito dejó de aplicar la Ley del ISSSTEZAC, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, se concluye que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión (y violación a la suspensión, en su caso), tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión de los actos reclamados. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. "Visto el estado de los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El cuatro de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el diez de septiembre de dicho año; en la que se sobreseyó el juicio y negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Inconforme con el citado fallo, Marcelino Rodarte Hernández, representante común de entre los quejosos, interpuso recurso de revisión al que recayó el acuerdo relativo de veintinueve de septiembre de dos mil quince y se ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para el trámite correspondiente. Por oficio registrado con el número 6082 de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, remitió testimonio de la ejecutoria de diecisiete de marzo del propio año, que modificó, en la materia de la revisión, la sentencia dictada por este Juzgado el diez de septiembre de dos mil quince, bajo los siguientes puntos resolutivos: Sobresee en el juicio de amparo promovido por la totalidad de los quejosos, por lo que respecta al acto reclamado al Director Estatal de Protección Civil del Estado de Zacatecas. Sobresee en el juicio de amparo por lo que se refiere a las quejosas María del Carmen Velasco Esparza y Norma Luisa Jiménez Castañeda, con relación a los actos y autoridades (con excepción de la citada autoridad en el párrafo anterior), precisados en el resultando primero de esa ejecutoria. Negó el amparo y protección a la totalidad de los quejosos con relación a los artículos 7, 8, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 34, 37, 41, 46, 47, 52, 54, 58, 69, 71, 90, 92, 105, 108, 126 y 127 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil quince. Además, se niega dicha protección por lo que se refiere a los trabajadores derechohabientes con relación a los artículos 26 y 42 de la ley en cita. Concedió el amparo solicitado por GUSTAVO CARRILLO NAVARRO, ESTHER HERRERA CALVILLO, MARTINA PASILLAS SOLÍS, EDELMIRA GAYTÁN DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES (pensionados), contra los actos reclamados al Gobernador, Congreso, Secretario General de Gobierno, Director del Periódico Oficial, Secretario de Educación, Colegio de Bachilleres e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, todas del Estado de Zacatecas, consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 4°, fracción VI, 26, 42 y décimo cuarto transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el veintiuno de marzo de dos mil quince, en cuanto prevén la cuota que se debe cubrir a dicho Instituto a cargo de los pensionados. Se declararon infundados los recursos de revisión adhesivos interpuestos por las autoridades responsables Gobernador del Estado de Zacatecas y Secretario General de Gobierno, ambos por conducto del Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado; Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; y la Sexagésima Primera Legislatura de este Estado por conducto de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales. Por lo que, mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por el cumplimiento respectivo. Por lo que mediante oficio recibido en este juzgado el dos de mayo del año en curso, la Delegada de la autoridad responsable acompañó copia del oficio DG/SJ/168/2016 girado al Director de Prestaciones Económicas del ISSSTEZAC, acompañándole la ejecutoria respectiva a fin de que dé cabal cumplimiento a la sentencia protectora; y del oficio DPE/D/1226/2016 de cuatro de abril de dos mil dieciséis mediante el cual la Dirección de Prestaciones económicas en respuesta al oficio anterior, informa a la Subdirección Jurídica que con motivo de la suspensión definitiva que se les había otorgado a los quejosos, o se les estaba aplicando la Ley del ISSSTEZAC y que en cumplimiento a la ejecutoria, continuarán sin aplicar tales dispositivos. Atento a esto, mediante proveído de tres de mayo del presente año, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación con el cumplimiento dado por la responsable, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la sentencia de mérito, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en términos de lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, dejara de aplicar (presente y futuro) a los quejosos GUSTAVO CARRILLO NAVARRO, ESTHER HERRERA CALVILLO, MARTINA PASILLAS SOLÍS, EDELMIRA GAYTÁN DOMÍNGUEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES, los artículos 4°, fracción VI, 26, 42 y artículo Décimo Cuarto transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en cuanto prevén las cuotas que se deben cubrir a dicho Instituto, a cargo de los referidos pensionados; y, que la responsable de mérito dejó de aplicar la Ley del ISSSTEZAC, en acatamiento a la ejecutoria de mérito, se concluye que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por los razonamientos expuestos, ESTÁ CUMPLIDA. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión (y violación a la suspensión, en su caso), tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión de los actos reclamados. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe."
- Principal
En tres de mayo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, doy cuenta al secretario en funciones de Juez con el oficio registrado con el número 8739 y anexos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite la Delegada de la autoridad responsable INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, por el que en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del presente sumario adjunta copia de los oficios DG/SJ/168/2016 y DPE/D/1226/2016; con lo anterior, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso haya otorgado dicha autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante el licenciado Jesús Juan Carlos Rosales Cervantes, Secretario que autoriza y da fe. Cecy*
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