Imelda Padilla Vázquez

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Imelda Padilla Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de revisión en contra del auto dictado en este asunto, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de control constitucional; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2º y 86, de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, a través del cual manifiesta que el veintitrés de agosto de dos mil veintidós la autoridad responsable atendió la petición formulada el dos de junio del año próximo pasado; y, en atención a esa circunstancia se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto lo indicado por la amparista en el escrito que se acuerda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque los efectos de un acto reclamado cesan cuando, ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, de autos se advierte que la amparista reclamó en esta vía constitucional la omisión de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías en el Estado de Guanajuato, de dar respuesta a la solicitud que le formuló el dos de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, del escrito de cuenta, se advierte que la quejosa manifestó que el veintitrés del mes y año en curso, la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías en el Estado de Guanajuato, le dio respuesta a la solicitud presentada el dos de junio de dos mil veintiuno. Así, la autoridad responsable constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la amparista en el goce de los derechos fundamentales violados, como si no hubieran existido los actos reclamados, sin que estos hubieran dejado huella alguna en su esfera jurídica, que hiciera necesario su estudio en el juicio constitucional, por lo que este resulta ocioso. Así también, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o el tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición del amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. En mérito de lo anterior, es que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con doce minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA.- Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, a través del cual manifiesta que el veintitrés de agosto de dos mil veintidós la autoridad responsable atendió la petición formulada el dos de junio del año próximo pasado; y, en atención a esa circunstancia se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto lo indicado por la amparista en el escrito que se acuerda, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Es así, porque los efectos de un acto reclamado cesan cuando, ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, de autos se advierte que la amparista reclamó en esta vía constitucional la omisión de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías en el Estado de Guanajuato, de dar respuesta a la solicitud que le formuló el dos de junio de dos mil veintiuno. Sin embargo, del escrito de cuenta, se advierte que la quejosa manifestó que el veintitrés del mes y año en curso, la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías en el Estado de Guanajuato, le dio respuesta a la solicitud presentada el dos de junio de dos mil veintiuno. Así, la autoridad responsable constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la amparista en el goce de los derechos fundamentales violados, como si no hubieran existido los actos reclamados, sin que estos hubieran dejado huella alguna en su esfera jurídica, que hiciera necesario su estudio en el juicio constitucional, por lo que este resulta ocioso. Así también, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o el tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición del amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. En mérito de lo anterior, es que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, es decir, las diez horas con doce minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    AUTORIDAD RESPONSABLE CUMPLE REQUERIMIENTO Y REMITE CONSTANCIAS. Agréguese a los autos el oficio enviado por la autoridad responsable Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres del actual mes y año, remitiendo las constancias requeridas, con lo que se ordena dar vista a las partes y hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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