Imelda Moya Camarena

Expediente 412/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
412/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Imelda Moya Camarena
  • Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estao de Sonora, ciudad.

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, se ordena archivo...

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de mayo de dos mil veintiuno. ... De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". ... Atento a lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Informes suspensión de plano. Agréguense a los autos los informes rendidos por el jefe de la unidad jurídica y el subdirector de Servicios Administrativos, adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales se pronuncian en relación con el requerimiento de cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este sumario; dese vista a las partes con el contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de abril de dos mil veintiuno. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. 2. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Imelda Moya Camarena, contra actos de la Subdirección de Servicios Administrativos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. 3. Suspensión de plano. Tomando en consideración que del estudio integral de la demanda, se desprende que el reclamo se hace consistir substancialmente en la omisión de proporcionarle a la agraviada los medicamentos necesarios, en relación a su padecimiento de glaucoma secundario a la administración de corticoides, rinobronquitis, bronquiectasias y aspergiliosos broncopulmonar alérgica; en específico, surtirle la receta 9363038MF, por "LATANOPROST sol.oft. 0.05 ml (0.005%), frasco de 3 ml., HIALURONATO DE SODIO Sol. Oft. al 4Mg/ml. Fco Gotero 15 ml." Por ende, se provee lo siguiente: En términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para que cesen los actos omisivos del reclamo constitucional, o cualquier otro que atente contra la salud e integridad de la promovente; lo que se traduce en que las autoridades responsables le proporcionen el tratamiento integral adecuado a su padecimiento y que se le suministren los medicamentos necesarios al efecto, en específico el indicado en la receta médica que refiere en su demanda la impetrante. Por lo que, las responsables dentro de su respectivo marco de atribuciones, deberán adoptar las medidas pertinentes para que la aquí quejosa pueda contar con el tratamiento y los medicamentos que requiere, de forma constante, sin intermitencia en el servicio, a fin de garantizarle el derecho a la salud al más alto nivel posible y proporcionarle un servicio con atención y calidad, en el centro hospitalario en el que se atiende. Significando lo anterior, que las autoridades responsables de inmediato deberán cumplir debidamente con la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de la quejosa, esto es, que actúen con una diligencia reforzada, y lleven a cabo todas las medidas que estén a su alcance para cumplir con la atención médica requerida, por lo que, se reitera, deberán tomarse todas las medidas razonables y conducentes para proporcionarle en específico el médicamento necesario, para combatir el padecimiento que sufre, a efecto de procurar en todo momento la salvaguarda de su integridad física y evitar un deterioro irreversible en la salud de la quejosa. En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 158, en relación con el diverso 262, ambos de la Ley de Amparo, gírense oficios, que deberán entregarse de manera inmediata a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de ocho horas, informen sobre el cumplimiento dado a la citada medida cautelar, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias correspondientes; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, su conducta equivaldrá a la comisión del delito previsto en el citado artículo 262 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin que se constituya ante las responsables y las requiera, para que con base en la suspensión de plano decretada, se le proporcionen los medicamentos necesarios a la promovente para el bienestar de la salud. Además, deberá apercibir a las autoridades correspondientes que de persistir en su actitud, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación, con tales hechos constitutivos de delito. Para otorgar de oficio y de plano esta medida cautelar se tiene en consideración, sustancialmente, que el párrafo tercero, del artículo 4º Constitucional, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Por lo tanto, los servicios de salud, a los que alude el precepto antes citado, deben entenderse como una responsabilidad social para el Estado Mexicano, precisamente porque además de ser un derecho fundamental del ser humano, la ley de la materia establece las bases y modalidades para su aplicación en el ámbito público, social y privado. Así, el derecho a la salud debe interpretarse atendiendo al principio proe persona, como aquél que la institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentre totalmente recuperado el asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que hubieren solicitado sus servicios. En estas condiciones, si algún sujeto (asegurado o beneficiario) acude a solicitar atención médica y ésta se prolonga, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel interno, también en los preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" -instrumentos internacionales de los que México forma parte-, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos. En esa virtud, en aras de privilegiar el derecho a la salud contemplado en el numeral 4º Constitucional, las autoridades responsables deberán ordenar, proporcionar y suministrar, de manera inmediata e incondicional el tratamiento y cuidado que resulte indispensable para salvaguardar la integridad física del solicitante del amparo, en razón de sus padecimientos. Resulta aplicable la tesis aislada P. XIX/2000, que se encuentra visible en la página 112, tomo XI, marzo de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS." El sentido y alcance de la suspensión del acto reclamado está perfilado por los criterios jurídicos que orientan las tesis de rubros: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL SERVICIO MÉDICO QUE SE SUMINISTRABA A QUIEN FUE DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO ACTIVO COMO MILITAR Y A SUS DERECHOHABIENTES."; "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD." Y;"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO, PROCEDE CONCEDERLA AL QUEJOSO DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE SE LE SIGAN PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SALUD EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO." Cabe destacar que la atención médica que se brinde a la agraviada debe ser acorde a lo que haya determinado el médico adscrito al instituto responsable en función del padecimiento que se encuentra efectivamente diagnosticado a la quejosa. 4. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cincuenta y dos minutos del veinte de mayo de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 5. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus respectivos informes justificados, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar sus informes o cualquier comunicación dirigida al órgano. 6. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos que se les reclaman, con fundamento en los artículos 117, párrafo tercero, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá a la omisa, en la sentencia que se dicte, una multa de cien unidades de medida y actualización. 7. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos de los actos combatidos, así lo hagan saber a este juzgado, apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. 8. Prevención a las autoridades. En caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 9. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 10. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. 11. Emplazamiento. Dada la naturaleza del acto reclamado, es evidente la inexistencia de terceros interesados. 12. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Asimismo, se le tiene proporcionando números telefónicos a la parte quejosa, para establecer el contacto pertinente, en caso de ser necesario. 13. Autorizados. En relación con las personas que designa, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 14. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda. 15. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 16. Acceso al expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la quejosa, con nombres de usuario "MARTINGARCIAFIMBRES" y "MEC88", para los efectos de oír y recibir todo tipo de notificaciones, por así haberlo solicitado. Ilustra lo anterior el criterio I. 2º.P.34 K (10ª.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento del promovente de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado los nombres de usuarios "MARTINGARCIAFIMBRES" y "MEC88", pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaría de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo del presente año, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 17. Notificación a las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de a su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables; y, personalmente a la promovente y a la fiscal federal adscrita. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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