Imelda Martínez Buenrostro

Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
847/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • Imelda Martínez Buenrostro

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar en esta Ciudad de Colima, y otra autoridad; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 847/2023-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama en el presente juicio amparo el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente *****, en el que se determinó que el inmueble marcado con el folio real ****, ya no era parte de la masa hereditaria de la sucesión a bienes del de cujus ****. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así, la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente ******, en el que se determinó que el inmueble marcado con el folio real ***** ya no era parte de la masa hereditaria de la sucesión a bienes del de cujus *****. Una vez examinado el acto reclamado se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad previamente a la interposición de este juicio constitucional, precepto que establece: Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicado, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de garantías, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, los artículos 686, 687, fracción III, inciso i) y 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, establecen lo siguiente: Artículo 686.- A través del recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá revocar, modificar el auto o la sentencia recurridos o confirmar la resolución apelada, ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 715 de este Código. Artículo 687.- El Recurso de Apelación procede: (.) III.- Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva. Artículo 950.- Salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza." Del primer artículo transcrito se desprende que el recurso de apelación, tiene por efecto revocar o modificar el auto o sentencia recurrida o confirmar la resolución impugnada ante el Tribunal de Alzada, el cual se promoverá por regla general a instancia de parte agraviada. Por su parte, del segundo precepto citado se desprenden las hipótesis en las cuales procederá el recurso de apelación, entre las que se encuentra los autos definitivos o lo que independientemente de que tengan ese carácter causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva o interlocutoria, pues a partir de su ejecución afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte. Ahora, el último precepto dispone que en las controversias del orden familiar salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo; asimismo, que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 265/2013 analizó si en el juicio de amparo indirecto la irreparabilidad del acto constituye por sí misma una excepción al principio de definitividad cuando en la contienda jurídica esté involucrado un menor de edad, para lo cual expuso las siguientes consideraciones: Así, la Sala del Alto del Tribunal estimó que las excepciones al principio de definitividad no solamente se presentan en el juicio de amparo directo, respecto de las violaciones al procedimiento como lo prescribe el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo reproduce la Ley de Amparo; antes bien, tales excepciones se presenta también en amparo indirecto, en casos específicos en donde los derechos de una persona menor están involucrados en la contienda judicial y existen razones justificadas para liberar al quejoso de la carga de interponer los recursos ordinarios. Asimismo, expuso que no siempre que se aleguen violaciones de imposible reparación en perjuicio de una persona menor de edad, se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues la irreparabilidad del acto no es, por sí misma, una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto en la ley, a pesar de que los derechos de una persona menor se encuentren involucrados en un litigio, cuando el recurso ordinario es apto para cumplir con los objetivos de los que se han hablado en párrafos precedentes. En relación con esto, precisó que la irreparabilidad del acto reclamado, por un lado, y el principio de definitividad, por otro, son dos presupuestos distintos y autónomos que deben ser observados para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que una persona menor de edad se encuentre involucrada. Así, mencionó que el primero de esos requisitos, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera en la esfera jurídica del quejoso, con hincapié en los derechos sustantivos, a la trascendencia de la afectación y a su no reparación aunque se llegue a dictar una sentencia definitiva favorable a los intereses del peticionario del amparo, y que obliga a la autoridad de control constitucional a intervenir de inmediato, sin esperar a que se llegue a promover el juicio de amparo directo (que no reparará la afectación sufrida) pero siempre que se encuentren satisfechos los restantes presupuestos de procedencia prescritos en la ley. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Es decir, la citada regla existe con relación a la naturaleza de los recursos ordinarios. En esas circunstancias, en los supuestos que aquí se analizan sobre juicios en que intervienen menores o ven afectada su esfera jurídica, el primer supuesto de procedencia que debe verificar el juez de control constitucional cuando se reclaman actos dentro del juicio es que éstos tengan una ejecución irreparable, pues solo entontes estará en aptitud de analizar si se ha cumplido con el principio de definitividad o si en el caso que examina, se justifica su inobservancia, sin que el hecho de que se trate de actos de imposible reparación genere, per se, la excepción a la regla, máxime si se considera que la norma constitucional es clara. Por lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que si bien en el juicio de amparo indirecto existen casos de excepción a la regla de definitividad, éstos no se identifican con la mera circunstancia de que el acto tenga una ejecución de imposible reparación para el menor, pues según lo que hasta ahora ha resuelto esta Primera Sala, esas excepciones a la regla se dan en supuestos específicos. Ahora, en la contradicción de tesis 139/2020 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que no existe disposición constitucional o legal expresa que excluya a los menores de edad, por ser menores de edad, de la carga de agotar los recursos ordinarios, salvo lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Amparo, pero esto, solamente en el supuesto relativo a la preparación a las violaciones cometidas durante el proceso, esto es, en materia de amparo directo, en el entendido de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que no es posible hacerlas extensivas al juicio de amparo indirecto, según el contenido de la jurisprudencia 1ª./J.41/2001, con el rubro: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. Así, la Sala estimó que el criterio de que se trata y que entonces emitió la Primera Sala fue anterior a la reforma al artículo 1° constitucional, vigente a partir de octubre de dos mil once, cuyo contenido vigente permite reformular el problema y obtener una solución a partir de una interpretación sistemática y teleológica en el que se incluya el nuevo paradigma que trajo la citada reforma y cuyo análisis se realiza tomando como punto de convergencia, entre el derecho nacional y la normativa internacional, al artículo 4° de la propia Carta Magna. De igual forma, mencionó que sobre la base de las anteriores consideraciones, fundamentalmente a partir de las premisas de que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida; de que, en términos del artículo 1° constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación, de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y de que, particularmente, los derechos de la infancia merecen una especial protección por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hayan, Por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que en términos del artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. En este sentido, señaló que en un supuesto así, en que se excepcione a la persona menor de edad de agotar el recurso o medio de impugnación procedente, la promoción del amparo y la eventual petición de la suspensión no garantiza que la medida provisional será otorgada, pero sí, que habrá un órgano jurisdiccional que valorará las circunstancias del caso y que decidirá lo que estime pertinente, no solamente para evitar un perjuicio al menor sino para lograr su mayor beneficio al estar en condiciones de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, máxime si se considera que la presente contradicción de tesis se presenta respecto de amparos tramitados en la vía indirecta, en donde se tramita el incidente de suspensión por cuerda separada y las partes están en aptitud de ofrecer pruebas para la resolución de la suspensión definitiva. Asimismo, argumentó que al margen de que operan para el menor las mismas excepciones que de manera general prevé la Constitución y la Ley de Amparo, esto es, será posible dejar de observar la regla del agotamiento de los recursos ordinarios, cuándo se esté en el caso de que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental o éstos no existan en la legislación ordinaria o no se le haya permitido a la persona menor de edad agotar dichos recursos o haya un retraso injustificado por parte de las autoridades ordinarias para producir una decisión definitiva. Ahora bien, en el presente juicio de amparo ****, señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el auto emitido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente ****, en el que la autoridad responsable determinó que el inmueble marcado con el folio real ****, ya no era parte de la masa hereditaria de la sucesión a bienes del de cujus *****. En este sentido, la quejosa, se encuentra constreñida previamente a promover el presente juicio de amparo el medio de impugnación ordinario ?apelación? que tenga por efecto revocar o modificar el proveído controvertido, pues no se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues el presente juicio no se promovió en representación de un menor o se ajusta a las diversas mencionadas por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permita que sus intereses actualicen la excepción al principio de definitividad. En ese sentido, el acto reclamado -auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente *****, en el que se determinó que el inmueble marcado con el folio real ***** ya no era parte de la masa hereditaria de la sucesión a bienes del de cujus ***** - es un auto que, de conformidad con el artículo 687, fracción III, inciso i) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, es impugnable a través del recurso de apelación por la parte quejosa ****, pues aunque no es un acto definitivo dentro del juicio causa un gravamen que no puede repararse en sentencia definitiva o interlocutoria pues afecta los derechos sustantivos de dicha quejosa, por lo que la quejosa está obligada a agotarlo previo a la instauración de la instancia constitucional. Sustenta lo anterior la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, décima época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe señalar que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, la parte quejosa no es tercera extraña a juicio en estricto sentido, ya que es quien denunció la existencia de una sucesión, lo cual devino en el juicio número ******, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, tal como se advierte de las propias manifestaciones que la quejosa bajo protesta de decir verdad vierte, por lo que la aquí quejosa tiene la posibilidad de comparecer a dicho juicio y hacer valer lo que a su interés legal convenga. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento civil o familiar, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de las autoridades. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 44/2012(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, del mes de julio de dos mil doce, Tomo 1, página 729, cuyo epígrafe y sinopsis textuales son las siguientes: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Por otra parte, aun si se tratara de esa clase de actos de -imposible reparación-, el juicio de amparo indirecto sólo procede, previo a que se agote el principio de definitividad. Esto es así, en atención a que la parte quejosa al tener el carácter de parte en el juicio de origen, tiene la posibilidad de agotar los recursos ordinarios procedentes en defensa de sus derechos. En mérito de lo anteriormente expuesto, debe decirse que el acto reclamado -auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro de los autos del expediente ****, en el que se determinó que el inmueble marcado con el folio real ****, ya no era parte de la masa hereditaria de la sucesión a bienes del de cujus ****- por la parte quejosa, en modo alguno puede ser nulificado en esta vía constitucional intentada, ya que en tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad que señala el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que, tal ilegalidad puede impugnarse dentro del procedimiento judicial de donde se hace derivar el acto, a través del recurso de apelación. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, al no haber agotado previamente a la promoción del presente juicio de amparo el medio de impugnación ordinario ?apelación?, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Intervención de autorizados. Se tiene a ***** como autorizada en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado. Asimismo, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el escrito que se provee. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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