Imelda Martell Paulin
Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Imelda Martell Paulin
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por Imelda Martell Paulin, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Demanda de amparo. Por recibida la demanda de amparo promovida por ...; contra actos que reclama del Departamento de Pensiones de la Subdelegación, Ciudad Valles, Delegación San Luis Potosí, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 79/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Por otra parte, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que se tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Ahora bien, en el caso concreto se advierte que, no obstante que la demanda de cuenta, fue presentada a través del portal de internet de juicio en línea del Consejo de la Judicatura Federal, el archivo digital correspondiente únicamente fue firmado de manera autógrafa, careciendo de la firma electrónica de la promovente Imelda Martell Paulin; de lo que se sigue que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, que en lo que interesa son del tenor siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (.)" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 3o. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado o representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; igualmente, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se obligan las personas, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de expresión de la voluntad de quien se estima agraviado; esto es, de quién firma de manera autógrafa la demanda de amparo, toda vez que su firma electrónica no puede ser sustituida por autorizados, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la parte interesada que influyan en la configuración de la litis constitucional. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente en la demanda presentada vía electrónica, sino de una persona diversa, pues dicha omisión provoca una ausencia de voluntad, lo que ocasiona la improcedencia notoria y manifiesta del juicio de amparo, puesto que no podría realizarse el análisis de las violaciones de derechos fundamentales alegados en ese escrito, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta y a la evidencia criptográfica que obra en la última hoja del escrito de demanda presentado mediante vía electrónica, se advierte que no contiene firma electrónica vigente, correspondiente a la parte quejosa, esto es, de Imelda Martell Paulin, por tanto, si la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, se considera que se evidencia la falta de la voluntad del referido solicitante de amparo para instar la vía jurisdiccional. Sin que en el caso, el acto reclamado por la solicitante de amparo se ubique en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez, que si bien reclama la omisión de dar cumplimiento a un oficio librado en un juicio de alimentos -para llevar a cabo el pago de una pensión alimenticia-, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cuyos casos para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en nombre del directamente agraviado, aunque sea menor de edad; de ahí que el asunto no se ubique en el supuesto de excepción previsto en el arábigo 3, párrafo último, del citado ordenamiento legal. Al respecto es importante destacar, que no es obstáculo para lo antes determinado, el que en el archivo digitalizado de la demanda de cuenta, aparezca la firma autógrafa de la promovente; en tanto que, como se adelantó, los actos reclamados por la promovente no corresponden a alguno de los previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que por disposición expresa del diverso 109 del ordenamiento legal invocado, resulta innecesaria la firma electrónica. Lo anterior es así, en razón de que, como se ha apuntado, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la omisión de dar cumplimiento al oficio SC-0040/2021, de once de enero de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles -librado en el juicio de controversias del orden familiar por alimentos 875/2019, del índice de dicho juzgado-; acto reclamado que no se subsume en alguna de las hipótesis que prevé el multicitado numeral 15 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se estima pertinente hacer del conocimiento de la promovente, que la exigencia de su firma electrónica vigente, no resulta un obstáculo para que éste ejerza eficazmente su derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto a disposición de los justiciables, una aplicación para tramitar a Firma Electrónica Certificada (FIREL), procedimiento que debe iniciarse desde el portal www.firel.pjf.gob.mx. Conforme a lo expuesto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio por parte de ..., y considerando que la irregularidad apuntada no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, con apoyo en los artículos 3º y 113 del ordenamiento legal invocado. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ..., toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Expediente electrónico. Ahora, toda vez que la promovente solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, así como la presentación de promociones vía electrónica, toda vez que el nombre de usuario "Hectorm", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, así como la presentación de promociones vía electrónica en el presente juicio de amparo. En otro contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que se realicen en el presente asunto, aún aquellas que sean de carácter personal, realícense por vía electrónica por así haberse solicitado expresamente. De igual manera, hágase del conocimiento de la promovente, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo, adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este juzgado federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico. Por cuanto hace al correo electrónico y número telefónico proporcionado por la promovente, éstos solo serán considerados, de estimarse pertinente, para llevar a cabo comunicaciones no procesales. Reproducción electrónica. En otro contexto, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese electrónicamente y por lista de acuerdos una vez que se reanuden labores presenciales en este órgano jurisdiccional.
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