Imelda Mariela Flores Alcocer

Expediente 1118/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1118/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Imelda Mariela Flores Alcocer

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En virtud de lo anterior, archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Imelda Mariela Flores Álcocer y César Eustaquio Ortíz May, contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, presentada con seis copias y un anexo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se le concedió a la parte quejosa tres días para desocupar el predio marcado con el número seiscientos dieciséis, de la calle setenta y nueve letra "C" de la colonia Nueva Sambula de Mérida, Yucatán y la ilegal notificación que se hizo a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho del acuerdo de siete de septiembre del mismo año en el juicio extraordinario hipotecario 75/2013. Una vez establecido los actos reclamados en la demanda de amparo, se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia; para ello es oportuno citar artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En atención a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda de cuenta, se advierte que constituyen actos emitidos después de concluido el juicio. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo anterior se desprende que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, procede el amparo indirecto en dos casos: En el primero de los supuestos se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia, en el que sólo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate, que son aquellas en las que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Otro caso en el que deviene procedente el amparo biinstancial contra actos posteriores a la conclusión del juicio, es cuando se trate de actos que el Máximo Tribunal del país considera de autonomía destacada y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; como pueden serlo el arresto como medida de apremio aplicado a las partes contumaces o la interlocutoria que establezca condena en cantidad líquida. Sentado lo anterior, es evidente que los actos reclamados en la demanda de cuenta, que como se dijo es el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se le concedió a la parte quejosa tres días para desocupar el predio marcado con el número seiscientos dieciséis, de la calle setenta y nueve letra "C" de la colonia Nueva Sambula de Mérida, Yucatán y la ilegal notificación que se hizo a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho del acuerdo de siete de septiembre del mismo año en el juicio extraordinario hipotecario 75/2013 no encuadra en ninguno de los supuestos anteriores, en los que es procedente el amparo indirecto, esto es, no se trata de la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y contrario a lo que afirma la quejosa no es de los considerados autónomos, pues no pretenden directa e inmediatamente ejecutar la sentencia dictada en el juicio respectivo. En efecto, el acto del que ahora se duele la parte quejosa, puede ser combatido como violación procesal mediante el amparo indirecto que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución respectiva, atento a lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la legislación de amparo, pues en esa hipótesis se evidenciaría la trascendencia de la violación procesal ahora intentada, al resultado de aquella resolución, sin embargo, por ahora no cabe su impugnación al no encontrarse en algún caso de excepción como podría ser un acto trascendental e irreparable. Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 989, del Tomo XXVII, Mayo de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", Tomo XVII, junio de 2003, página 11, tesis 1a./J. 29/2003; "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del país estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." De igual forma es aplicable la tesis 1ª./J.108/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 361, del Tomo XXIX, Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "REMATES. LA FALTA DE CITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, DESPUÉS DE QUE ÉSTE HA INICIADO, ES UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS APRUEBE O DESAPRUEBE. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia; y, 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, la cual, en caso de los remates, por disposición expresa del citado precepto es la que los aprueba o desaprueba). La razón que originó esta regla de procedencia, es evitar que se utilice el juicio de garantías para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de remates, la falta de citación al procedimiento de ejecución, después de que éste ha iniciado, es una violación intraprocesal que por sí misma no causa agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse y, por tanto, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que es impugnable a través del amparo indirecto que se promueva contra la resolución final que los apruebe o desapruebe, por ser la que pone fin a dicho procedimiento." En esas condiciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Imelda Mariela Flores Álcocer y César Eustaquio Ortíz May, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción IV, a contrario sensu del mismo ordenamiento legal. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no se formaría convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado a Fernando Rafael Valencia Echeverría, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a lo señalado en la cuenta, y a las demás personas que refiere en dicho escrito, en los términos restringidos a los que alude el citado precepto legal; lo anterior, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    aviso ... Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Imelda Mariela Flores Álcocer y César Eustaquio Ortíz May, contra actos del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y otra autoridad, presentada con seis copias y un anexo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se le concedió a la parte quejosa tres días para desocupar el predio marcado con el número seiscientos dieciséis, de la calle setenta y nueve letra "C" de la colonia Nueva Sambula de Mérida, Yucatán y la ilegal notificación que se hizo a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho del acuerdo de siete de septiembre del mismo año en el juicio extraordinario hipotecario 75/2013. Una vez establecido los actos reclamados en la demanda de amparo, se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia; para ello es oportuno citar artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En atención a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda de cuenta, se advierte que constituyen actos emitidos después de concluido el juicio. Ahora bien, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De lo anterior se desprende que tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, procede el amparo indirecto en dos casos: En el primero de los supuestos se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia, en el que sólo podrá promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de que se trate, que son aquellas en las que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Otro caso en el que deviene procedente el amparo biinstancial contra actos posteriores a la conclusión del juicio, es cuando se trate de actos que el Máximo Tribunal del país considera de autonomía destacada y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; como pueden serlo el arresto como medida de apremio aplicado a las partes contumaces o la interlocutoria que establezca condena en cantidad líquida. Sentado lo anterior, es evidente que los actos reclamados en la demanda de cuenta, que como se dijo es el acuerdo de siete de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se le concedió a la parte quejosa tres días para desocupar el predio marcado con el número seiscientos dieciséis, de la calle setenta y nueve letra "C" de la colonia Nueva Sambula de Mérida, Yucatán y la ilegal notificación que se hizo a la parte quejosa el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho del acuerdo de siete de septiembre del mismo año en el juicio extraordinario hipotecario 75/2013 no encuadra en ninguno de los supuestos anteriores, en los que es procedente el amparo indirecto, esto es, no se trata de la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y contrario a lo que afirma la quejosa no es de los considerados autónomos, pues no pretenden directa e inmediatamente ejecutar la sentencia dictada en el juicio respectivo. En efecto, el acto del que ahora se duele la parte quejosa, puede ser combatido como violación procesal mediante el amparo indirecto que en su caso y oportunidad promueva contra la resolución respectiva, atento a lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 107, fracción IV, de la legislación de amparo, pues en esa hipótesis se evidenciaría la trascendencia de la violación procesal ahora intentada, al resultado de aquella resolución, sin embargo, por ahora no cabe su impugnación al no encontrarse en algún caso de excepción como podría ser un acto trascendental e irreparable. Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 989, del Tomo XXVII, Mayo de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", Tomo XVII, junio de 2003, página 11, tesis 1a./J. 29/2003; "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del país estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." De igual forma es aplicable la tesis 1ª./J.108/2008 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 361, del Tomo XXIX, Febrero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "REMATES. LA FALTA DE CITACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, DESPUÉS DE QUE ÉSTE HA INICIADO, ES UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO INDIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS APRUEBE O DESAPRUEBE. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia; y, 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, la cual, en caso de los remates, por disposición expresa del citado precepto es la que los aprueba o desaprueba). La razón que originó esta regla de procedencia, es evitar que se utilice el juicio de garantías para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Así, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante éste y que hayan dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de remates, la falta de citación al procedimiento de ejecución, después de que éste ha iniciado, es una violación intraprocesal que por sí misma no causa agravio a un derecho fundamental que no pueda restituirse y, por tanto, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que es impugnable a través del amparo indirecto que se promueva contra la resolución final que los apruebe o desapruebe, por ser la que pone fin a dicho procedimiento." En esas condiciones, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Imelda Mariela Flores Álcocer y César Eustaquio Ortíz May, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de actualizarse de manera indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 fracción IV, a contrario sensu del mismo ordenamiento legal. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no se formaría convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como su autorizado a Fernando Rafael Valencia Echeverría, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a lo señalado en la cuenta, y a las demás personas que refiere en dicho escrito, en los términos restringidos a los que alude el citado precepto legal; lo anterior, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano