Imelda Geron Méndez
Expediente 1222/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1222/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Imelda Geron Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
.... el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente aplicable al presente asunto conforme lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio sin que la sentencia dictada en el mismo se haya cumplido; esta Potestad Federal procede a su análisis. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el treinta de enero de dos mil quince (fojas 194 a 211), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Imelda Geron Méndez, en representación de tres menores de edad, cuya identidad se encuentra reservada, la cual concluyó en los siguientes términos: "Luego, se concluye que la resolución controvertida no se dictó apegada los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de agosto de dos mil catorce y dicte otra en la que: 1) Establecer con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles eran las necesidades de los acreedores; 2) Establecer cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir cuál es el sueldo que percibe el demandado (o bien determinar si no fue probado); debiendo considerar aquí sus propios gastos o manutención. 3) Confrontarlas (necesidades-posibilidades), y determinar de manera fundada y motivada, si el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resultaba excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. 4) Incluso debió explicar, si resultara al caso, si las necesidades de los menores quedaban cubiertas con un cuarenta por ciento del sueldo del demandado, y no con el sesenta por ciento, pero si llegara a esta conclusión necesariamente debe explicar por qué lo estima así. 5) Aunado a lo anterior, debe explicar por qué y en qué medida impacta el hecho de que la madre de los menores también labore y tenga bienes, pues lo único que podría trascender es que las necesidades de los menores, por recibir apoyo de la madre, se vean disminuidas, sin embargo, ello se debe explicar y de forma más precisa indicar qué tanto o hasta donde trasciende dicha circunstancia." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, causó ejecutoria mediante auto de once de marzo de dos mil quince, en el que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 192 segundó párrafo, en relación por lo previsto por el tercero transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 239 y 240). Mediante oficio 571, de fecha veinte de abril de la presente anualidad, la autoridad responsable, informó y acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria (fojas 254 a 267); por lo que mediante proveído de veintisiete de abril año en curso, los autos quedaron a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (foja 269), quienes no realizaron manifestaciones al respecto. Ahora, como se desprende de autos el amparo concedido a Imelda Geron Méndez, en representación de tres menores de edad, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de agosto de dos mil catorce y dictara otra en la que: (1) Estableciera con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles eran las necesidades de los acreedores; (2) Estableciera cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir cuál es el sueldo que percibe el demandado (o bien determinar si no fue probado); debiendo considerar sus propios gastos o manutención. (3) Confrontara (necesidades-posibilidades), y determinara de manera fundada y motivada, si el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resulta excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. (4) Y, si resultara al caso, explicara si las necesidades de los menores quedaban cubiertas con un cuarenta por ciento del sueldo del demandado, y no con el sesenta por ciento, pero si llegara a esta conclusión necesariamente debería explicar por qué lo estima así. (5) Aunado a lo anterior, debería explicar por qué y en qué medida impacta el hecho de que la madre de los menores también labore y tenga bienes, pues lo único que podría trascender es que las necesidades de los menores, por recibir apoyo de la madre, se vean disminuidas, sin embargo, ello se debe explicar y de forma más precisa indicar qué tanto o hasta donde trasciende dicha circunstancia. De las constancias que obran agregadas en autos, se desprende que la autoridad responsable Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante auto de fecha quince de abril de dos mil quince, dejó insubsistente la interlocutoria de veintiuno de agosto de dos mil catorce, en los autos del expediente 84/2014/III (foja 248), y en su lugar, el veinte de abril de esta anualidad dictó una nueva resolución en la que (1) Estableció las necesidades de los acreedores con base en las pruebas aportadas; (2) Estableció cual era la posibilidad económica del deudor, es decir cual es el sueldo que percibe el demandado; considerando que no aportó medio de prueba alguno respecto de sus gastos o manutención; (3) Confrontó (necesidades-posibilidades), y determinó de manera fundada y motivada, que el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial. (4) Por lo que no resultó necesario que explicara si las necesidades de los menores quedaban cubiertas con un cuarenta por ciento del sueldo del demandado, y no con el sesenta por ciento. (5) Aunado a lo anterior, explicó que en la etapa procesal en que se actúa no se encuentra acreditado que la madre de los menores perciba ingresos económicos y que cuente con un empleo, por el cual esté en condiciones de aportar y contribuir a la carga alimentaria, pues tampoco se demostró que los bienes inmuebles, cuya propiedad sí se acreditó, produzcan frutos civiles, en virtud de los cuales la quejosa pudiera aportar a la carga alimentaria y compartirla con el aquí tercero interesado. Así pues, es evidente que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos trazados en la ejecutoria que nos ocupa. En tales condiciones, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que sólo se concedió por vicios de forma y se restituyó a los solicitantes del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Nueva Ley de Amparo, y por consiguiente, con fundamento en lo establecido por el diverso precepto 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del de la ley de la materia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírense oficio a la responsable que estuvo encargado de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y las resoluciones donde se concedió la medida cautelar, para lo cual, como se indicó deberá permanecer por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto y el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, hágase del conocimiento al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente 15/2015 de su índice. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada y cúmplase.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente aplicable al presente asunto conforme lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la ley vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no podrá archivarse ningún juicio sin que la sentencia dictada en el mismo se haya cumplido; esta Potestad Federal procede a su análisis. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)" Ahora, de autos se advierte que por sentencia terminada de engrosar el treinta de enero de dos mil quince (fojas 194 a 211), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Imelda Geron Méndez, en representación de tres menores de edad, cuya identidad se encuentra reservada, la cual concluyó en los siguientes términos: "Luego, se concluye que la resolución controvertida no se dictó apegada los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídicas establecidas en los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicita para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de agosto de dos mil catorce y dicte otra en la que: 1) Establecer con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles eran las necesidades de los acreedores; 2) Establecer cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir cuál es el sueldo que percibe el demandado (o bien determinar si no fue probado); debiendo considerar aquí sus propios gastos o manutención. 3) Confrontarlas (necesidades-posibilidades), y determinar de manera fundada y motivada, si el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resultaba excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. 4) Incluso debió explicar, si resultara al caso, si las necesidades de los menores quedaban cubiertas con un cuarenta por ciento del sueldo del demandado, y no con el sesenta por ciento, pero si llegara a esta conclusión necesariamente debe explicar por qué lo estima así. 5) Aunado a lo anterior, debe explicar por qué y en qué medida impacta el hecho de que la madre de los menores también labore y tenga bienes, pues lo único que podría trascender es que las necesidades de los menores, por recibir apoyo de la madre, se vean disminuidas, sin embargo, ello se debe explicar y de forma más precisa indicar qué tanto o hasta donde trasciende dicha circunstancia." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, causó ejecutoria mediante auto de once de marzo de dos mil quince, en el que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 192 segundó párrafo, en relación por lo previsto por el tercero transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 239 y 240). Mediante oficio 571, de fecha veinte de abril de la presente anualidad, la autoridad responsable, informó y acreditó el cumplimiento dado a la ejecutoria (fojas 254 a 267); por lo que mediante proveído de veintisiete de abril año en curso, los autos quedaron a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (foja 269), quienes no realizaron manifestaciones al respecto. Ahora, como se desprende de autos el amparo concedido a Imelda Geron Méndez, en representación de tres menores de edad, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de agosto de dos mil catorce y dictara otra en la que: (1) Estableciera con base en las pruebas aportadas por las partes cuáles eran las necesidades de los acreedores; (2) Estableciera cuáles eran las posibilidades económicas del deudor, es decir cuál es el sueldo que percibe el demandado (o bien determinar si no fue probado); debiendo considerar sus propios gastos o manutención. (3) Confrontara (necesidades-posibilidades), y determinara de manera fundada y motivada, si el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial, o bien si resulta excesiva, debiendo explicar por qué una cosa o la otra. (4) Y, si resultara al caso, explicara si las necesidades de los menores quedaban cubiertas con un cuarenta por ciento del sueldo del demandado, y no con el sesenta por ciento, pero si llegara a esta conclusión necesariamente debería explicar por qué lo estima así. (5) Aunado a lo anterior, debería explicar por qué y en qué medida impacta el hecho de que la madre de los menores también labore y tenga bienes, pues lo único que podría trascender es que las necesidades de los menores, por recibir apoyo de la madre, se vean disminuidas, sin embargo, ello se debe explicar y de forma más precisa indicar qué tanto o hasta donde trasciende dicha circunstancia. De las constancias que obran agregadas en autos, se desprende que la autoridad responsable Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, mediante auto de fecha quince de abril de dos mil quince, dejó insubsistente la interlocutoria de veintiuno de agosto de dos mil catorce, en los autos del expediente 84/2014/III (foja 248), y en su lugar, el veinte de abril de esta anualidad dictó una nueva resolución en la que (1) Estableció las necesidades de los acreedores con base en las pruebas aportadas; (2) Estableció cual era la posibilidad económica del deudor, es decir cual es el sueldo que percibe el demandado; considerando que no aportó medio de prueba alguno respecto de sus gastos o manutención; (3) Confrontó (necesidades-posibilidades), y determinó de manera fundada y motivada, que el deudor con el sueldo que percibe está en posibilidad de cubrir la pensión alimenticia decretada en el auto inicial. (4) Por lo que no resultó necesario que explicara si las necesidades de los menores quedaban cubiertas con un cuarenta por ciento del sueldo del demandado, y no con el sesenta por ciento. (5) Aunado a lo anterior, explicó que en la etapa procesal en que se actúa no se encuentra acreditado que la madre de los menores perciba ingresos económicos y que cuente con un empleo, por el cual esté en condiciones de aportar y contribuir a la carga alimentaria, pues tampoco se demostró que los bienes inmuebles, cuya propiedad sí se acreditó, produzcan frutos civiles, en virtud de los cuales la quejosa pudiera aportar a la carga alimentaria y compartirla con el aquí tercero interesado. Así pues, es evidente que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos trazados en la ejecutoria que nos ocupa. En tales condiciones, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que sólo se concedió por vicios de forma y se restituyó a los solicitantes del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77 de la Nueva Ley de Amparo, y por consiguiente, con fundamento en lo establecido por el diverso precepto 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214 del de la ley de la materia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Gírense oficio a la responsable que estuvo encargado de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente de suspensión carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este asunto se concedió la protección federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su depuración, debiendo conservarse únicamente el auto y las resoluciones donde se concedió la medida cautelar, para lo cual, como se indicó deberá permanecer por separado en el archivo de este órgano, y agregarle copia autógrafa del presente auto. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto y el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda como corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, hágase del conocimiento al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco Guerrero, el presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar dentro del expediente 15/2015 de su índice.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil quince. Vistos; agréguese el oficio signado por el Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, y anexo que lo acompaña, con el que informa y acredita el cumplimiento dado a la sentencia amparadora a que este juicio de amparo se refiere. Ahora, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo, de la Nueva Ley de Amparo, quedan los autos a vista de las partes por el término de tres días, contado a partir de que sean notificadas del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si está de acuerdo con el referido cumplimiento, deberá manifestarlo y ratificarlo en el acto de la notificación. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de abril de dos mil quince. Vistos; agréguese el oficio signado por el Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, y anexo que lo acompaña, con el que informa y acredita el cumplimiento dado a la sentencia amparadora a que este juicio de amparo se refiere. Ahora, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo, de la Nueva Ley de Amparo, quedan los autos a vista de las partes por el término de tres días, contado a partir de que sean notificadas del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si está de acuerdo con el referido cumplimiento, deberá manifestarlo y ratificarlo en el acto de la notificación. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos al tercero interesado....
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