Imelda Espinosa López

Expediente 1035/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1035/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Imelda Espinosa López

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveídos de veinte de enero, diez de febrero y diez de octubre del año en curso, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, el siete de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo al quejoso *****. Así, en auto de diez de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia referida y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento en los siguientes términos: "En esas condiciones, al haber resultado fundados los conceptos de violación planteados con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al peticionario de amparo Daniel Jiménez Camacho, para los efectos siguientes: I. Ordenar el llamamiento de Daniel Jiménez Camacho, a la controversia de arrendamiento, expediente 8862018, seguido por *****, contra *****, del índice del Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, con el fin de salvaguardar su garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 Constitucional. II. Haciéndose la precisión de que se deberá reintegrar la posesión del local 106-107, ubicados en *****, y no podrá ordenarse desocupación hasta en tanto se determine lo conducente con relación a los derechos que pretende reclamar el solicitante del amparo. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, al ser consecuencia de los actos reclamados a la ordenadora. (.)" En respuesta de ello, mediante oficio registrado con el número de orden 1239, el Juez responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a través de la copia certificada del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintiuno -dictado en el procedimiento de origen-, del que se advierte que decretó llamar a juicio a Daniel Jiménez Camacho, por lo que ordenó se realizara su emplazamiento a través del Actuario responsable; con lo que se ordenó dar vista al quejoso mediante auto de veinte de enero pasado. En cumplimiento a lo anterior, en auto de veintiocho de enero pasado, a petición del quejoso, se requirió al Juez responsable informara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debido a que no se había puesto en posesión del quejoso los inmuebles controvertidos. En respuesta a lo anterior, mediante oficio registrado con el número de orden 2677, el Juez responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a través de la copia certificada del acuerdo de cuatro de febrero del año en curso -dictado en el procedimiento de origen-, ordenando la restitución en el uso y goce de la garantía violada, por lo que ordenó el llamamiento del quejoso Daniel Jiménez Camacho, para lo cual señaló las once horas del diez de febrero del año en curso; con lo que se ordenó dar vista al quejoso, en auto de diez de febrero de dicho año. Ahora bien, ante el incumplimiento por parte del juez responsable, mediante auto de treinta de mayo pasado, se requirió nuevamente el cumplimiento al fallo protector. En atención a dicha determinación, en auto de seis de junio de este año, se tuvo a dicha autoridad informando las gestiones que se encontraba realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior, en auto de cuatro de julio del año en curso, se tuvo a la parte quejosa solicitando se hicieran efectivos los apercibimientos decretados, debido a que no se había dado cumplimiento; por tanto, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento, precisando la forma en la que se debería de realizar, a efecto de que el quejoso se encontrara en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable para el desahogo de la diligencia de posesión. Mediante oficio con registro 15066, el Juez responsable informó que señaló las once horas del tres de agosto del año en curso, a efecto de poner en posesión del solicitante del amparo, los inmuebles controvertidos; lo cual se ordenó hacer del conocimiento de dicha parte de forma personal, mediante auto de trece de julio de este año (sin que se haya precisado dicha fecha en ese acuerdo). Cabe precisar que la notificación ordenada en el párrafo que precede, se practicó mediante aviso, la cual se notificó por medio de lista el veinte de julio del año en curso; por tanto, el quejoso no tuvo conocimiento de la fecha agendada por el juez responsable. Posteriormente, en auto de dieciséis de agosto del presente año, se requirió nuevamente el cumplimiento, a efecto de que se informara lo conducente con relación a la restitución de los inmuebles señalados. En respuesta a dicho auto, mediante oficio con registro 18206, el juez responsable informó que se fijaron las once horas del seis de septiembre de la presente anualidad para que tuviera verificativo la diligencia de restitución de inmueble; lo anterior, se ordenó hacer del conocimiento personalmente del quejoso, mediante auto de veinticuatro de agosto de éste año. Ahora bien, la notificación de dicho acuerdo se realizó personalmente al quejoso a las dieciocho horas del seis de septiembre del año en curso, es decir, posterior a la fecha proporcionada por la autoridad responsable; motivo por el cual, en auto de nueve de septiembre pasado, se requirió a dicha autoridad señalara nueva fecha para que tuviera verificativo la restitución de inmueble. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio con registro 19900, el Juez responsable informó que señaló las once horas con treinta minutos del veintidós de septiembre de este año, lo cual se ordenó hacer del conocimiento del quejoso en forma personal, en carácter de urgente, mediante auto de diecinueve de septiembre de ese año. Cabe precisar que la notificación de dicho auto de practicó el veinte de septiembre de dos mil veintidós, es decir, con anticipación a la fecha programada. No obstante a lo anterior, toda vez que dicha autoridad no informó si se llevó a cabo la diligencia ordenada en el procedimiento de origen, mediante auto de cuatro de octubre del año en curso, se le requirió informara lo anterior. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de diez de octubre pasado, se tuvo al Juez responsable remitiendo copia certificada de las constancias que ACREDITARON EL CUMPLIMIENTO a la ejecutoria de amparo, pues de éstas se advierte que el treinta de septiembre del año en curso, el Actuario responsable PROCEDIÓ A PONER EN POSESIÓN del quejoso *****, los locales comerciales números 106- 107, ubicados en avenida *****. Con a lo anterior, en auto de diez de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria, en razón de que el Juez responsable: ? Conforme al efecto motivo de concesión identificado con el número I, determinó llamar a juicio a Daniel Jiménez Camacho, por lo que ordenó se realizara su emplazamiento a través del Actuario responsable; lo que se acredita con las constancias remitidas en copia certificada a través del oficio registrado con el número de orden 1239. ? Respecto al diverso efecto motivo de concesión, se advierte que el Actuario responsable, puso en posesión del quejoso, los inmuebles indicados; lo que se acredita con las constancias remitidas mediante oficio con registro 21690, No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio pueda hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese el cuaderno original del incidente de suspensión formado con motivo del presente juicio de amparo el cual es destruible, ya que le fueron negadas la suspensión provisional y definitiva al quejoso, de conformidad con el artículo, al Capítulo Séptimo, artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; respecto del duplicado del incidente de suspensión se hace la observación que es susceptible de destrucción, ya que se encuentra dentro de los supuestos a que alude el Capítulo Octavo, en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, en la remesa correspondiente al quince de diciembre de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa exhibió diversos documentos, en copia certificada, así como diversos documentos en original, hágase de su conocimiento que tiene el plazo de noventa días para recoger tales documentos, apercibida de que, en caso de no hacerlo, serán destruido por el Centro de Documentación y Análisis. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, personalmente al quejoso y por medio de lista a las demás partes.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    *CITATORIO.- Se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa el proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "México, Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito inicial de demanda presentado el once de octubre del año en curso, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y el mismo día por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1035/2022-V y con número de NEUN 31011294. PERSONALIDAD Se tiene a *****, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo indirecto contra del acto que reclama del Juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles con sede en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado, el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado por Juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles con sede en la Ciudad de México, en el juicio oral mercantil 614/2021, promovido por la quejosa en contra de *****, por conducto de *****, sin que tenga personalidad y por contestada la demanda oponiendo excepciones y defensas sin que haya sido demandado por la quejosa. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Del contenido de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del procedimiento natural que dieron origen a la emisión del acto reclamado: 1) En el año de dos mil veintiuno, la quejosa demando únicamente a ******, el pago de la suma asegurada derivada de la póliza de seguro con la institución de seguros anteriormente referida. 2) El día trece de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el acuerdo en el cual tuvo a la tercera interesada llamada a juicio, apersonándose al juicio de origen, por contestada la demanda y opuestas sus excepciones y defensas, sin que tenga reconocida su personalidad. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA De lo anterior, se advierte que el acto que reclama la quejosa, no le ocasiona una afectación de imposible reparación, debido a que no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE AMPARO, CON RELACIÓN AL NUMERAL 107 FRACCIÓN V, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DEL MISMO ORDENAMIENTO. Ahora bien, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o bi instancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 06 de junio de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley Amparo indirecto 1035/2022-V de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos de la quejosa, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. En tal virtud, el acto que reclama el quejoso, en el presente juicio de garantías no lo deja sin defensa ni constituyen una violación de carácter irreparable, ya que el proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado por Juez Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana y Especializado en Juicios Orales Mercantiles con sede en la Ciudad de México, en el juicio oral mercantil promovido por la quejosa en contra de *****, por conducto de *****, sin que tenga personalidad y por contestada la demanda oponiendo excepciones y defensas sin que haya sido demandado por la quejosa, sólo tiene efectos intraprocesales, al tratarse de un acto intermedio en el juicio. De ahí que el acto reclamado no afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos, pues no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que no se causa un gravamen de imposible reparación, existiendo por ende la posibilidad de que se pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses, y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso, pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Apoya por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 56, Agosto de 1992, Materia Común, página 11, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo vigente y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la promovente el que indica en su escrito de cuenta. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, lo anterior de conformidad al Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, como lo solicita, se tienen por autorizadas a las personas que indica, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,657 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano