Imelda Bautista Hernandez
Expediente 1110/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1110/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Imelda Bautista Hernandez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Visto el estado que guarda los autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo POR DESECHADA LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Bajo ese contexto, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la devolución a la parte quejosa, de los documentos exhibidos junto a su escrito aclaratorio respecto al ocurso inicial de demanda, apercibida que de no comparecer o cualquiera de sus autorizados debidamente identificados a este Juzgado a recoger dichos documentos, en el término de noventa días, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los puntos Décimo Primero, párrafo último, Vigésimo primero, párrafo primero y Vigésimo Segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE RECEPCIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Imelda Bautista Hernández, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Familiar, con sede en Altamira, Tamaulipas; regístrese en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional con el número 1110/2019-I-A. PREVENCIÓN Ahora bien, previo a proveer sobre la admisión de la demanda, resulta indispensable transcribir lo establecido en el artículo 114 fracción I de la Ley de Amparo, en el cual se establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.] Como se puede advertir del artículo parcialmente transcrito, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, la omisión de precisar la fecha en la que el impetrante de amparo tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, etcétera. En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualiza el supuesto indicado en la porción normativa transcrita, como enseguida se demuestra. Los artículos 5, fracción I, y 108, fracción I, de la citada Ley de Amparo, estatuyen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.]" Del análisis de los artículos transcritos, se advierte que los promoventes del amparo tienen la insoslayable obligación de precisar en su escrito de demanda el nombre de la persona que pide la protección constitucional y en su caso, de quien promueve en su nombre, lo cual lleva implícitamente la obligación de acreditar la representación que se aduzca tener, al constituir un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho, el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. De este modo, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso, es parte integrante de la demanda, y en ese sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la ley invocada, se deben exhibir no solo las copias de la demanda, sino también del documento con el que se acredita la personalidad, con el objetivo de que la autoridad responsable adquiera certeza jurídica del promovente con relación a su representación. Es aplicable a lo que precede, la jurisprudencia de rubro : PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Lo anterior es así, dado que la personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda en términos de lo dispuesto en el numeral 108, fracción I, de la ley de la materia, incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para activar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del precepto 110 de la mencionada ley reglamentaria, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Ahora bien, lo anterior cobra relevancia en el caso concreto, toda vez que en el contenido íntegro del escrito de demanda, se advierte que la impetrante acude al juicio de amparo por sus propios derechos y en representación de sus menores hijos; sin embargo, no acredita la representación con la que se ostenta de dichos infantes. Bajo la relatoría expuesta, la suscrita considera oportuno, previo a proveer lo que en derecho corresponda, prevenir a la promovente en los siguientes términos. Con fundamento en los artículo 114, fracción I y 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en la tesis de rubro : DEMANDA DE AMPARO OSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA, requiérase a la promovente para que bajo protesta de decir verdad y dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído y por escrito, cumpla con lo siguiente: ? PRIMERO. Acredite la personería con la que acude a esta instancia constitucional en representación de sus menores hijos. ? SEGUNDO. Precise la fecha exacta (día, mes y año) en que le fue notificado, tuvo conocimiento y/o se ostentó como sabedor de la resolución dictada el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por la autoridad responsable. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia de rubro : PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. Apercíbase a la promovente que de no cumplir con el requerimiento primero, dentro del plazo que para ello se le concede, se entenderá que la demanda de amparo únicamente la promueve a nombre propio; sin embargo, en caso de no atender el segundo punto de prevención, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE AMPARO. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia de rubro : DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. REQUERIMIENTO Se le hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo, conforme a lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia de rubro : DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. De igual forma, hágase del conocimiento al promovente el delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, en el entendido que de no existir, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Roberto Castillo Pérez, Martha Morales Reyes, Sararí Pereyra Hernández, Francisco Javier Domínguez Mercado , con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos, por no encontrarse registrado en dicho sistema a Aidee Vega Rodríguez, así como a Simon Puga Hernández, Salvador Santiago Pérez, Sujey Puga Santoyo, Jorge Alberto Puga Santoyo y Adalid del Ángel Ávalos, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito inicial de demanda de amparo. ACCESO A MEDIOS ELECTRÓNICOS Con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, 60, 77, 78, 80, 93, 94 y relativos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a la parte quejosa para presentar promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el juicio de amparo 1110/2019-I-A, de manera electrónica y bajo los lineamientos establecidos para tal efecto, usuario consorciocastillopuga y correo electrónico consorcio.castillo.puga@hotmail.com. Sin que lo anterior implique que se autorice la notificación electrónica a la parte promovente, dado que no lo solicitó así expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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