Imelda Ayapantecatl Tamalatzi

Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
85/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Imelda Ayapantecatl Tamalatzi

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por desechada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 85/2021-A. Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del suscrito y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda, pone de manifiesto que la omisión reclamada se hace consistir en la falta de acordar y notificar los escritos de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, quince y diecinueve de febrero del año en curso, suscritos por la parte quejosa, presentados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. En virtud de lo anterior, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de la Ley de Amparo vigente. De tales disposiciones normativas deriva que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, interpretado en sentido contrario, de dicho precepto se advierte que el juicio de amparo es improcedente si se controvierten actos que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea irreparable. Atento a lo expuesto, se evidencia que el efecto jurídico que produce las omisiones que reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en la omisión de dar contestación a sus escritos presentados el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, quince y diecinueve de febrero del año en curso, dentro de los autos del juicio ordinario laboral ***, es meramente de carácter intraprocesal, pues sus efectos o consecuencias no afectan materialmente derechos sustantivos del gobernado, tutelados en la Carta Magna, ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, dado que incide únicamente en la tramitación del citado juicio, lo cual sólo podría ocasionar una afectación a sus derechos adjetivos o procesales de defensa reparable por la autoridad resolutora al emitir resolución favorable, ocasionando que no trascienda a la esfera jurídica del promovente. No se soslaya que, de los antecedentes narrados por la parte quejosa, en el escrito de demanda que se provee, se desprende que el promovente se duele de una violación dispositivos 14 y 17 de dicho máximo ordenamiento, y por tanto los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, debido a que la autoridad responsable ha sido omisa en dar contestación a sus escritos presentados el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, quince y diecinueve de febrero del año en curso, dentro de los autos del juicio ordinario laboral ***, del registro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Al respecto, debe precisarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente, cuando se atribuye a la autoridad responsable la omisión de acordar alguna promoción que le haya sido presentada dentro de un procedimiento, o de proseguir en tiempo con el juicio respectivo. Asimismo, el máximo tribunal estableció que excepcionalmente se puede acudir al juicio de amparo en la vía indirecta, siempre y cuando se advierta una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total. En ese contexto, y atendiendo a lo anteriormente expuesto, es inconcuso que en el caso es improcedente la tramitación de la demanda de amparo que nos ocupa, debido a que los escritos respecto de los cuales la parte quejosa alega la falta de acuerdo respectivo, fueron presentados ante la autoridad responsable el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, quince y diecinueve de febrero del año en curso, tal y como lo manifestó el promovente bajo protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, toda vez que mediante acuerdos XIV/53/2020, II/68/2020, II/01/2021, III/05/2021, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, en el primero determinó que el periodo vacacional para el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala sería del diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; en el segundo, determinó declarar la suspensión de los términos del uno al diez de enero de dos mil veintiuno; en el tercero, determinó declarar la suspensión de los términos del once al treinta y uno de enero del año en curso; y, en el cuarto, determinó declarar la suspensión de los términos del uno al catorce de febrero de los cursantes. Por tanto, si la demanda constitucional de mérito fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintitrés de los cursantes, solamente han transcurrido para el escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, seis días hábiles; para el presentado el quince de febrero del año en curso, cinco días hábiles y para el presentado el diecinueve de los cursantes, dos días hábiles, entre la fecha en la que se elevó la solicitud respectiva ante la autoridad responsable y la diversa en la que se promueve el presente juicio. En consecuencia, es claro que la demanda constitucional promovida por ***, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en la falta de acuerdo y notificación de los escritos presentados el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, quince y diecinueve de febrero del año en curso, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anteriormente aludidos, resulta notoria e indudablemente improcedente. Lo anterior, pues al no haber trascurrido un tiempo excesivo para que la autoridad materialmente pueda dar contestación a su escrito y hacerle del conocimiento el acuerdo recaído, es inconcuso que no estamos ante la presencia de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, y por ello, tampoco existe algún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta y como autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que refiere toda vez que cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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