Imbert Miguel Ramírez Rivera
Expediente 1063/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Imbert Miguel Ramírez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el oficio de la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo III-1063/2018, quedando registrado en el índice del citado tribunal bajo el número 872/2018; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Por recibido el oficio del actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que ese órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, y este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado bajo el número 1/2019, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 28309/2018 signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, a través del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1063/2018, promovido por Imbert Miguel Ramírez Rivera, en virtud de que, por acuerdo de catorce de diciembre pasado, ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer del referido asunto. Conviene señalar que, en esencia, el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán no aceptó la competencia para conocer el presente asunto por las razones siguientes: Que los actos reclamados iniciaron a ejecutarse en esta ciudad de Morelia, Michoacán, para continuar su ejecución en Mazatlán, Sinaloa. Que la presentación de la demanda de amparo que dio lugar a este asunto se ejecutó en esta ciudad. Que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Esto es, que la ejecución de los actos reclamados, comenzó a ejecutarse en esta ciudad, para continuar su realización en Mazatlán Sinaloa. Lo que pone de manifiesto que, a su parecer, el presente asunto encuadra en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. El artículo 37 de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Primeramente se menciona que del auto emitido por la autoridad oficiante no se advierte la exposición de motivo alguno que permita a este juzgador apreciar que los actos reclamados tuvieron un principio de ejecución en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y con ello la actualización de la hipótesis de competencia establecida en el párrafo segundo del numeral 37 de la Ley de Amparo, por lo contario el propio quejoso a foja dos de su demanda refiere no existir acto concreto de aplicación. Por lo que, al no evidenciarse la actualización de la hipótesis de competencia que refiere la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, de manera respetuosa, este juzgado de distrito insiste en declinarle la competencia, por las razones que se expondrán a continuación. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este expediente, es que este juzgador considera se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo antes indicado, pues se insiste, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama diversas porciones normativas, así como las consecuencias que éstas generan. En efecto, el quejoso se duele esencialmente de una reforma legislativa en donde se encuentran inmersas como autoridades responsables, tanto el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores) y el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos de quienes se reclama la discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo o rúbrica del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación. Al respecto, conviene precisar que de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la adición al Código Penal Federal, se observa que su objeto es regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Y que para determinar las remuneraciones de los servidores públicos se considerarán diversas bases, en la que destaca que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución para el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. De igual forma, que la remuneración se determinará anualmente en el referido Presupuesto o, para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que contendrán, los tabuladores de remuneraciones mensuales, la remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda, la remuneración total anual de los titulares de los entes públicos Cámara de Senadores; Cámara de Diputados; Auditoría Superior de la Federación; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de la Judicatura Federal; Banco de México; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Federal Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; los organismos públicos descentralizados de la Federación; las instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo, y cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de éstos, conforme al límite que se establece con base a la remuneración que reciba el Presidente de la República. Del mismo modo, el artículo 8° de la citada ley impugnada establece que durante el procedimiento de programación y presupuestación establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o independencia reconocida por la Constitución, deben incluir dentro de sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de gasto, de conformidad con el manual de percepciones de los servidores públicos que emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno. Y que los manuales de percepciones y los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuestos de cada ente, se apeguen estrictamente a las disposiciones de la citada ley. Como se ve, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula en un ámbito general a los poderes de la unión y de la administración pública centralizada, descentralizada y organismos autónomos, en relación a las remuneraciones de los servidores públicos y los límites que deberán aplicarse en el momento en que se efectúe el procedimiento de programación y presupuestación, para lo cual los proyectos de presupuesto deben contemplar en su momento el ajuste en los tabuladores correspondientes, circunstancias que demuestran que en este momento el decreto reclamado, sólo es un ordenamiento rector que establece el objeto, sujetos y procedimiento para que se regulen las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes de la Unión, todo ello en el ámbito administrativo. Es oportuno destacar que la presente demanda que dio origen a este asunto se formuló como un amparo contra normas generales, el cual tiene ciertos aspectos distintos en cuanto a su técnica y resolución. Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia han distinguido dos clases esenciales de normas generales y la afectación que generan en los gobernados, las cuales son las siguientes: Autoaplicativas, son aquellas que por su sola entrada en vigor ocasionan un perjuicio al gobernado, ya que éste, desde luego, actualiza el supuesto fáctico encuadrado en la norma; y, Heteroapliacativas, son aquellas que no causan un perjuicio al gobernado por su sola entrada en vigor, sino que se requiere un acto de aplicación en concreto para que ocasione un menoscabo en la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia P/J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Con base en esto, y en lo narrado por la propia parte quejosa, tenemos que dichas porciones normativas se combaten en su carácter de autoaplicativas. Pues bien, como se sostuvo anteriormente, las normas autoaplicativas son aquéllas que por su sola entrada en vigor ocasionan un perjuicio al gobernado, ya que éste, desde luego, actualiza el supuesto fáctico encuadrado en la norma; sin que se requiera, propiamente, un acto de aplicación para poder cuestionar su constitucionalidad, dado que es su sola entrada en vigor la que genera el perjuicio al quejoso. Lo que, a decir de la parte quejosa, actualiza la hipótesis prevista en el párrafo tercero del referido numeral 37 de la ley en la materia y que, actualiza la potestad de elección de la parte quejosa respecto al lugar donde se desee presentar la demanda de amparo. Apoya este razonamiento en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Sin embargo, cabe recordar que cuando se trata de normas autoaplicativas, cuya característica esencial es la de obligar al gobernado, cuya situación jurídica prevé, a un hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de manera alguna puede servir de base para que se actualice la mencionada hipótesis prevista en el párrafo tercero del referido numeral 37 de la ley en la materia, dado que resulta evidente que la ley autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en el lugar en el que el particular deba dar cumplimiento a las prescripciones de la norma cuestionada. Esto es así, pues el hecho de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tal normatividad adquiera obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, y deben proceder, por iniciativa propia o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Esto encuentra sustento en la interpretación que hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 36, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción es similar a la hipótesis que actualmente regula la ley en la materia vigente. Por tal motivo, la competencia para conocer del juicio de amparo cuando se impugnen normas autoaplicativas, recae en el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que el destinatario de la norma deba acatarla. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2a. 11 de la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". Por tal motivo, y como fue expuesto al momento de declinar la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, con base en la narración de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado -los que fueron narrados bajo protesta de decir verdad- y de las constancias que se adjuntaron a la demanda, se obtiene que la parte quejosa se desempeña como secretario particular de Magistrado de Circuito en Mazatlán, Sinaloa. Por lo que los supuestos fácticos que debe acatar la parte promovente es precisamente en aquella localidad; de ahí que el juez competente es aquél que tiene jurisdicción en donde se van a cumplir las obligaciones concernientes a las normas generales combatidas. Es decir, este juzgado de distrito considera que el acto reclamado tendrá ejecución en Mazatlán, Sinaloa, ya que es en ese lugar en donde el promovente actualmente presta sus servicios como secretario particular de Magistrado de Circuito. No así en esta ciudad, pues si bien fue aquí en donde se presentó el escrito que dio lugar a este asunto y el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, también lo es que, como quedó expuesto, la ley autoaplicativa reclamada sí amerita ejecución material precisamente en el lugar en el que el particular deba dar cumplimiento, esto es, en Mazatlán, Sinaloa y no en esta ciudad, pues no es aquí donde labora el quejoso, no obstante haya presentado el escrito en este lugar, ni que haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Máxime que no quedó evidenciado acto de ejecución en esta ciudad de Morelia, por lo contrario el propio quejoso en su escrito inicial de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad no existir acto concreto de aplicación. Por tanto, si el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado (Mazatlán, Sinaloa), por ser el lugar de trabajo del quejoso, pues la ley impugnada está directamente ligada con su percepción salarial, es claro que es dicha ciudad donde está la residencia del Juez de Distrito que debe conocer del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, de manera respetuosa, no se comparte el criterio del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del referido juicio biinstancial al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, para la resolución del presente asunto. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juez oficiante para los efectos previstos en el citado numeral citado en el párrafo anterior, además, acúsese el recibo de estilo que corresponde. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Ignacio Talavera Mejía1028/2021
- Igor Ariel Raymundo Dávalos288/2019
- Ileana Gabriela Bernal Estrada25/2014
- Iliana Guiza López118/2022
- Iliana Guzmán Cárcamo753/2019
- Ilka Real Montessori, S. C382/2020
- Indira Arely Jiménez Olivarría622/2020
- Indira Francely Jacinto Valdez128/2016
- Inés Gómez Torres761/2018
- Ingrid Betzabe Juárez Pérez876/2021
- Ingrid Ireri García Castro333/2022
- Ingrid Ireri García Castro374/2021