Ilva Maria Morales Cianci

Expediente 1320/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1320/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
21/02/2023

Partes del expediente

  • Ilva Maria Morales Cianci

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por recibido el escrito de ..., autorizado por la quejosa; en atención a su contenido; sin que sea procedente proveer de conformidad su solicitud de delegar a la persona que refiere para los fines señalados, en razón de que las partes, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, podrán facultar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del promovente, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.2º.39 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Septiembre 2008, Materia Común, página 1180, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS." Es de precisarse que si bien el criterio invocado fue emitido con base en la legislación de amparo abrogada, ello no impide que pueda aplicarse en este asunto tramitado con la legislación vigente, en tanto, el artículo sexto transitorio dispone que puede ser utilizado siempre y cuando no se oponga a las disposiciones actuales, lo que desde luego no sucede en la especie. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese el comunicado del Juez responsable; en atención a su contenido, se tiene por allegada la información requerida y remite las constancias que señala, de las que se observa se actualiza una causa de improcedencia, como se demostrará a continuación. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte que sobreviene una causal de improcedencia pues el acto reclamado no genera un agravio actual, real y directo contra la quejosa; de modo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dispone: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los preceptos transcritos, se infiere que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Así, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". También, se cita el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª.LXXX/2013 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En la especie, la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "ACTO RECLAMADO: Todo lo actuado en el juicio especial hipotecario promovido por .... en contra de la suscrita ... y de ..., radicado en el Juzgado Vigésimo Primero Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente ...." Esto es, se ostenta como tercera extraña por equiparación, y reclama todo lo actuado en el juicio especial hipotecario ..., del índice del Juzgado Vigésimo Primero Civil de la Ciudad de México; dado que nunca fue emplazada. Ahora bien, el juez responsable en el oficio de cuenta precisó que se advirtió que la última actuación judicial que dio impulso al proceso fue en auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, por lo que ya había transcurrido más de ciento veinte días hábiles, y como consecuencia decretó que el juicio natural había operado la caducidad de la instancia, dándolo por concluido, lo cual se corrobora con la copia certificada del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós. En ese sentido, conforme a lo informado por el juez responsable, el acto reclamado no le causan afectación de forma directa, en razón de que, en primer término, se decretó la caducidad de la instancia, lo que convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y ordena que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; y en segundo, porque no fue emplazada al proceso de origen. Lo anterior evidencia que el acto reclamado, no tiene una afectación de forma personal y directa en la esfera jurídica de la quejosa, puesto que se declaró la caducidad de la instancia -por lo que no se dictó sentencia definitiva- y no se le emplazó al proceso de origen. En tales condiciones, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO DE ESTE ASUNTO FUERA DE AUDIENCIA. Lo anterior es así, pues cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; considerar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para la autoridad responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

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