Ilse Palmero Arciga

Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
597/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Ilse Palmero Arciga
  • René Palmero Andrade
  • María Guadalupe Arciga Montalvo
  • Alan Palmero Arciga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Glósense a los autos los oficios CEEAIV/CIE/1561/2023 y CEEAIV/4897/2023 signados respectivamente por el 2. Comité Interdisciplinario Evaluador y el 3. Comisionado Ejecutivo Estatal, ambos adscritos a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. En atención a su contenido, téngase a las autoridades responsables identificadas con los arábigos (2) y (3) señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Américas número 384, esquina Hernán Cortés, colonia Los Laureles de Xalapa, Veracruz. En mérito de lo anterior, de conformidad con el numeral 9 de la Ley de Amparo, téngase como nuevo domicilio el descrito en el párrafo anterior. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele informando que admitió el recurso de inconformidad interpuesto en contra de acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veintidós que tuvo por cumplido el fallo amparador en el presente asunto, radicando con el número de toca 41/2022; por tanto, estese en espera de que la superioridad resuelva lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado conjuntamente por los quejosos RENÉ PALMERO ANDRADE, MARÍA GUADALUPE ARCIGA MONTALVO, ALAN PALMERO ARCIGO, E ILSE PALMERO ARCIGA, POR SU PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO DE IDENTIDAD RESERVADA, DE INICIALES M.S.P.; en atención a su contenido, se les tiene interponiendo recurso de inconformidad en contra del proveído que declaró que el fallo protector quedó cumplido. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 201, facción I, y 203, todos de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente, así como el original y copia del escrito que se provee, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a fin de que lo turne al tribunal que corresponda; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia de las principales constancias de este expediente. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación secretarial que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo que realizó mediante escrito presentado en la oficialía de partes común el día tres de noviembre del año cursante. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa René Palmero Andrade, María Guadalupe Arciga Montalvo, Alan Palmero Arciga, e Ilse Palmero Arciga, por propio derecho y en representación de su hijo Matías Solís Palmero, para los siguientes efectos: "[.] se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los cinco quejosos, respecto del Acuerdo 743/2020 (Dictamen de Reparación Integral del Daño) trece de octubre de dos mil veinte dictado en el referido expediente formado para dar cumplimiento a la recomendación 14/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, atribuida al Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, a fin de que las irregularidades advertidas sean reparadas. Otorgamiento de la protección constitucional es para que la Comisionada responsable realice los siguientes actos: 1. Deje insubsistente el acto reclamado; 2. Sin anular lo actuado en el proceso de integración del expediente formado para dar cumplimiento a la recomendación 14/2018 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realice las actividades conducentes a fin de recabar pruebas, practicar estudios médicos y elaborar informes de trabajo social en los que se valore individualmente las afectaciones resentidas por Matías Solís Palmero, incluido el rubro de pérdida de oportunidades, y sólo la posible pérdida de éstas respecto del resto los quejosos. 3. Posteriormente, emita una nueva resolución en el expediente administrativo respecto a la reparación integral del daño a favor de los aquí quejosos, en la que deberá reiterar todos los apartados y medidas de reparación de las que este órgano de control constitucional no haya advertido violación en los derechos fundamentales de los quejosos, y pronunciarse por los rubros omitidos. Habida cuenta que, atendiendo al principio non reformatio in peius, al momento de emitir la nueva determinación la autoridad responsable no podrá decretar bajo ninguna circunstancia que la compensación en favor de los quejosos sea inferior a la cantidad ya concedida.[.]" Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual, por cuestión de turno conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, MODIFICÓ en su parte impugnada la sentencia recurrida para en lugar conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a René Palmero Andrade, María Guadalupe Arciga Montalvo, Alan Palmero Arcigo, e Ilse Palmero Arciga, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales M.S.P., añadiendo el siguiente efecto: "[.] Así las cosas, lo que procede es modificar, en su parte recurrida, la sentencia que se revisa, a fin de incluir como efecto de la protección constitucional otorgada, el deber de adicionar en el dictamen de reparación integral del daño el monto de "$140, 000.00" a la compensación decretada en favor de Ilse Palmero Arciga, que es la suma de las deudas que adquirió, a partir de que ocurrió el hecho victimizante, por ser lo que procede en derecho. Todo lo anterior en el entendido que en caso de que los quejosos, individual o conjuntamente, ya estén siendo beneficiados de alguna de las medidas de reparación dictadas en el acto reclamado, de ninguna manera podrán ser suspendidas ni revocadas a causa del cumplimiento de alguno de los efectos de la presente concesión de amparo [.]" En proveído de dos de junio de la presente anualidad, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables 2. Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, 3. Comisionada Ejecutiva Estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz, y la Titular (Comisionada Ejecutiva) de la 4. Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, ambas con sede en Xalapa, Veracruz. Posteriormente, en auto de veintiséis de octubre de la anualidad en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficios CEEAIV/1710/2022 y CEEAIV/CIE/837/2022 de nueve de junio de dos mil veintidós, el Comisionado Ejecutivo Estatal, Subdirectora de Administración, Titular del Registro Estatal de Víctimas, Subdirectora de Asesoría Jurídica Estatal y Subdirector de Atención Inmediata y Primer Contacto, todos de la de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, con residencia en Xalapa, Veracruz, remitieron copia certificada del acta de sesión de siete de junio de dos mil veintidós, de la que se advierte que dejó insubsistente el dictamen con número de acuerdo 743/2020 de su índice, ordenándose el análisis de la documentación que integra el expediente interno CEEAIV/CIE-REC/52/2019. Además, hizo del conocimiento que se pusieron en contacto con la quejosa Ilse Palmero Arciga, a fin de que coadyuvara para realizar y recabar los documentos idóneos para poder valorar individualmente las afectaciones resentidas por su menor hijo M.S.P., fijándose la data del veintiocho de junio de la presente anualidad, para la aplicación de la entrevista de trabajo social, girando el oficio CEEAIV/6635/2022, al Encargado de Despacho de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, a fin de solicitar al Encargado de Despacho de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, la designación de un doctor que realice los estudios correspondientes. Posteriormente, con diverso CEEAIV/11942/2022 el Comisionado Ejecutivo Estatal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, con residencia en Xalapa, Veracruz, remitió copia certificada del Dictamen de Compensación como Parte de la Reparación Integral del Daño a Favor de René Palmero Andrade, María Guadalupe Arciga Montakvo, Alan Palmero Arciga, Ilse Palmero Arciga y el menor de edad de identidad reservada con iniciales M.S.P., emitida el veinticuatro de octubre de la anualidad en curso, derivado de la recomendación 14/2018 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz. Así, de la mencionada resolución se advierte que se determinó que toda víctima tiene derecho a una reparación integral, según lo previsto por el artículo 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; misma que debe comprender una indemnización justa, determinando que en cuanto a la medida de compensación a favor del menor de edad de identidad reservada de iniciales M.S.P., es sujeto de derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a la persona humana, tal y como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, estableció que si bien quedó insubsistente el Acuerdo 743/2020, sería considerado que se efectuó una cuantificación a favor de las víctimas René Palmero Andrade, María Guadalupe Arciga Montakvo, Alan Palmero Arciga, Ilse Palmero Arciga, montos depositados a las cuentas bancarias proporcionadas para tal fin, por lo que, se establecería el quantum correspondiente, atendiendo a los rubros que no fueron contemplados en el dictamen mencionado. Ahora bien, en relación al rubro de medidas de compensación, daño material y moral de René Palmero Andrade, María Guadalupe Arciga Montakvo, Alan Palmero Arciga, Ilse Palmero Arciga y M.S.P., procedió al análisis de los estudios en materia de psicología de cada una de las partes, determinando lo siguiente: René Palmero Andrade: determinó otorgar $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada mes desde que ocurrió el hecho victimizante de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial hasta el mes de octubre de dos mil veinte, para resarcir el daño moral causado, lo que se traduce en $567,000.00 (quinientos sesenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional) cantidad que estimó cubría el concepto relacionado con la magnitud y gravedad del daño, enfermedades derivadas del hecho victimizante en las que hay un nexo causal, el tratamiento médico, psicológico y en su caso psiquiátrico derivados del mismo. María Guadalupe Arciga Montalvo: estimó otorgar $405,000.00 (cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de reparación por daño moral, considerando la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos moneda nacional) por cada mes desde que se interpuso la denuncia hasta el mes de octubre de dos mil veinte, para resarcir el daño moral que ha causado el hecho victimizante, estimada para cubrir categorías relacionadas con la magnitud y gravedad del daño, así como el tratamiento médico, psicológico y en su caso psiquiátrico derivado del mismo. Alan Palmero Arciga: determinó otorgar $405,000.00 (cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de reparación por daño moral, considerando la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada mes desde que se interpuso la renuncia hasta el mes de octubre de dos mil veinte, para resarcir el daño causado por el hecho victimizante, estimando que dicha cantidad cubre categorías relacionadas con la magnitud y gravedad del daño, las enfermedades derivadas del mismo en las que hay un nexo causal, así como el médico, psicológico y en su caso psiquiátrico derivado del mismo. Ilse Palmero Arciga: estimo otorgar $405,000.00 (cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de reparación por daño moral, considerando la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por cada mes desde que se interpuso la denuncia hasta el mes de octubre de dos mil veinte, para resarcir el daño moral que ha causado el hecho victimizante, cubriendo categorías relacionadas con la magnitud y gravedad del daño, las enfermedades derivadas de aquel en las que hay un nexo causal, el tratamiento médico, psicológico y en su caso psiquiátrico. Seguidamente, procediendo al análisis del daño inmaterial ocasionado derivado de la afectación a la integridad personal del menor de edad de identidad reservada con iniciales M.S.P.; en un principio, analizó el grave impacto que conllevan las violaciones a los derechos humanos, estando frente a un caso de desaparición forzada que tiene un carácter pluriofensivo que no solo impacta en la víctima directa, sino que va más allá, repercutiendo en diversas esferas de desarrollo de los familiares más cercanos. Además, consideró que la edad de la víctima al momento de ocurrida la desaparición forzada y ejecución extrajudicial no es factor que indique la ausencia de un daño a su integridad personal, por el contrario, se itera la existencia de una afectación en cuanto a los familiares más cercanos, en el caso, al ser sobrino de la víctima; siendo indiscutible la afectación inmaterial ocasionada a la infancia la cual encuentra un factor adicional frente al daño irreversible a su estructura familiar a consecuencia del hecho victimizaste. Así, vislumbró una transmisión transgeneracional del trauma, toda vez que el hecho conllevó una modificación en las relaciones y dinámica familiar y a su vez se observó que si bien, tanto los abuelos y madre del menor de edad de iniciales M.S.P. se han limitado en darle información sobre lo ocurrido, no menos cierto es que la infancia ha manifestado la percepción del mismo, al respecto del informe de Trabajo Social en uso de la voz aludió que: "lo único que sabía era que su papá (el Sr. René Palmero abuelo de Matías) le contó que a su tío Giovanny lo desmayaron y que ya no pudo despertar que su papá lo anduvo buscando pero ya no despertó"; existiendo un plano de incertidumbre que hace más evidente un grado de vulnerabilidad ante los hechos, puesto que las infancias son los menos preparados para adaptarse o responder a una situación de tal magnitud. Así, determinó que ese impacto puede en gran medida conllevar manifestaciones somáticas en las víctimas, en el caso del estudio de trabajo social así como de la valoración médica del menor de edad de identidad reservada M.S.P., observó que posterior al hecho si bien es derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, su progenitora opta por llevarlo con un médico particular dado que presenta alergias, asma y rinitis alérgica, lo cual relacionó con el oficio 0388/Pediatría 2022, que contiene la valoración médica realizada por la Doctora Rosalía Bretón Alcántara adscrita al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en donde se observaron los múltiples padecimientos y algunos de los tratamientos prescritos. Asimismo, tomó en consideración que Ilse Palmero Arciga, dijo que el menor de edad M.S.P., tuvo problemas médicos que no fueron atendidos derivado del hecho victimizante dado que tenía que sufragar los gatos del hogar frente la ausencia de su hermano y las búsquedas emprendidas por su padre; aseverando que dejó amantar a su hijo, por razón de las diligencias y por cuestiones de trabajo, presentando múltiples alergias. Aunado a ello, analizó las constancias médicas exhibidas (recetas, informes de estudios de laboratorio e imagen diagnóstica) en donde se observan los tratamientos prescritos para atender la sintomatología del menor de edad M.S.P.; así como tickets de pago por compra insumos médicos por la cantidad de $1,124.23 (mil ciento veinticuatro pesos 23/100 moneda nacional) monto que tomaría en consideración al momento de la cuantificación por daño inmaterial. En ese sentido, procedió a cuantificar con prudencia y razonabilidad el monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100) por concepto de daño inmaterial a favor de la víctima M.S.P. derivado de la violación a su integridad personal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual contempla los gastos efectuados para su atención médica, así como los tratamientos que pudieran presentarse; misma que sería otorgada por conducto de su progenitora Ilse Palmero Arciga. Por otro lado, en el dictamen que aquí se analiza, se procedió al estudio de del daño material, relativo al daño emergente de cada víctima, de la siguiente manera: René Palmero Andrade: tomando en cuenta el acto violatorio de derechos humanos -26 de enero de 2014- erogados con base en el principio de equidad, diez salarios mínimos vigentes por cada año que ha transcurrido hasta el año dos mil veinte, considerando los gastos únicamente relacionados con el hecho victimizante descritos en el informe de trabajo social, rentas mensuales del bien inmueble donde habitaron, gastos relacionados con pasajes, hospedaje y alimentación, por acciones de seguimiento a las investigaciones, así como acciones de búsqueda y aquellas relacionadas con el hecho victimizante; venta de autos para costear necesidades básicas, de búsqueda e investigación, así como representación jurídica, como lo fueron la camioneta pick up, modelo 2000, Chevrolet Silverado, un camión de volteo modelo 1981 y una Chevrolet Tahoo Modelo 1999, dando como resultado un valor de $349,600 (trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, contempló gastos erogados por la hipoteca por la cantidad que, a criterio del Señor René Palmero asciende a un total de $251,871.50 (doscientos cincuenta y un mil ochocientos setenta y un pesos 50/100 moneda nacional) pagados así como aquellos gastos que comprobó la víctima indirecta, siendo a su criterio $7,600.00 (siete mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, acudiendo durante cuatro años y todos aquellos precisados en el informe de trabajo social. Determinando un monto de $2,086,435.40 (dos millones ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 40/100 moneda nacional) por concepto de daño emergente y contempla la perdida de oportunidad como consecuencia de la violación a sus derechos humanos señalada por la víctima, pues la desaparición y ejecución extrajudicial de su ser querido fue el motivo que conllevó a no poder solventar los pagos respectivos para la adquisición del inmueble en el que todos los integrantes, previo a los hechos cohabitaban. María Guadalupe Arciga Montalvo: la autoridad responsable tomó en cuenta la fecha del acto violatorio de derechos humanos - veintiséis de enero de dos mil catorce y, con base en el principio de equidad otorgó 2 salarios mínimos vigentes por cada año que ha transcurrido hasta el año dos mil veinte, considerando aquellos gastos únicamente relacionados con el hecho victimizante, siendo aquellos con nexo causal y descritos en el informe de trabajo social; determinando el monto de $417,287.08 (cuatrocientos diecisiete mil doscientos y siete pesos 08/100 moneda nacional) por concepto de daño emergente a favor de la víctima. Alan Palmero Arciga: determinó que atendiendo al informe sub examine y tomando en cuenta la fecha del acto violatorio de derechos humanos- veintiséis de octubre de dos mil catorce- con base en el principio de equidad, se otorgaron 2 salarios mínimos vigentes por cada año que se ha transcurrido hasta el año dos mil veinte, considerando los gastos únicamente relacionados con el hecho victimizante, siendo aquellos con nexo causal y descritos en el informe de trabajo social; determinando el monto de $417,287.08 (cuatroscientos diecisiete mil doscientos ochenta y siete pesos 08/100 moneda nacional) por concepto de daño emergente a favor de la víctima. Ilse Palmero Arciga: de los daños emergentes vislumbrados tomó en cuenta la fecha del acto violatorio de derechos humanos-veintiséis de enero de dos mil catorce- otorgando tres salarios mínimos vigentes por cada año que ha transcurrido hasta el daño dos mil veinte, considerando los gastos únicamente relacionados con el hecho victimizante, siendo aquellos con nexo causal y descritos en el informe de trabajo social; determinando el monto de $625,930.62 (seiscientos veinticinco mil, novecientos treinta 62/100 moneda nacional). Además, analizando los múltiples gastos originados por el hecho victimizante, observó que se vio en la necesidad de solicitar diversos préstamos ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) que asciende a la cantidad de $126,00.00 (ciento veintiséis mil pesos 00/100 moneda nacional) así como el diverso solicitado en febrero de dos mil dieciocho, ante el Grupo FAMSA, por la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 moneda nacional) el cual, debía ser tomado en consideración dentro del rubro del daño al representar un hecho víctimizante, ya que fueron destinados a sufragar no solo las necesidades básicas de los integrantes de su núcleo familiar ante la desaparición de uno de los principales proveedores sino también hacer frente a los costos que implicaron las acciones de búsqueda emprendidas por su padre. Por tanto, determinó el monto de $765,930.62 (setecientos sesenta y cinco mil novecientos treinta pesos 62/100 moneda nacional) por concepto de daño emergente, observando lo establecido en el amparo en revisión 279/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, es decir, incluyó el pago de "$140, 000.00", que es la suma de las deudas que adquirió, a partir de que ocurrió el hecho victimizante. Menor de edad de identidad reservada con iniciales M.S.P.: determinó que no observó daños emergentes encaminados a hacer frente al hecho víctimizante, esto es, por acciones de búsqueda erogados directamente por el mismo, de los cuales se deba pronunciar. Finalmente, se advierte que la resolución emitida en el expediente administrativo respecto de la reparación integral del daño a favor de los aquí quejosos, reiteró todos los apartados y medidas de reparación de las que este órgano de control constitucional no advertió violación en los derechos fundamentales de los quejosos y como fue valorado en el presente acuerdo, se pronunció sobre los rubros omitidos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que sea óbice a la anterior determinación, las manifestaciones vertidas por la parte quejosa mediante escrito presentado en la oficialía de partes de este juzgado el tres de noviembre de dos mil veintidós, pues contrario a ellas, este juzgado considera que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a los efectos especificados en la ejecutoria de amparo, por las razones expuestas en el presente auto. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley ranscurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

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