Ilmelda Flores Hernández
Expediente 673/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ilmelda Flores Hernández
Actuaciones
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, trece de julio de dos mil veintidós. I. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que el promovente, no recurrió, en queja, el auto de veintiuno de junio dos mil veintidós, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. II. Orden de archivo. III. Orden de depuración y/o destrucción. IV. Relevancia documental. V. Información reservada. VI. Devolución de documentos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
...Se tiene por recibido el escrito presentado por IFH, mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada en autos... En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo... De la demanda de amparo, se advierte que IFH, reclama: "Autoridades responsables: 1. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. "Actos reclamados: "El no otorgamiento del holograma "00" doble cero, por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, al vehículo de su propiedad Marca Ford, número de serie 3FA6P0K9XLR23...., placas PDU ..., en fecha seis de junio de dos mil veintidós, solicitando su expedición favorable, así como el cobro de la diferencia en su costo." ...en el caso concreto, los actos reclamados por la quejosa pueden ser impugnados a través del juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, fracciones I y II, 230 y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.... En ese contexto, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, deben agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, pues la promovente del amparo reclama por esta vía actos administrativos emitidos por autoridades administrativas y fiscales del Poder Ejecutivo del Estado. Máxime que no se establece en dicho ordenamiento mayores requisitos que los dispuesto en la Ley de Amparo para conceder la suspensión.... Efectivamente, el procedimiento contencioso administrativo permite la suspensión de los efectos del acto de autoridad combatido, con los mismos alcances de la Ley de Amparo, y no exige mayores requisitos de los que la propia ley en cita establece para conceder la medida cautelar, tampoco fija un plazo mayor para el caso de la suspensión provisional; ello, independientemente de que el acto en sí mismo considerado pueda ser suspendido o no de acuerdo con esta Ley. Por lo que, es inconcuso que está demostrado el requisito que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 del Pacto Federal, exige para la configuración de la causal de improcedencia en estudio. Bajo este orden de ideas, como se dijo, en la especie se actualizan los supuestos previstos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado sujeto a análisis constitucional, se atribuye a una autoridad que es diversa a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, la cual dada su naturaleza jurídica ejerce funciones de autoridad administrativa. Debe precisarse, que el presente caso, no se está ante la excepción a que se refiere el párrafo segundo del artículo 61 fracción XX de la Ley de amparo, que libera a la quejosa de agotar los recursos o medios de defensa legales, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, tampoco se plantean conculcaciones directas a la Ley Fundamental y, el medio de impugnación que se ha hecho referencia se encuentra regulado en una ley. De modo que, la quejosa se encontraba obligada a cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por el cual sean susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional no se opone en forma alguna a la nueva normatividad que en materia de derechos humanos existe en el Estado Mexicano, pues es evidente que si en los referidos artículos 1° y 103 constitucionales se establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías que otorga para su protección, también se prevén, aunque no en forma expresa, límites u obligaciones correlativas a esos derechos, como en el caso lo es agotar los recursos ordinarios. Máxime que la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 46, que para que en una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la comisión se requerirá, entre otros aspectos, que se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Por ello, en la normatividad de un órgano internacional encargado de velar por la defensa y protección de los derechos humanos, se ordena que las peticiones que se hagan ante éste, deben ser posteriores a interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos como el principio de subsidiariedad, equivalente al principio de definitividad. ...en la especie, la quejosa no reviste el carácter de tercera extraña. La ley por la cual se puede nulificar el acto reclamado no exige mayores requisitos ni plazo legal mayor para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo, como ya quedó precisado; el acto reclamado no es del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Se hace énfasis que en el presente asunto, no se reclama inconstitucionalidad de alguna ley. Tampoco hacen valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que hace concluir, que antes de acudir a la presente vía, el accionante del amparo debe agotar el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, fracciones I y II, 230 y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Aunado a que, no es posible analizar mayores excepciones al principio de definitividad que las que la propia Ley expresa, o bien, las contenidas en la jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación. ....Por tanto, se desecha de plano la presente demanda de amparo, ya que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR LISTA A LA PROMOVENTE DE AMPARO. ^^
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