Illiana Lorena Mayaudon Castelán
Expediente 387/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/08/2015
Partes del expediente
- Illiana Lorena Mayaudon Castelán
- Héctor Hugo Ibarra Cadena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil quince. Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de fecha veintidós de junio de dos mil quince dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, (que deroga el diverso 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, únicamente por lo que se refiere al tratamiento de los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito) y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hace la indicación de que el expediente en que se actúa, es susceptible de ser DESTRUIBLE. Asimismo, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales". En términos del citado Acuerdo, se hace la indicación, de que el presente juicio de amparo, no es de relevancia documental. Por último, devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas del expediente 639/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, mismo que obra por cuerda separada del presente juicio de amparo como anexo I, solicitándose el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Juez Tercero de lo Familiar el Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a través del cual remite copia certificada de los proveídos de ocho y nueve de junio del año en curso, dictados dentro del expediente 639/2013, de su índice. Ahora bien, de las citadas constancias, se advierte que el ocho de junio de dos mil quince, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente respecto de la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, y mediante proveído de nueve de junio de dos mil quince, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente respecto del recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, dictado dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De modo tal que, si la quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en no resolver lo relativo a la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, así como resolver lo relativo respecto al recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, dictado dentro de los autos del citado expediente 639/2013, del índice de la autoridad responsable; y, la autoridad responsable con fecha ocho y nueve de junio de dos mil quince, procedió a dictar la resolución correspondiente; lo que se acredita con las constancias recibidas mismas que adjunto al oficio de mérito. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse resuelto lo correspondiente respecto de la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, así como la resolución correspondiente respecto del recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, pues resultaría ociosa la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Número de expediente: 387/2015 Acuerdo: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Juez Tercero de lo Familiar el Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a través del cual remite copia certificada de los proveídos de ocho y nueve de junio del año en curso, dictados dentro del expediente 639/2013, de su índice. Ahora bien, de las citadas constancias, se advierte que el ocho de junio de dos mil quince, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente respecto de la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, y mediante proveído de nueve de junio de dos mil quince, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente respecto del recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, dictado dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De modo tal que, si la quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en no resolver lo relativo a la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, así como resolver lo relativo respecto al recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, dictado dentro de los autos del citado expediente 639/2013, del índice de la autoridad responsable; y, la autoridad responsable con fecha ocho y nueve de junio de dos mil quince, procedió a dictar la resolución correspondiente; lo que se acredita con las constancias recibidas mismas que adjunto al oficio de mérito. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse resuelto lo correspondiente respecto de la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, así como la resolución correspondiente respecto del recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, pues resultaría ociosa la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Número de expediente: 387/2015 Acuerdo: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Juez Tercero de lo Familiar el Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a través del cual remite copia certificada de los proveídos de ocho y nueve de junio del año en curso, dictados dentro del expediente 639/2013, de su índice. Ahora bien, de las citadas constancias, se advierte que el ocho de junio de dos mil quince, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente respecto de la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, y mediante proveído de nueve de junio de dos mil quince, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente respecto del recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, dictado dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De modo tal que, si la quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, consistente en no resolver lo relativo a la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, dentro de los autos del expediente 639/2013, del índice de la autoridad oficiante, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, así como resolver lo relativo respecto al recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, dictado dentro de los autos del citado expediente 639/2013, del índice de la autoridad responsable; y, la autoridad responsable con fecha ocho y nueve de junio de dos mil quince, procedió a dictar la resolución correspondiente; lo que se acredita con las constancias recibidas mismas que adjunto al oficio de mérito. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse resuelto lo correspondiente respecto de la aclaración de sentencia dictada el once de noviembre de dos mil catorce, promovida por el tercero interesado Héctor Hugo Ibarra Cadena, así como la resolución correspondiente respecto del recurso de reclamación interpuesto por Andy de Jesús Sánchez García, abogada patrono de la aquí quejosa Illiana Lorena Mayaudon Castelán, en contra del auto de fecha quince de enero de dos mil quince, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA UNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, pues resultaría ociosa la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
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