Iliana Yael Castillo García
Expediente 822/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Iliana Yael Castillo García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la autorizada de la quejosa; mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de dos de diciembre de dos mil diecinueve; en esas condiciones, fórmese cuaderno de antecedentes, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno los presentes autos dentro del plazo referido y con las constancias citadas. se deja a disposición del tercero interesado copia del citado recurso en la Secretaría encargada del trámite del presente expediente. NOTIFÍQUESE, POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN Y AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO. mesa ii
- Principal
México, Ciudad de México, dos de diciembre de dos mil diecinueve. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 822/2019-II, promovido por Iliana Yael Castillo García, por propio derecho y en representación de los menores E. y M., ambos de apellidos G. C. contra actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Sexto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitido el día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Iliana Yael Castillo García, por propio derecho y en representación de los menores E. y M., ambos de apellidos G. C. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de la Tercera Sala y Juez Décimo Sexto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que hizo consistir en: la resolución de once de julio de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos del toca 1830/2018, en la que se cambió el régimen de visitas y convivencias entre padre e hijos en el juicio de divorcio sin expresión de causa, expediente 14/2015. Acto que la peticionaria de amparo consideró violatorio en su perjuicio de derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el Q.C. 266/2019, por auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados; se tuvo como tercero interesado a Adán Alberto Garrido Treviño, quien fue legalmente emplazado a juicio, según la constancia que obra glosada a fojas 102 a 104 y se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; en auto de veinticinco de noviembre anterior, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada en un incidente de modificación del régimen de visitas y convivencias convenido en un juicio de divorcio sin expresión de causa, seguido ante autoridades con jurisdicción dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado. De manera que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda y de las constancias que conforman el expediente, se advierte que la quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar: De la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca 1830/2018, que modificó la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, que se cambió el régimen de visitas y convivencias entre padre e hijos en el juicio de divorcio sin expresión de causa, expediente 14/2015. Del Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la ejecución de la resolución antes descrita. La Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante oficio registrado como 7349, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, mas no la ilegalidad del mismo, apoyando sus manifestaciones en las copias certificadas del toca 1830/2018, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo preceptuado por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En tanto que el Juez Décimo Sexto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado reconoció la certeza de la resolución dictada por la sala responsable, remitiendo al efecto un legajos de copias certificadas del incidente de origen del acto reclamado, actuaciones a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo preceptuado por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En virtud de lo anterior, conforme a lo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. TERCERO. De las constancias remitidas por las autoridades responsables, en apoyo a sus informes justificados, así como de la narración de antecedentes efectuada en el diverso juicio de amparo 230/2019-V del índice de este juzgado federal, se considera pertinente hacer relación de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se constata: Por escrito presentado el seis de enero de dos mil quince, Adán Alberto Garrido Treviño presentó solicitud de divorcio sin causa a Iliana Yael Castillo García, radicado ante el Juzgado Décimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, bajo el expediente 14/2015 y se admitió a trámite el trece de enero de dos mil quince. Emplazada la demandada, el trece de febrero de dos mil quince, dio contestación a la demanda, por lo que en auto de diecisiete de febrero de dos mil quince, previo a tener por contestada la demanda se ordenó la acumulación de dicho juicio con el diverso expediente 10/2015, del índice de dicho juzgado seguido por Iliana Yael Castillo García en contra de Adán Alberto Garrido Treviño. El veintisiete de marzo de dos mil quince, las partes celebraron convenio a efecto de terminar con el juicio, por lo que en la cláusula tercera, se precisó lo relativo a la guarda y custodia definitiva de los menores E. y M., ambos de apellidos G. C. estableciéndose lo siguiente: "TERCERA.- Ambas partes acuerdan que en cuanto al régimen de visitas y convivencias definitivo de C GARRIDO TREVIÑO ADAN ALBERTO con los menores hijos de las partes ESTEBAN y MIREL AMBOS DE APELLIDOS GARRIDO CASTILLO, se llevará a cabo de la siguiente forma: será los fines de semana de cada quince días, comenzando a partir del diecisiete de abril del año dos mil quince; por lo que el C. GARRIDO TREVIÑO ADAN ALBERTO pasará por los menores hijos de las partes ESTEBAN y MIREL AMBOS DE APELLIDOS GARRIDO CASTILLO a la salida de la escuela los días viernes y los reintegrará al domicilio en el cual se detentará la guarda y custodia el día domingo a las 17:00 (diecisiete horas), y lo opuesto a estos fines de semana convivirá con los menores hijos de las partes los días lunes y martes, por lo que el padre de los menores los pasará a recoger a la salida de la escuela y los reintegrará a su domicilio a las dieciocho horas, respectivamente. En cuanto a los periodos vacacionales, serán al cincuenta por ciento para cada una de las partes y serán de forma alternada para la distribución del mismo. Por lo que hace a los días especiales como es el día de la madre y día del padre, la pasarán respectivamente con cada uno de ellos. En cuanto a los días veinticuatro de diciembre de cada año los menores hijos de las partes estarán con su señora madre y los días veinticinco de diciembre de cada año con su Padre, en lo concerniente al día treinta y uno de diciembre, será de forma alternada para cada una de las partes comenzando este año con el mismo la madre de dichos menores. En cuanto al día de cumpleaños de los menores hijos de las partes el mismo se dará para cada una de las partes a la mitad del tiempo. En cuanto a los viajes al extranjero o vacaciones en Territorio Nacional, se requerirá el consentimiento y previo acuerdo entre las partes. Y para los efectos de las salidas al extranjero de los menores hijos de las partes, ambas partes se comprometen acudir ante Notario para solicitar el consentimiento respectivo. Asimismo, y para los efectos de la convivencia el C. GARRIDO TREVIÑO ADAN ALBERTO, proporciona su domicilio en CALLE HUEHUETÁN 128, COLONIA HÉRES DE PADIERNA, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14200 EN ESTA CIUDAD." Convenio que fue aprobado por el juez responsable, como si se tratara de sentencia definitiva ejecutoriada y se ordenó a las partes a su cumplimiento en todo tiempo y lugar. Por escrito presentado el quince de agosto de dos mil dieciséis, ante el juez responsable Iliana Yael Castillo García, por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de los menores E. y M., ambos de apellidos G. C., promovió incidente de modificación respecto del régimen de convivencias y visitas establecido en la cláusula tercera del convenio de veintisiete de marzo de dos mil quince, con la finalidad de adecuarlo a las nuevas circunstancias producidas en el tiempo, solicitando que fueran de manera supervisada, debido al comportamiento de Adán Alberto Garrido Treviño al indicar que tenía adicción al alcoholismo, consumía sustancias psicotrópicas, por lo que no propiciaba un sano desarrollo de los niños, y al ser un riesgo para los menores, las convivencias debían ser restringidas. Incidente de modificación que fue admitido el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, el quejoso Adán Alberto Garrido Treviño, dio contestación al incidente, aduciendo en esencia que era falso lo que alegó la promovente del incidente, por lo que en auto de seis de octubre de dos mil dieciséis se tuvo por contestado el incidente. Seguido el procedimiento en todas sus etapas, el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se dictó interlocutoria, en la que se determinó el régimen de vistas para que E. y M., ambos de apellidos G. C., convivieran con su padre Adán Alberto Garrido Treviño, de la siguiente manera: "1.- Los menores ESTEBAN y MIREL ambos de apellidos GARRIDO CASTILLO, podrán convivir con su progenitor ADÁN ALBERTO GARRIDO TREVIÑO, los días sábados y domingos de cada quince días, para lo cual dicho progenitor pasará por los menores hijos al domicilio donde cohabitan con su progenitora a las diez horas y deberá reintegrarlos a las diecinueve horas del mismo día y en el mismo domicilio, esto es, sin que los menores pernocten con su padre.- - - 2.- De igual forma, los niños podrán convivir con su papá, los día lunes y martes de cada semana, por lo que, el progenitor deberá recoger a los menores a la salida de la escuela y los reintegrará al domicilio donde se ejerce la guarda y custodia a las dieciocho horas del mismo día. - - - en las festividades de Navidad, lo menores convivirán con su papá del día veinticinco de diciembre a las diez horas al veintiséis de diciembre a las diecinueve horas, y en Año nuevo, del día treinta y uno de diciembre a las dieciocho horas al día dos de enero del año siguiente a las diez horas, en la inteligencia de que la entrega recepción de los menores deberá llevarse a cabo en el domicilio de la progenitora." Inconforme con dicha resolución, Adán Alberto Garrido Treviño interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la sala responsable por sentencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, en el toca 1830/2018, en el que declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la sentencia interlocutoria. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil diecinueve, Adán Alberto Garrido Treviño solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución descrita con antelación. Correspondió conocer de la demanda a este juzgado; por auto de trece de marzo de dos mil diecinueve se registró bajo el número 230/2019-V y admitió a trámite la demanda. El treinta de abril de dos mil diecinueve se celebró la audiencia constitucional, en la que se dictó la sentencia donde se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al quejoso. Inconforme con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno quedó radicado ante el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el número de expediente R.C. 159/2019 y mediante ejecutoria de veinte de junio de dos mil diecinueve, revocó la sentencia impugnada, concediendo el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al impetrante para los siguientes efectos: "1. La sala responsable deje insubsistente la resolución reclamada. 2. En su lugar dicte otra, en la que atendiendo a las consideraciones emitidas en esta ejecutoria resuelva el recurso de apelación en el sentido de que no es procedente la cancelación del régimen de visitas y convivencias acordado por las partes el veintisiete de marzo de dos mil quince. 3. Atienda la manifestación de los menores vertida en la plática que sostuvieron con el a quo en audiencia de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el sentido de no querer pernoctar con su padre los sábados, domingos, lunes y martes de la convivencia respectiva, y hecho que sea, realice la modificación conducente al régimen de visitas y convivencias. La concesión del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución, por no reclamarse por vicios propios." En cumplimiento a la ejecutoria dictada, mediante auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que les fuera notificado el auto, dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En oficio de doce de julio de dos mil diecinueve, el Secretario Auxiliar del Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México remitió copia certificada de la sentencia de once de julio del presente año, dictada en cumplimiento, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente (fojas 53 a 65 del cuaderno de amparo). "Primero. Se deja insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado de fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Segundo. Se sustituye la sentencia a que se refiere el punto resolutivo anterior, por la presente resolución. Tercero. Son parcialmente fundados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, en consecuencia. Cuarto. Se modifica la sentencia interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Décimo Sexto de lo Familiar de esta ciudad, en el incidente de modificación de convenio respecto al régimen de visitas y convivencias, deducido de los autos del juicio de divorcio, promovido por Garrido Treviño Adán Alberto, en contra de Iliana Yael Castillo García, expediente número 14/2015, para quedar en los términos a que se refiere el considerando quinto del presente fallo. Quinto. No se hace especial condena en costas en esta instancia. Sexto. Remítase testimonio debidamente autorizado de la presente resolución al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, informándole del cumplimiento que se ha dado a la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión R.C. 159/2019. Séptimo. Notifíquese." La modificación es del contenido siguiente: "Primero. Ha sido procedente la vía elegida por la parte actora incidental Iliana Yael Castillo García, quien acreditó los extremos de su acción incidental, en consecuencia: Segundo. Se modifica el régimen de visitas y convivencias pactado en la cláusula tercera del convenio celebrado en audiencia de veintisiete de marzo de dos mil quince, y en su lugar se establece un nuevo régimen de visitas y convivencias entre los menores E. y M., ambos de apellidos G. C. con su progenitor Adán Alberto Garrido Treviño, mismo que deberá llevarse a cabo en la forma y términos precisados. Tercero. Se requiere a las partes incidentistas Iliana Yael Castillo García y Adán Alberto Garrido Treviño, para que se presten los auxilios necesarios tendentes a llevar a cabo en forma armónica y solidaria el régimen de visitas y convivencias establecido, apercibidos que en caso de incumplir con el mismo, se les aplicarán las medidas de apremio correspondientes." Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, así como su ejecución. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal de análisis oficioso, previo al examen de las cuestiones de fondo, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable. Empero, si esa causal de improcedencia se actualiza o se acredita una vez iniciado el procedimiento respectivo, esto es, en el curso de la secuela procesal correspondiente, el órgano de control debe abstenerse de dictar sentencia en la que se realice un pronunciamiento de fondo acerca de la validez del acto reclamado, y debe sobreseer en el juicio respectivo; ello con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, el tercero interesado Adán Alberto Garrido Treviño alegó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIX. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." No se actualiza la aludida causal de improcedencia porque, del estado procesal del juicio de amparo 230/2019-V se constata que mediante ejecutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de inconformidad 29/2019, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, declaró infundado ese recurso. Además, acorde a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de preservar la seguridad jurídica y evitar el dictado de sentencias contradictorias, los Tribunales Colegiados de Circuito ante los que se interponga un recurso de inconformidad, al remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben informar sobre la existencia en su índice de un juicio de amparo directo que haya sido resuelto o esté pendiente de resolver, cuyo acto reclamado sea la sentencia dictada en cumplimiento que es materia de análisis en el recurso de inconformidad; y si el juicio de amparo está pendiente de resolver, el Tribunal Colegiado de Circuito debe suspender el dictado de la sentencia respectiva hasta que dicho recurso se resuelva. Lo anterior se decidió así en la tesis: 2a. CXVII/2016 (10a.), visible en la página 1555 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, registro electrónico: 2013159, del tenor literal siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN INFORMAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO CUYO ACTO RECLAMADO SEA LA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO. Con el propósito de preservar la seguridad jurídica y evitar el dictado de sentencias contradictorias, los Tribunales Colegiados de Circuito ante los que se interponga un recurso de inconformidad, al remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben informar sobre la existencia en su índice de un juicio de amparo directo que haya sido resuelto o esté pendiente de resolver, cuyo acto reclamado sea la sentencia dictada en cumplimiento que es materia de análisis en el recurso de inconformidad; y si el juicio de amparo está pendiente de resolver, el Tribunal Colegiado de Circuito debe suspender el dictado de la sentencia respectiva hasta que dicho recurso se resuelva." De ahí que, este órgano jurisdiccional no debe esperar a la resolución del recurso de inconformidad para dictar sentencia en este juicio de amparo y por ende, no se actualiza la causa de improcedencia invocada. QUINTO. Respecto del acto reclamado a la Tercera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la sentencia de once de julio de dos mil diecinueve, dictada en el toca 1830/2018, se advierte que la quejosa Iliana Yael Castillo García, por propio derecho y en representación de los menores E. y M., ambos de apellidos G. C., se duele de la vulneración en su perjuicio de los artículos 1°, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente: Que la forma como la sala fijó el régimen de convivencias y visitas para los periodos vacacionales contradice expresamente lo ordenado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado, en el sentido de que el nuevo régimen debería respetar lo dicho por los menores respecto a que no querían pernoctar en el domicilio de su señor padre. A pesar de ello, la sala concedió un régimen de convivencias y visitas para los periodos vacacionales por tiempos iguales para ambas partes, dando a entender que en los periodos durante los cuales los menores convivirán con su padre, pernoctarán en su domicilio, toda vez que no excluye expresamente esa posibilidad. Dice el principio general del derecho que donde la ley no distingue no se debe distinguir, principio que la sentencia de la sala no cumple, pues los niños expresamente dijeron que no querían dormir en casa de su padre los días antes señalados, sin distinguir si se trataba de periodo vacacional o escolar. En ese sentido, si los niños manifestaron que no querían dormir unas cuantas noches entre semana en casa de su padre por mayoría de razón tampoco querrían dormir semanas completas en periodos vacacionales. El hecho de que la negativa de los menores en cuanto a pernoctar en el domicilio de su padre no se debe a un simple capricho de parte de ellos, pues los menores explicaron, con todas sus letras, las razones por las cuales no quieren dormir allí, ante los problemas evidentes que tiene su padre con el alcohol. Que no vela por salvaguardar los derechos humanos de los menores, ya que no fueron protegidos, pues no obstante que le manifestaron al juez de origen que no quieren pernoctar con su progenitor, la sala no dijo qué pasaría con los periodos vacacionales, cuando no quieren dormir con él. Que la sentencia reclamada transgrede lo estipulado en los artículos 9 y 12 de la Convención de los Derechos del Niño, pues dice existen evidencias que prueban que el padre de los menores toma alcohol frente a ellos, que se ponen en riesgo porque, cuando toma bebidas alcohólicas se pone violento. La sala responsable no valoró todas las pruebas, pues los menores manifestaron que tienen "miedo" de convivir con su progenitor y aun así la sala responsable consideró que los menores podrán convivir pernoctar con su padre en las vacaciones. Que el asunto no debía resolver con pruebas obtenidas hace más de dos y tres años. No asiste razón a la peticionaria de amparo porque, como se resolvió en el amparo en revisión R.C. 159/2019, la actora incidentista no demostró los hechos de su acción incidental, ya que las pruebas que obraban en autos, principalmente, los estudios psicológicos y toxicológicos practicados al aquí tercero interesado, no revelaban datos que exigieran, necesariamente, el establecimiento de un nuevo régimen de visitas y convivencias, o bien, una verdadera o real dificultad de que el demandado conviva con sus hijos de la manera en que lo acordaron las partes. Lo anterior es así, porque de conformidad con el numeral 941 Ter del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, para regular las convivencias el juez debe valorar el hecho de que el menor de edad no se encuentre en riesgo psicológico, físico o sexual, pues si existe duda al respecto deberá ordenar que las convivencias se realicen en los centros destinados para ello. Pero no se desprenden datos de que los menores, al convivir con su padre en los términos acordados, estén siendo potencialmente expuestos a riesgos que afecten su integridad psicológica, física o sexual, por lo que en la especie no procedía cancelar el régimen de visitas y convivencias existente. Además, la sala ponderó que derivado de la plática con los infantes en que ambos manifestaron que: ".ahorita lo que quisiera es convivir con su papá sin quedarse a dormir y sólo sábado y domingo y los lunes y martes como están en navidad quedarse a dormir una noche y en año nuevo quedarse a dormir dos noches con su papá.", y así lo resolvió en la sentencia reclamada, sin determinar que los menores deban pernoctar con su padre en las vacaciones, días feriados y viajes al extranjero en la forma que indica la quejosa. Lo anterior es así, porque los infantes, al momento de sostener la plática con el juez de origen, manifestaron su conformidad con la realización de las visitas y convivencias con su progenitor con la única salvedad de que coincidieron en que no querían pernoctar en el domicilio de su padre los días sábado, domingo, lunes y martes. Lo referido por los menores no implica que los periodos vacaciones, días festivos y viajes al extranjero no puedan convivir y pernoctar en el lugar en que se encuentren con su progenitor a fin de pasar un lapso de tiempo disfrutando del viaje, dado que esos momentos los menores se encuentran sujetos a circunstancias diversas del día a día y es el momento justo para que se comparta tiempo en familia. En ese sentido, como el régimen de convivencias entre Adán Alberto Garrido Treviño se modificó tomando en consideración las manifestaciones de los menores de no querer pernoctar en el domicilio de su progenitor los días que señalaron, pero no cancelar el régimen de visitas y convivencias acordado por los progenitores, permite establecer que fue correcta la determinación de modificar el régimen de visitas y convivencias acordado. En consecuencia, si en autos no existen pruebas o indicios suficientes que, enlazados entre sí, permitan concluir que el régimen de convivencia en los términos convenidos constituya un riesgo para el correcto desarrollo físico, psicológico y emocional de los menores y sí la manifestación de los infantes se estima razonable para modificar el régimen de visitas y convivencias acordado por las partes el veintisiete de marzo de dos mil quince, por los razonamientos apuntados. Máxime que derivado de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, surge la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. Constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habría de proteger que niñas, niños y adolescentes ejercieran sus garantías y sus derechos, estableciendo para tal efecto, como principio central el del "interés superior de la infancia", que tal como se encuentra dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese período de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas, señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deberán responder, viéndolo como prioritario, a ese interés superior del menor, de modo tal que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de esa convención. Así también, se precisó el derecho de vivir en familia en la forma en que lo comprende la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el de vivir en la familia de origen, reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en casos de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores sólo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare, válida y legítimamente, la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado. En ese tenor, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento, por tanto prescribe que se observe en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño, lo que significa que, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial que debe ser atendida, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Por tanto, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate. Relacionado con lo anterior, el artículo 4º Constitucional, establece que la salud física y mental de los menores es un derecho sustantivo garantizado expresamente, y reconocido en los tratados internacionales que en materia de derechos del niño, han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en los criterios de los distintos órganos encargados de su interpretación, como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a propósito de la "condición jurídica y derechos humanos del niño", determinó que en el artículo 3 del citado instrumento internacional, se consagra el principio del "interés superior del niño", el cual implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de los menores, a fin de evitar cualquier forma de daño a su salud física o mental o, incluso, ponerla en riesgo. Por tanto, fue legalmente acertado que la Sala responsable modificara la interlocutoria dictada por el juez de origen, en la que determinó dejar sin efectos el convenio de régimen de visitas y convivencias celebrado entre las partes, en razón de que si bien la parte actora no justificó la necesidad de que las convivencias entre sus menores hijos y el progenitor se realizaran de manera supervisada, también lo es que de las manifestaciones realizadas por los menores en la plática sostenida, se constataba que no les agradaba que su padre tomara alcohol porque se torna agresivo pero que querían seguir conviviendo con él, sin tener que quedarse a dormir en la casa de éste, pero éstas fueron consideradas a fin de determinar la convivencia que tienen con su progenitor. Además de lo hasta aquí expuesto, del contenido del artículo 9º de la Convención de los Derechos del Niño que estatuye la obligación de los Estados Parte, para velar porque los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando los padres viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En el supuesto de que se dé la separación de los cónyuges, se respetará el derecho de los infantes a mantener relaciones personales y contacto directo con el progenitor que no detente la custodia, hecha excepción de que ello resulte contrario a su interés superlativo. Entonces, es infundado que el incidente se haya resuelto con pruebas sin vigencia, dado que los estudios en toxicología están sustentadas en circunstancias fácticas y jurídicas que enaltecen el interés superior de los infantes, al tomarse en cuenta lo expresado y la opinión de los especialistas que lo presenciaron. Máxime, que es la propia quejosa quien insiste en atribuir violencia del padre, lo que es una razón más para que el juzgador esté constreñido a actuar en protección de las menores. Y no son elementos que hagan prevalecer el derecho del padre sobre el interés superior de los menores, pues se trata de pruebas que tienen un doble propósito, ya que al valorarse ampliaran el escenario sobre el que la autoridad resolverá el régimen de visitas y convivencias paterno-filial, en tanto aportarán datos y recomendaciones para el mejor desarrollo de la infante, además a través de las valoraciones podrá superarse y erradicarse cualquier acción o conducta que pueda influir en una forma negativa en el desarrollo del crecimiento de los menores y en la relación con su padre. Así, sólo para el caso de detectarse indicios de violencia, el juzgador estaría en condiciones de decretar las medidas necesarias para eliminarlas y de esta lograr el bienestar físico y mental de los infantes. Ahora bien, como ya se puso de manifiesto, es menester salvaguardar en todo momento el derecho de los menores a ser oídos en juicio, pues es una obligación nacional e internacional de los jueces del Estado mexicano; sin embargo, este derecho a ser oído de los menores debe tener un tratamiento especial por parte de los juzgadores en cuanto a salvaguardar su interés superior en todo momento, esto es, es menester la invasión mínima a su integridad psicoemocional, lo que se traduce en que su intervención en el juicio debe ser mínima para evitar alterar su mente o ponerlo a algún tipo de estado de estrés que no es propio de su edad, es decir, invadir lo menos posible su entorno y evitar someterlo a los problemas de sus padres los mayores de edad, dejarlo disfrutar lo más posible su infancia y no trastocar la inocencia característica de la niñez. Entonces, ¿Qué implica para el juzgador el principio de intervención mínima de un menor de edad en un juicio? En términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, debe ser interpretado en el sentido de que se deben tomar las medidas necesarias en el marco del procedimiento para facilitar la adecuada intervención del menor de edad, es decir, que en función de su madurez y edad, tenga la posibilidad efectiva de poder expresar sus opiniones de tal modo que puedan tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos; empero, dicha intervención debe ser vigilada con especial importancia por parte de juzgador, a efecto de que no se coloque al niño, niña o adolescente en estado de vulnerabilidad que lo lleve a una situación de estrés, o que se le afecte psicoemocionalmente por participar en un juicio; de ahí que, su intervención debe ser mínima a efecto de invadir lo menos a su persona. Ahora bien, en relación a los procedimientos relativos al establecimiento de un régimen de visitas entre el padre y su menores hijos, supone el derecho del niño o niña a ser oído a los efectos de la determinación de la medida de protección más idónea, su revisión, modificación o cese, así como cualquier otra determinación sobre la misma. En la opinión del Comité de los Derechos del Niño, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece como principio general que los Estados partes deben esforzarse por lograr que la interpretación y la observancia de todos los demás derechos incluidos en la Convención estén guiados por lo que ese artículo dispone". Es más, el Comité de manera expresa ha destacado la relación que existe entre la determinación de cuál sea en cada caso el interés superior del niño con el derecho del niño a ser escuchado. Esto es, que si bien el interés del menor de edad no siempre coincide con sus opiniones, sentimientos o deseos, la intervención del niño o niña en la concreción de su interés debe ser tomado en consideración hasta donde sea atendible. Su participación, en este sentido, no es un recurso dialéctico, un gesto compasivo o un mero "adorno" legal, sino que su protagonismo activo durante el procedimiento está directamente relacionado con la precisión por parte del juez de qué es lo mejor para él o ella. El reconocimiento de este derecho en el ordenamiento jurídico mexicano ha ido aparejado con la identificación de su valor instrumental. En efecto, en el amparo directo en revisión 2479/2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció el vínculo de este derecho con el acceso efectivo a la justicia y aludió a su naturaleza como derecho "procedimental" que se erige como garantía de otros derechos fundamentales, configuración compartida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-17/02. De conformidad con esta caracterización, el derecho de participación de los menores de edad constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor. Apoya lo anterior la tesis aislada 1a. LXXVIII/2013, de rubro: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA". En este sentido, el principio de intervención mínima reviste una doble finalidad, pues logra el efectivo ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes al reconocerlos plenamente como sujetos de derecho, pero salvaguardando en todo momento su condición de niños, es decir, sin someterlos al estrés que produce estar llevándolos ante la presencia judicial o ser sometidos reiteradamente a exámenes psicológicos, que no arrojarán mayor información que la que se tiene; y, a la vez que permite que el juzgador se allegue de todos los elementos que necesita para forjar su convicción respecto a determinado asunto, lo que a su vez resulta fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia. Sirve de apoyo, por la razón jurídica que sostiene, la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Décima Época, Registro: 2009010, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil y Página: 383, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo". Entonces, si bien es importante escuchar a los menores para constatar si se configura o no violencia en su contra o no; lo cierto es que, a efecto de salvaguardar su interés superior, y su mínima intervención en una contienda judicial, entonces, si ya se escuchó a los menores en el juzgado de origen, como ya se dijo, no asiste razón a la quejosa, en tanto que, salvaguardando ante todo el interés superior de la menor involucrada, al haberse sostenido una plática con ellos, no es jurídicamente aceptable que se le llame de nueva cuenta ante la segunda instancia, dado que ya fueron escuchados por el juez natural; de modo que, cuidando la mínima invasión a su esfera de derechos, no deben acudir de nueva cuenta a platicas con el tribunal ad quem, pues ello implica colocarlos de nueva cuenta en un estado de estrés innecesario. Es aplicable a lo anterior la tesis .3o.C.336 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 3015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Décima Época, registro electrónico 2017629, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA DE LOS MENORES EN JUICIOS DEL ORDEN FAMILIAR. DEBE VIGILARSE CON ESPECIAL CUIDADO POR EL JUZGADOR, A EFECTO DE QUE NO SE COLOQUE AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE EN UN MAYOR ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE LO LLEVE A REVICTIMIZARLO POR PARTICIPAR EN AQUÉLLOS. Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, fracción VII, 13, fracciones XIV y XV, 71, 72, 73 y 74 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, prevén el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados dentro de una contienda judicial. Ahora bien, este derecho a participar y ser oídos debe tener un tratamiento especial por parte de los juzgadores en cuanto a salvaguardar su interés superior en todo momento. Por ello, es menester procurar la menor invasión a su integridad psicoemocional, lo que se traduce en que su intervención en el juicio debe ser la mínima posible para evitar alterar su mente o exponerlos a algún tipo de estado de estrés que no es propio de su edad. Asimismo, debe velarse por invadir lo menos posible su entorno y evitar someterlo a los problemas del mundo de los adultos. En ese sentido, el principio de intervención mínima de un menor en un juicio, en términos del artículo 12 citado, debe ser interpretado en el sentido de que se tomen las medidas necesarias en el marco del procedimiento para facilitar su adecuada intervención, expresando sus opiniones de modo que puedan tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos; pero, dicha intervención debe ser vigilada con especial cuidado por el juzgador, a efecto de que no se coloque al niño, niña o adolescente en un estado mayor de vulnerabilidad que lo lleve a revictimizarlo por participar en un juicio del orden familiar. Por tanto, dicho principio logra el efectivo ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin necesidad de citarlos constantemente ante la presencia judicial o ser sometidos reiteradamente a exámenes psicológicos, que no arrojarán mayor información que la que se tiene en el juicio." De manera que, si ya fue respetado el derecho de los menor a ser oídos en el juicio, a efecto de su mínima intervención en el juicio no ha lugar a que se lleven a cabo unas segundas pláticas entre ellos y la sala responsable. Además, el hecho de requerir pláticas con los menores involucrados en un juicio no debe ser a satisfacción de las partes, sino a discreción del juez, pues como rector del procedimiento, ante posibles actos de violencia en contra de menores, debe tomar todas las medidas que estén a su alcance para constatar esos posibles actos y tomar las medidas conducentes; empero, se insiste, intentando invadir lo menos posible la esfera de derechos de los menores; máxime, si ya fueron oídos en el juicio. Aunado al hecho de que la opinión de los menores adminiculadas con los estudios realizados al quejoso no revelan peligro o daño hacia ellos, dado que sus manifestaciones deben ser valoradas en relación a las convencías reportadas, lo que implica que si ellos quieren convivir con su progenitor, el hecho de que no se hubiere modificado los periodos vacacionales, días festivos y viajes al extranjero no implica transgresión alguna hacia el derecho de los menores sobre la forma que deseen convivir con su progenitor. Entonces, los argumentos expuestos por la quejosa resultan infundados como ha quedado expuesto a lo largo del presente fallo y por tanto, la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada y pondera el interés superior de los menores, en tanto, la modificación del régimen de convivencias tuvo sustento en la opinión de los niños, lo cual implica que los periodos vacacionales, días festivos y viajes al extranjero tampoco deben ser modificados por la simple manifestación de los menores. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Iliana Yael Castillo García, por propio derecho y en representación de los menores E. y M., ambos de apellidos G. C., en contra del acto reclamado a la Tercera Sala y su ejecución atribuida al Juez Décimo Sexto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el resultando primero de ésta resolución y por los motivos y razonamientos jurídicos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma la licenciada Yuriko de los Santos Álvarez, Secretaria en funciones de Juez de Distrito, adscrita al juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81 fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria Edna Berenice Armendariz Hernández, quien da fe. Doy fe
- Principal
en atención a LA solitud DE la quejosa de que se señale fecha de audiencia, dígasele a la ocursante que deberá de estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, en relación a su petición de que se tenga por perdido el derecho del tercero interesado para realizar manifestaciones en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad en virtud de que las partes pueden realizar alegatos hasta la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. MESA II
- Principal
Visto el contenido del Aviso de Suspensión de Labores, de veintiuno de noviembre del año en curso, se desprende que se ordenó la suspensión de labores por causa de urgencia dada la concentración masiva de manifestaciones en las inmediaciones del recinto judicial de San Lázaro. En razón de lo anterior, y tomando en consideración que se encontraban señaladas las diez horas con treinta minutos del día veintidós de noviembre de los corrientes, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, el cual fue declarado inhábil, se señalan las once horas con del día dos de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. mesa ii
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