Iliana Mría Camacho Fernández
Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Iliana Mría Camacho Fernández
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el veintidós de agosto del actual, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del numeral 2, se declara que ha causado estado dicho proveído; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. DESTINO Además, al tratarse de un asunto que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II del numeral 20 del referido Acuerdo General, por tanto, es destruible. En consecuencia, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa Ilian********************, no cumplió con el requerimiento hecho en proveído de treinta y uno de julio del presente año, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado por lo que, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos la misiva con firma electrónica y evidencia criptográfica de la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; en su atención, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto número 326/2023 (orden 870/2023) por el que se le solicitó notificar a la quejosa Iliana María Camacho Hernández por conducto de Diego Hernán Arévalo Pérez, el auto de treinta y uno de julio del año en curso. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida y se ordena agregar a los autos la misiva de cuenta signada por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que envía los autos del juicio de amparo indirecto 714/2023, promovido por Iliana María Camacho Hernández por conducto de su apoderado legal Diego Hernán Arévalo Pérez. SE ACEPTA COMPETENCIA Tomando en consideración los motivos legales que expone la autoridad oficiante, los cuales se comparten, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada y se asume el conocimiento del asunto, por lo que se convalidan las actuaciones realizadas por el órgano declinante. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 412/2023-I-B, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN Ahora, previo a acordar lo procedente, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114 de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del numeral 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de garantías contiene tales requisitos, pero éstos fueran deficientes. Sobre ese contexto, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 108 y 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Primero. Formule la "Protesta de decir verdad" de la narración suscinta y cronológica de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, ello con el fin de fijar correctamente la litis. Ello es así, toda vez que precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por estos, la relación concisa de las actuaciones previas al acto reclamado, así como las condiciones de hecho que generaron la actividad judicial. Por tanto, siendo un requisito indispensable la protesta de ley, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario satisfacer dicho requisito, para tener certeza de que la parte agraviada narró los antecedentes del acto reclamado conduciéndose con verdad. Para una mejor ilustración de lo anterior, es de aplicarse por la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 174745, que señala lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Sin que resulte inadvertido que en la parte final de su demanda se advierte la frase "Protesto lo necesario", la cual no puede ser utilizada para colmar la formalidad de formular sus antecedentes "Bajo protesta de decir verdad", ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas, pues la segunda hace merecedor a la quejosa de una sanción cuando incurre en falsedad; en tanto que la primera se relaciona con la intención de manifestar a las autoridades sus respetos, atenciones y consideraciones. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número P./J. 127/99, formada al resolverse la contradicción de tesis número 16/96, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 192843 cuyo tener literal es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." Segundo. Acredite la personalidad con la que se ostenta, dado que se aprecia que aduce comparecer como apoderado de la quejosa de mérito; de igual manera como autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio. En relación con ello, debe indicarse que no exhibe el poder notarial con el que indica se demuestra que es apoderado de Iliana María Camacho Hernández, motivo por el cual no puede considerarse satisfecho el requisito de personalidad que para tales efectos exigen los artículos 5, fracción I, y 6, en relación con el 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, siendo que la personalidad en el juicio debe acreditarse de manera fehaciente. Ello sin que sea óbice a lo anterior el que manifieste que dicha constancia obra en los autos del expediente mercantil de origen, pues dicha circunstancia no lo exime de presentarlo al promover el juicio de amparo. En efecto, el artículo 17 Constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que, orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, es decir, que estos adquieren matices propios con relación al tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. En consecuencia, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros, en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional, lo que explica, que el Juez de Distrito debe acatar lo precisado por el más alto tribunal en la jurisprudencia número 2ª./J. 1/96, visible en la página 48, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Por tanto, analizar la personalidad de la parte quejosa, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 Constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promoverte, que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente. Por otra parte, no resulta inadvertido que el promovente señala que tiene reconocida su personalidad ante la autoridad responsable en términos del artículo 1069 del Código de Comercio; sin embargo, ello no implica que no deba justificar dicha circunstancia, pues el artículo 11 de la Ley de Amparo, señala que la persona que afirme tener reconocida su personalidad ante la autoridad responsable debe comprobarlo, pues solamente de esta manera es que puede tenérsele por reconocido el carácter con el que se ostenta, con excepción de la materia penal, en la que será suficiente la afirmación en ese sentido. Entonces, como se puede ver, el promovente no se ubica en la hipótesis de excepción, al no tratarse el asunto de un aspecto de índole penal, por lo que entonces es que se encuentra obligado a demostrar que ante la autoridad responsable cuenta con la calidad con la que se ostenta. Brinda sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 7, Novena Época, Materias(s): Común, registro 167431, de texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." En el entendido que sólo la parte quejosa o su representante legal se encuentran facultados para desahogar el auto de prevención que ahora se formula, sin que dicha facultad pueda ser depositada a sus autorizados, aun aquellos señalados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues éstos únicamente se encuentran facultados para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías, su aclaración, o, en su caso ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyan en la configuración de la litis constitucional, al sujetarse dicho desahogo al señalamiento de nuevas autoridades responsables, actos reclamados y en su caso, formulación de conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1a./37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXXIII, junio de dos mil once, página 68 de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." Además, deberá exhibir, en su caso, cuatro copias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, a saber: dos para cada una de las autoridades responsables, una para dar al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que legalmente le compete y una para el incidente de suspensión. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 1a/J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170 del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS." En caso de que no se llegase a exhibir la copia para dar cauce al incidente de suspensión, dentro del plazo legal concedido, se tramitará, en su caso, la demanda, pero la apertura del incidente respectivo se postergará, como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 86/2002, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la foja 245 del tomo XVI, agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." Las copias del desahogo son con la finalidad de correr traslado a las partes, ya que este supuesto procesal no es cuestión que únicamente incumba a la promovente y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la Litis constitucional sino que por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, de la Ley de Amparo), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer el contenido íntegro del escrito de la demanda, así como en el caso el diverso aclaratorio, y por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde a la propia parte quejosa. No obstante, en caso de presentar el escrito de desahogo por la vía electrónica, el requisito relativo al acompañamiento de copias, no será exigido cuando se hagan uso de las tecnologías de la información a las que se refiere el artículo 3 de la ley de la materia. APERCIBIMIENTO En el entendido que de no desahogar cabalmente la prevención formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la ley de amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, lo anterior, tomando en consideración que ante dicha irregularidad no podría establecerse correctamente la Litis constitucional; y, por ende, se dejaría en estado de indefensión a algunas de las partes que integran el juicio de amparo (autoridades responsables, tercero interesado y agente del Ministerio Público). AUTORIZADOS Y DOMICILIO Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Adriana Villa Aguilar, quien tiene inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho, asimismo, conforme a la segunda parte del párrafo segundo del citado ordenamiento a las diversas personas que menciona. Por otra parte, el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Escuela Naval Militar 401, colonia reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; en consecuencia, toda vez que el mismo se encuentra fuera de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código de Procedimientos Civiles, así como en el diverso numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, le notifique personalmente el contenido inserto en la presente comunicación; asimismo, lo requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del término de tres días siguientes, contado a partir de su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior pronunciamiento, se le hará por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis CXIV/90, registro 207065, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, JulioDiciembre de 1990, página 140, Octava Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "AUTO ADMISORIO. LA RADICACION DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO RECIBIDA EN UN JUZGADO DE DISTRITO Y TURNADA A OTRO REQUIERE DE NOTIFICACION PERSONAL, Y SU FALTA CONSTITUYE UNA VIOLACION A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE DA LUGAR A LA REVOCACION DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y A LA REPOSICION DE AQUEL. Cuando de las constancias de autos se advierte que una demanda de amparo indirecto se presentó ante el Secretario de un Juzgado de Distrito, siendo posteriormente remitida a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito del circuito judicial del que forma parte, y turnada a otro diferente juzgado de Distrito que dictó la sentencia que impugna, sin que se le haya notificado personalmente a la parte quejosa la radicación de su demanda en el segundo de los referidos juzgados de Distrito, deberá revocarse la sentencia recurrida y reponerse el procedimiento a efecto de que el juzgado del conocimiento notifique la radicación de la demanda en forma legal y señale nuevo día para la celebración de la audiencia constitucional, en la que, con plena facultad de jurisdicción, se dicte la resolución que en derecho corresponda. Ello en virtud de que en esa hipótesis se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento previstas en los artículos 146, 147, 148 y demás relativos de la Ley de Amparo, toda vez que con la omisión de la notificación aludida se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al no tener conocimiento del juzgado en el que se radicó y tramitó su demanda de garantías, lo que le impide comparecer a juicio, ofrecer las pruebas pertinentes y rendir sus alegatos; máxime que no existe fundamento legal alguno que autorice al Secretario de un Juzgado de Distrito a recibir demandas de amparo que serán posteriormente remitidas a una oficialía de partes común, y turnadas a otro juzgado de Distrito al que no se encuentre adscrito." Se faculta al juez auxiliar para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación de mérito, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. FEDATARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que la notificación dirigida a las partes y que tenga que hacer de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, tendrán que realizarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de él y aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente por exhorto a la quejosa.
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