Iliana Miriam Tapia Segura

Expediente 1241/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 28 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1241/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Iliana Miriam Tapia Segura
  • Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliacion Y Arbitraje En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    MESA I. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual anexa el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 307/2022-7, y solicita a este Juzgado, acceso al expediente electrónico para la consulta de las constancias que obran en el presente juicio. Atento a su contenido, se faculta e instruye a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita, a efecto de que permita al órgano oficiante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del Sistema de referencia, para los efectos a que haya lugar, lo cual se ordena hacer del conocimiento al órgano jurisdiccional oficiante. Notifíquese. QSJA

  2. Principal

    MESA I.- ..... Por los motivos expuestos se estima CUMPLIDA la ejecutoria de amparo, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora....... ....... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido....... CR.....

  3. Principal

    MESA I.- Visto el estado procesal que guardan los autos, y a fin de evitar una violación procesal consistente a una falta de notificación de las partes del cambio del titular; por ende, se hace del conocimiento de las partes que funge como nueva titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, la Juez Iliana Fabricia Contreras Perales, en términos de la sesión ordinaria celebrada el día cinco de diciembre de dos mil dieciocho, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ....................CR

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de tres de diciembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumplan con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a: Desahogar las pruebas siguientes: 1) informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y 2) testimonial a cargo de ********************, ******************** y ********************, en los autos del juicio laboral ********************. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Alejandra Cuevas Hernández, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la tesis 2a./J.36/2011 (10ª), de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." (Página 3515, registro 2000099 del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Notifíquese.Así lo proveyó y firma Israel Orduña Espinosa, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento al oficio CCJ/ST/6863/2018, de once de diciembre de dos mil dieciocho, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria Ana María Jiménez Rivera, quien autoriza y da fe.

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